por Vicki Moyano, nieta recuperada, CeProDH

El viernes 9 la Cámara de Casación Penal resolvió que los análisis de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera (presuntos hijos de desaparecidos) sean cruzados con la totalidad de las muestras extraídas en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Estos análisis son los que nos hicimos todos los que hasta ahora logramos hallar nuestra identidad.

Tras 8 años de lucha de los organismos de DD.HH. y otras organizaciones, los hijos irregularmente adoptados por Ernestina de Noble podrán saber su historia.
A 27 años de terminada la dictadura todavía hay 400 hermanos con la identidad falseada. Por eso esta resolución, si bien es correcta, debemos enmarcarla en la pelea que entablan hoy el Gobierno y Clarín.

Todos los gobiernos constitucionales mantuvieron la impunidad. Por eso ninguno tomó la medida básica para conocer la verdad: abrir los archivos, con nombres, fotos e informes de cada genocida responsable de las 30 mil desapariciones y las 500 apropiaciones.

Le exigimos al Gobierno de los “derechos humanos” que en lugar de anunciar presentaciones a tribunales internacionales por el caso Noble, tome la medida expeditiva de abrir todos los archivos. Si no, se seguirá reproduciendo el perverso mecanismo de responsabilizarnos a los jóvenes de buscar nuestra identidad. Los nacidos entre el ‘76 y el ’83, ante la duda, hoy nos tenemos que presentar en Abuelas o en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y, si nos animamos, a hacernos las pruebas de ADN.

Y la perversidad se completa con los 400 jueces de la dictadura que siguen en funciones, muchos de ellos incluso investigando y juzgando sobre desapariciones y apropiaciones de niños. Ellos actuaron junto a las fuerzas de seguridad, el poder político y las corporaciones como Macri, Noble, Bunge y Born, Rocca, Blaquier, la Sociedad Rural, Ford, Mercedes Benz, Techint, Acindar, etc.

Por eso, luego de 34 años, estos civiles están impunes y se los debe juzgar y encarcelar.