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Policía Judicial, la convivencia con la Bonaerense

La creación de la Policía Judicial de la provincia de Buenos Aires resulta la nueva panacea de los “progresistas”, otro engaño que añade una mueva institución represiva contra los intereses del pueblo trabajador.

Miguel Raider

8 de diciembre 2011

Policía Judicial, la convivencia con la Bonaerense

La creación de la Policía Judicial de la provincia de Buenos Aires resulta la nueva panacea de los “progresistas”, otro engaño que añade una mueva institución represiva contra los intereses del pueblo trabajador.

Impulsada por la Comisión Provincial de la Memoria, el CELS, SERPAJ, APDH, etc., la nueva fuerza desempeñará sus tareas según los lineamientos trazados por la Convergencia para la Democratización de la Justicia, un programa de 14 puntos que reconoce su naturaleza en los reclamos de “seguridad ciudadana” de las clases medias reaccionarias, orientado a superar “una falsa disyuntiva entre el respeto a las garantías constitucionales y la efectividad en la persecución del delito” [1].

De acuerdo a la letra, la nueva fuerza será “un organismo de investigación judicial” que “debe sustraer la investigación criminal de prácticas arbitrarias e ilegales y colocarla bajo criterios de profesionalización, racionalidad y apego irrestricto a las garantías constitucionales y los derechos humanos”, “orientándose hacia la investigación de los casos complejos”.

Los trascendidos periodísticos señalaban que la medida apuntaba a contrarrestar el alto impacto generado por casos como el de Candela Rodríguez o la familia Pomar donde el rol nefasto de la Policía Bonaerense quedó al desnudo ante los ojos de las grandes masas. En ese sentido, Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, destacaba que “la Policía Judicial rompe una de las cajas ilegales de la Bonaerense” [2], al pasar a depender de la Procuración General de la Justicia a cargo de todos los fiscales. Sin embargo, este ex dirigente del PC y el Frepaso omite que el mismo programa de 14 puntos admite “la incorporación de recursos humanos provenientes de las policías dependientes del Poder Ejecutivo”. Como reconoció María del Carmen Falbo, procuradora general de la Corte Suprema bonaerense, “es muy probable que muchos integrantes de la Policía Científica de la Bonaerense o de la Policía Federal se vayan a presentar a concursos” [3]. Más allá de sus diferencias, el eco de la Metropolitana es insoslayable. De ese modo, la Policía Judicial no resulta ninguna superación de la Bonaerense sino la convivencia con la misma, la que probablemente colonizará la nueva fuerza con sus cuadros más avezados.

Los “mecanismos de control” y “participación ciudadana” no son más que un fraude pues las “audiencias públicas” son instituciones auxiliares del Estado que no poseen ningún carácter resolutivo.

A la hora de precisar el perfil, Mosquera sostiene que la nueva fuerza será “como el FBI... o una Bonaerense más limpia” [4]. No huelga agregar que tras la crisis de Wall Street en 1930, el FBI fue utilizado para infiltrar a los partidos de izquierda y a las organizaciones obreras combativas nucleadas en la CIO, producto de la radicalización política y social del movimiento obrero norteamericano. Como toda policía, la nueva fuerza defenderá las relaciones de propiedad existentes, donde un puñado de capitalistas monopoliza la propiedad privada de los medios de producción y cambio en tanto las grandes mayorías desposeídas apenas cuentan con su fuerza de trabajo para vender en el mercado.

Mosquera concluye que la iniciativa “contribuirá a la democratización de la justicia”. ¿Cómo es posible democratizar el más antidemocrático de los tres poderes del Estado, aquel que ningún mortal tiene derecho a elegir, con jueces vitalicios, miles de funcionarios vinculados a la dictadura militar y una institución feudal como la Corte Suprema? Más allá de abrevar en una contradicción, proporcionando su apoyo a la nueva policía, el juez Eugenio Zaffaroni sostiene que desde sus inicios el Poder Judicial “se nutrió de los primos pobres de la oligarquía… representando los mismos intereses que sus aliados de clase más pudientes… una matriz de pensamiento que permanece indemne” [5].

Policía Municipal: el poder territorial de los intendentes

Con la nueva policía, los progresistas se jactan de haber introducido “un nuevo paradigma” en materia de seguridad y justicia en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, como bien destaca el periodista Horacio Verbitsky, el gobernador Scioli conserva a su ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal, ex alcaide mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense durante la dictadura militar y alter ego de la demagogia punitiva de las políticas de mano dura. “Este no puede ser el hombre que dé un giro copernicano”[6] observa Verbitsky. Scioli y Casal acaban de ascender a los comisarios Mario Briceño y José Cortez, responsables de la masacre de José León Suarez el pasado febrero, cuando la Bonaerense asesinó a los adolescentes Franco Almirón y Mauricio Arce. Encima, hasta los cristinistas más puros se hicieron los distraídos ante la prescripción de las denuncias judiciales presentadas por el gobierno provincial hace ocho años contra veinte altos jefes policiales por un sin fin de delitos.

Producto de la interna del kirchnerismo, Scioli hizo equilibrio aceptando la Policía Judicial pero a cambio del impulso de la Policía de Prevención Municipal, una demanda histórica de los intendentes del conurbano como los derechistas Mario Ishii, Sergio Massa, Hugo Curto, Gustavo Posse, etc. Si bien ya rigen en 75 distritos con menos de 70.000 habitantes, la extensión de las policías comunales a los distritos más grandes representa la concesión de poderes extraordinarios a los intendentes, los que hasta tendrán las atribuciones de sheriff para lanzar operativos de persecución.
Scioli pretende apoyarse sobre el poder territorial de los barones del conurbano, los que mismos que apadrinaron a sus propios comisarios generales para integrar la plana mayor de la Bonaerense, entre los cuales figuran Gustavo Reale y Fabián Toso, lugartenientes del legendario Mario “Chorizo” Rodríguez y vinculados a la masacre de Andreani en noviembre de 1996 [7].

Tras su ratificación como ministra de Seguridad, Nilda Garré criticó a Scioli por resistirse al “control político de la Bonaerense”[8], acorde a la nueva doctrina de Estado basada en el Acuerdo por una Seguridad Democrática, el programa que sustituye el “autogobierno policial” por el “control civil” de las fuerzas de seguridad. Pero pocos días antes, durante la 2° reunión del Consejo de Seguridad Interior, Garré lanzó “un protocolo de acción para controlar la protesta social” ante los futuros “desbordes callejeros”, a partir de las conclusiones extraídas de los acontecimientos represivos en Jujuy y el Parque Indoamericano con seis compañeros asesinados impunemente[9]. Haciendo a un lado el maquillaje de los derechos humanos, Garré se dispone a templar las herramientas represivas que necesita el Estado para conjurar la protesta social y los métodos de acción directa que utilizarán los trabajadores ante las consecuencias de la crisis económica internacional. El ataque a los sindicatos, la persecución de los delegados y activistas combativos, las amenazas al derecho de huelga y el procesamiento de más de 5000 luchadores obreros y populares son sólo el adelanto que preparan. Es necesario lanzar una gran campaña democrática, redoblando los pasos que ya iniciamos el 23/11, marchando a Plaza de Mayo con todas las organizaciones que componen el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para poner a decenas de miles en las calles hasta acabar con todos los aprestos represivos.

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