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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Pretenden reglamentar el derecho a la protesta social

Diputados del Frente para la Victoria acaban de presentar un proyecto de ley contra el derecho a manifestarse, sin previa autorización. El proyecto, que tiene 34 artículos, firmado por ultrakirchneristas como Carlos Kunkel, Diana Conti y el ex duhaldista José María Díaz Bancalari, se propone sancionar una "ley de convivencia en manifestaciones públicas" limitando el derecho de peticionar en el espacio público.

Rosa D'Alesio

17 de abril 2014

Diputados del Frente para la Victoria acaban de presentar un proyecto de ley contra el derecho a manifestarse, sin previa autorización. El proyecto, que tiene 34 artículos, firmado por ultrakirchneristas como Carlos Kunkel, Diana Conti y el ex duhaldista José María Díaz Bancalari, se propone sancionar una "ley de convivencia en manifestaciones públicas" limitando el derecho de peticionar en el espacio público.

La presidenta Cristina Kirchner, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo cuestionó severamente los cortes de calles para manifestarse y como ejemplo mencionó a los diputados del FIT y al PTS, que un día antes, 27 de febrero, veníamos de protagonizar en todo el país, junto a otras organizaciones, una gran jornada de lucha por la absolución de los petroleros de Las Heras. No sólo cuestionó los cortes de calles al plantear "todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana”, sino que además defendió el fallo escandaloso contra los trabajadores de Las Heras condenados injustamente por un crimen que no cometieron. Palabras que fueron aplaudidas de pié por los diputados del PRO como lo hace cualquier ultrakirchnerista. Retratando otro de los giros a la derecha del gobierno “nacional y popular”.

Los defensores del proyecto “justifican” la necesidad de tener "reglas precisas de convivencia" para evitar que otros propongan medidas más duras, y subrayan que "contra otras soluciones que pretenden restringir derechos, recurriendo al Código Penal para agravar las penas de tipos ya existentes o tipificando nuevas acciones como delito, nosotros proponemos garantizar y afianzar derechos". Pero en realidad esta propuesta se suma a la que ya presentó el Frente Renovador: Massa tomó la iniciativa contra el método de los piquetes para regular el “derecho a la petición social” a partir de la instrumentación de “espacios públicos determinados, tanto a nivel federal como provincial y municipal”, pues “las protestas no pueden realizarse en cualquier lugar y a cualquier hora del día”. Para que “el derecho a peticionar se ejerza en plenitud no debe impedir el ejercicio del derecho a transitar”, anticipa su proyecto de ley que dispone multas equivalentes a tres salarios mínimos y penas de trabajo comunitario (La Nación, 25/3). El intendente massista Humberto Zuccaro ya militarizó los accesos al Parque Industrial de Pilar con un cuerpo de policía permanente que impide el derecho a la protesta.

No es un dato menor que sea el propio Carlos Kunkel uno de los impulsores del actual proyecto. Él fue uno de los ocho representantes de la JP que el 22 de enero de 1974 se opuso al proyecto reaccionario de reforma del Código Penal que impulsaba el general Perón bajo la excusa del atentado contra el cuartel de Azul. Cuatro décadas más tarde el ex legislador de “la Tendencia” terminó asimilando el curso represivo del general, que afectará sin dudas a sectores amplios de la sociedad.

El proyecto plantea que habrá protestas “legítimas” e “ilegítimas”, quedando a criterio de los funcionarios de Seguridad definirlas de una u otra manera, según la incidencia y las afectaciones que determinada protesta genere. Ejemplos de protestas que a priori podemos asegurar que serían consideradas “ilegítimas” hay muchos. Pero vayamos a uno bien conocido. Durante el último verano cientos de barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano se vieron afectados por los cortes de electricidad. Los vecinos, sin agua y sin luz, se vieron obligados a salir a las calles para reclamar contra la desidia de los empresarios y los funcionarios, que en su avaricia y sed de ganancias no han invertido en la infraestructura esencial del tenido de red eléctrica. Con esta nueva ley, muy posiblemente no tendrían el mínimo derecho de reclamar para tener estos servicios fundamentales.

Por si esto fuera poco el proyecto tiene el agravante que comienza a establecer, en forma de ley nacional, que los cortes de calles y rutas no deben impedir servicios como la educación, la seguridad o la salud pública, llamándolos “servicios esenciales” cuando en realidad no todos tienen esa categoría. Esto no puede ser leído más que como la antesala de lo que ya anunciaron durante la última huelga docente: reglamentar el derecho a huelga. Lo mismo discuten, por ejemplo, empresarios y gobierno en cada medida de fuerza que toman los trabajadores del subte.

Los redactores del proyecto de ley plantean que quien vaya a manifestarse deberá avisarle a la policía con dos días de anticipación. Encima del giro reaccionario, pretenden que los protagonistas de la protesta social le “faciliten” las cosas al aparato represivo del Estado para que los palos, las balas de goma y los gases lacrimógenos sean preparados con tiempo… Una verdadera provocación para los más de 5.000 luchadores obreros y populares que hoy están procesados por haber exigido sus derechos saliendo a la calle a protestar.

Proyectos como éste muestran que la clase dominante no tiene reparos a la hora de imponer leyes según su conveniencia. En el paro nacional del 10 de abril, los piquetes con cortes de calles resultaron fundamentales para mostrar la fuerza de la clase trabajadora. Esa fuerza es la que quieren mutilar proponiendo una reaccionaria “convivencia ciudadana”. Establecen que hay manifestaciones que podrían ser legítimas, mientras tenga la previa autorización de funcionarios. Se arrogan el derecho a definir que es legítimo y que no, cuando ellos mismos son los gerentes de un sistema asentado en el más ilegitimo de los regímenes, el capitalismo. Es la clase dominante la que ha entregado, ilegítimamente los recursos naturales de la Nación, como recientemente el gobierno nacional que ha pagado cifras siderales a la Repsol que vació nuestros recursos. Esto es lo ilegítimo, no protestar contra el saqueo, la explotación y la opresión.

Estamos frente a un gran ataque a las libertades democráticas más elementales, superador de cuanta legislación previa existe para regimentar la protesta y las luchas sociales, como las leyes antiterroristas votadas por el mismo kirchnerismo a pedido de la embajada yanqui. Por eso es necesario poner en pie en una gran campaña nacional para evitar que la idea de Kunkel y compañía se convierta en una nefasta ley. Todas las organizaciones obreras, estudiantiles, de derechos humanos, culturales, ambientalistas, de pueblos originarios y sociales en general -futuras víctimas primarias de la aplicación de este proyecto- tienen en sus manos la posibilidad de derrotar esta intentona, más allá de sus respectivas filiaciones políticas. Más que nunca se torna imprescindible un amplio frente único democrático para ponerle freno a este giro reaccionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

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