Desde que ganó las elecciones nacionales a fines del 2011, hemos venido escuchando, en cada discurso presidencial, una permanente condena a los reclamos de los trabajadores y a los métodos de acción directa.

En todos estos meses, hemos visto como el gobierno responde a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras, acusándolos de extorsionadores.
Al mismo tiempo, a contramano de lo que proclamó durante años, avanza en criminalizar la protesta social.

Lo hace con la nefasta Ley Antiterrorista, hecha a pedido de l GAFI, organización internacional ligada al capital financiero. Ley que permite acusar de terrorista a toda organización que pretenda “obligar” al gobierno a cambiar su política. Aplicando esa ley que reprimió a los pobladores en Tinogasta, que resisten la megaminería.

Queda cada vez más claro que la política de este gobierno está lejos de sus discursos sobre “derechos humanos”. Cuando los monopolios mineros pidieron desalojar rutas, la policía de los gobernadores aliados de Cristina lo hizo. La presidenta calló frente a la represión y defendió a las mineras.

A esto se suma ahora el Proyecto X. Proyecto de espionaje a los luchadores obreros y populares. Un banco de datos creado y alimentado por integrantes de la Gendarmería Nacion al infiltrados ilegalmente en las manifestaciones de los trabajadores de Kraft en el 2009. Que además vienen espiando otras protestas, como lo denuncian estudiantes de Filosofía y Humanidades de la UBA.

Frente a las denuncias, la respuesta de la ministra Garré y el gobierno ha sido reconocer el espionaje y justificarlo. Quiénes fueron espiados, dijo la ministra, estaban violando el Código Penal. No se hable más, quedó claro que “la protesta social es un delito”.

El estado nacional, mientras gerencia los negocios de los grandes capitalistas (como queda claro en la masacre de Once, donde el responsable es un empresario amigo del gobierno) persigue y espía a los luchadores populares y a la izquierda.

Esta denuncia la realizó Myriam Bregman, abogada del PTS y del CeProDH, y fue ampliamente difundida. Nuestro partido tiene más de cien procesados por luchar. Entre ellos se halla Javier “Poke” Hermosilla, dirigente de la Comisión Interna de Kraft, procesado en 11 causas y con un embargo por casi 300mil pesos. En una de esas causas fue descubierta la infiltración de los agentes de Gendarmería.

Hay que continuar con esta denuncia y con la lucha por terminar con el espionaje y tirar abajo la Ley Antiterrorista. No se puede permitir que los integrantes de las fuerzas represivas que hace 38 años, secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a 30 mil compañeros y compañeras de lucha, sigan espiando a los trabajadores que salen a pelear y a la izquierda. Es por ese motivo que los invitamos a participar de la charla debate que realizaremos este viernes 9 de marzo, como un primer paso en esa importante pelea por derrotar esta política represiva, movilizándonos masivamente hasta terminar con el espionaje, anular la Ley Antiterrorista y todos los procesamientos que pesan sobre 5000 luchadores y luchadoras del pueblo trabajador.