Una muestra más del giro a la derecha del segundo mandato de CFK es que el 2011 termina con la aprobación de la “ley antiterrorista” con la cual se pretende encuadrar a todo aquel que busque “obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. A instancias de la Presidencia, se ha votado esta nueva legislación que introduce la figura de “terrorista” en el Código Penal, duplica las penas en los casos que el delito se enmarque en esa ley y abre el camino para que todo luchador sea criminalizado en un grado todavía mayor al ya existente. Así, se refuerza la legislación represiva que, aun antes de la aprobación de esta ley, ya tiene en su haber miles de procesados en todo el país que fueron castigados por luchar con piquetes de huelga y cortes de ruta -como los delegados de Kraft contra la multinacional yanqui-, o con ocupaciones de empresas para defender el empleo -como en Zanon y Stefani de Neuquén-.

El tema no sólo devela la falacia del “gobierno de los derechos humanos” y del “proyecto nacional y popular” ya que se refrenda en el Congreso Nacional una exigencia del Departamento de Estado norteamericano.
También termina con el verso de la centroizquierda oficialista que, supuestamente, “acompaña lo bueno y critica lo malo” del gobierno. Los casos de los diputados Martín Sabbatella o el banquero Carlos Heller, entre otros, prestando su voto positivo por la Ley de Obama y Cristina, muestran que también acompañan “lo malo”.

La votación de la llamada “ley antiterrorista” no puede ser considerada un desliz hacia la derecha de la política oficial, como reprochan los oficialistas críticos de Su Majestad Cristina, como Estela Carlotto u Horacio Verbitsky. Ni, como esgrimen otros, la aceptación formal de una exigencia del G-20 para que Argentina siga perteneciendo al lugar conseguido por Menem, lo que ya por sí solo demuestra la falta de soberanía nacional. Es, más que eso, un nuevo armado legal para curarse en salud contra las luchas de los que resistan al ajuste que llaman “sintonía fina”. Una vez más, en su primera aparición pública tras anunciarse que será operada de un carcinoma de tiroides, Cristina Fernández volvió a su cruzada contra los “gremios” y su pulseada verbal con Hugo Moyano que abona el terreno para atacar a los que luchan. “Bueno es tener derechos y no aristocracias entre los asalariados” dijo, y que “en vez de pelear por derechos, pelean por privilegios”. El discurso viene en consonancia con lo dicho cuando asumió la investidura presidencial el pasado 10 de diciembre y tiene el objetivo de que los trabajadores en blanco acepten un piso salarial en las paritarias o que se les aplique el impuesto al salario después de los 5.700 pesos, como forma de “ser solidarios con los que menos tienen”. No había terminado el discurso cuando ya el gobernador K de Santa Cruz, Daniel Peralta, lanzó un paquete de ajuste “noventista” de “emergencia económica” que, entre otras medidas, sube la edad de jubilación de los empleados públicos. Lo mismo encabeza, por su parte, el gobernador peronista de Río Negro, Carlos Soria, que envió un proyecto de ley provincial para pasar a disponibilidad a 20 mil estatales.

En este marco, las medidas presentadas contra “la corpo” y “los medios hegemónicos”, con la ley de Papel Prensa o la intervención a Cablevisión por manejos “monopólicos”, no pueden ocultar que el nuevo enemigo del gobierno es la lucha del movimiento obrero y de masas. Sólo que, al mismo tiempo, la presidenta aprovecha su momento de alta popularidad para arrinconar y debilitar a sus opositores, entre ellos las usinas de la fragmentada oposición burguesa que son Clarín y La Nación (ver nota). Así como logró dividir a la oposición y tiene la intención de hacerlo con la CGT, el gobierno se apoya en las patronales de medios más débiles, como la de Vila-Manzano que denunció por “prácticas monopólicas” a Cablevisión, y garantiza papel prensa “para todos” los empresarios, para debilitar a los opositores más fuertes en condiciones de desafiar la autoridad presidencial.
Los sectores que son afectos a ver a este tipo de acontecimientos como una avanzada en la “guerra” contra los corporaciones deberían tomar nota de que si el gobierno refuerza sus poderes discrecionales y bonapartistas, y muestra su capacidad de utilizarlos interviniendo con la Gendarmería contra una empresa -que, dicho sea de paso, tiene la potestad de ganar millones de pesos por mes pese a la “guerra” declarada-, mañana podrá hacerlo contra los sindicatos y los trabajadores y sectores populares, si deciden luchar por sus derechos postergados. La presidenta le ha quitado al Congreso y se ha guardado para sí, inclusive, el poder de decisión para modificar el “mínimo no imponible” del impuesto al salario, cerrando toda posibilidad siquiera de presionar sobre el Parlamento que se perfila como una escribanía de los proyectos del Poder Ejecutivo. La CGT, que viene en un enfrentamiento “mediático” con la presidencia (y realizando acciones parciales de algunos gremios moyanistas dentro de los canales exigidos por CFK de reclamar por separado en cada sindicato), rechaza los ataques al derecho a huelga y reclama el derecho a “hacer política”, mostró la hilacha, sin embargo, con el diputado cegetista Francisco Omar Plaini del gremio de canillitas votando la ley represiva junto a sus adversarios internos de La Cámpora y todo el bloque del FPV.

La conducción de la CTA disidente ha convocado a una marcha este jueves 29 en rechazo a la reaccionaria ley. La Central reclama el veto presidencial. Obviamente, no nos opondríamos si, en un giro copernicano, la presidenta hubiera decidido vetar la ley que ella misma mandó a votar. Esta posibilidad ya ni siquiera existe porque CFK finalmente la promulgó. Pero, más allá de la efectividad del reclamo, que ya no es conducente, no coincidimos con pedir que se refuerce un mecanismo discrecional, el veto, propio de un presidencialismo que luchamos por abolir, y que ya utilizó Cristina Kirchner contra la ley votada del 82% móvil para los jubilados. Planteamos una gran campaña nacional por su anulación, que será de largo aliento ya que va contra el sentido del nuevo discurso contra la acción directa que la presidenta viene esgrimiendo los últimos meses. En el centro de esa campaña nacional, que debemos impulsar desde el Frente de Izquierda, las organizaciones obreras del sindicalismo de base y el movimiento estudiantil, debe estar el reclamo por el desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares, quienes serán el principal blanco de la aplicación de la ley antiterrorista.