logo PTS

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Policías asesinas, inmunidad política

Desde 1983, 4300 jóvenes murieron por el gatillo fácil; 200 más están desaparecidos. En todos estos casos hay un mismo autor: la policía.

6 de noviembre 2014

Desde 1983, 4300 jóvenes murieron por el gatillo fácil; 200 más están desaparecidos. En todos estos casos hay un mismo autor: la policía.

Las estadísticas no son oficiales, solo dan cuenta de los casos denunciados. Son más, pero muchas familias guardan silencio, amenazadas por la misma fuerza que comete el crimen.

Ningún gobierno constitucional desde 1983 quiso terminar con este accionar criminal. A radicales, peronistas, sciolistas, macristas, “socialistas”, massistas, delasotistas, solo les preocupa armar hasta los dientes a la maldita policía para que descargue su plomo sobre los sectores más vulnerables y la juventud.

Carla Lacorte, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y víctima del gatillo fácil, el jueves 30 de octubre participó junto a la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil de Córdoba en una Audiencia Pública en el Congreso Nacional, donde sostuvo que “esta práctica criminal del gatillo fácil se lleva la vida de un pibe cada 28 horas” y afirmó que “la provincia de Córdoba es la tercera en cantidad de casos de gatillo fácil, pero no tiene nada que envidiarle a las otras policías, que además de matar y asesinar con el gatillo fácil reprimen a los trabajadores y están metidas en todos y cada uno de los grandes delitos.”

Encubrimientos, sobreseimientos y reciclajes

El poder político tiene experiencia en encubrir a la policía. Solo unos pocos ejemplos bastan:

El gobierno bonaerense debió exonerar al policía Fernando Pedreira por torturar a adolescentes detenidos en la comisaría 1ª de Quilmes. El 20 de octubre de 2004 encabezó una brutal requisa en los calabozos, y poco después un foco de fuego terminó con la vida de varios de ellos. Años más tarde Macri lo incorporó a la Metropolitana, donde fue dos años subinspector hasta que los familiares de las víctimas de Quilmes lo denunciaron.

La Metropolitana tiene otro exonerado famoso. Jorge “el Fino” Palacios fue en 2009 el primer jefe de esta fuerza. Quien había sido exonerado de la Federal, entre otras cosas por encubrimiento en la causa AMIA.

El bonaerense José Salmo baleó a Carla Lacorte en 2001 en Quilmes. Pero fue detenido recién este año. Varios fallos lo encontraron culpable, pero el gobierno de Scioli le sigue pagando un sueldo a través del Ministerio de Salud.

En la Ciudad de Buenos Aires la Justicia sobreseyó a los 41 efectivos de la Federal y la Metropolitana, acusados de asesinar a tres personas tras desalojar el Parque Indoamericano a fines de 2010.

Los ocho policías bonaerenses involucrados en la detención y desaparición de Luciano Arruga de La Matanza nunca fueron procesados. Solo fueron apartados de la fuerza hasta que el ministro de Seguridad Alejandro Granados, los devolvió a sus funciones. Nuevamente fueron apartados por la lucha de la familia.

El mismo Granados autorizó recientemente por decreto la reincorporación de policías expulsados o cesanteados de la fuerza provincial. Esta verdadera amnistía no es más que una señal para toda la fuerza, días después de que apareciera el cuerpo sin vida de Arruga.

El gobernador santafesino Antonio Bonfatti encubrió hasta último momento al jefe de Policía Hugo Tognoli por sus vínculos con las mafias del narcotráfico. A Tognoli lo habían detenido pero por el apoyo de Bonfatti fue liberado, hasta que en junio de este año quedó firme el procesamiento.

En Córdoba De La Sota salió a defender al Jefe de Policía Julio Cesar Suárez luego de que éste amenazara al periodista Dante Leguizamón de Canal 10. “Yo me voy a encargar de vos”, le había dicho Suárez a Leguizamón molesto con la cobertura sobre la represión al barrio Los Cortaderos.

Los trabajadores petroleros de Las Heras (Santa Cruz) fueron condenados por un crimen que no cometieron tras haberse manifestado contra el impuesto al salario en 2006. Quienes no fueron siquiera imputados son los policías santacruceños acusados de torturarlos y obligarlos a declarar contra sí mismos.

Código Procesal Penal

La reforma al Código que presentó hace unas semanas el gobierno nacional prevé que las policías puedan actuar como testigo de cargo. Es decir que cuando una persona es acusada por flagrancia la misma policía (que es parte activa de todos los delitos) puede terminar mandando tras las rejas a un supuesto imputado.

Armar causas será ley. Como lo muestra el caso de Yarim Montero y Giovanna Arroyo, una familia peruana que cosía ropa para la Salada. Cuando se negaron a seguir pagándole un “canon” a la comisaría 10° de Ingeniero Budge para que ésta los deje trabajar, les allanaron la casa sin orden judicial, les plantaron dos kilos de cocaína y los detuvieron.

El nuevo Código Procesal Penal dará mayores atribuciones a las policías, incrementando la inseguridad de los sectores más vulnerables.

El diputado nacional del PTS-FIT, Nicolás del Caño, presentó varios proyectos de ley para debilitar el aparato represivo del Estado: que se abran los archivos de la SIDE (una oficina vital de la dictadura), que permitiría saber qué pasó con una parte de los desaparecidos y quienes fueron los genocidas que actuaron y ayudar a encontrar a los 400 niños apropiados; derogar el decreto del año 1963 que creó el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina que hoy mantiene mil espías infiltrados en la sociedad. De aprobarse estas leyes sería un paso adelante para defender las libertades democráticas. Pero solo con la movilización y la organización lograremos imponer estas leyes.

Como parte de nuestra lucha contra la represión y la impunidad, el programa del FIT plantea “reemplazar el aparato de represión de este Estado, que está al servicio de los explotadores, por organizaciones de los trabajadores mismos en el camino de la lucha por su propio gobierno”.

Temas relacionados: