Las marchas de repudio en Jujuy, Salta, Chaco, Misiones, Mendoza, Neuquén y Mar del Plata vuelven a mostrar que para los trabajadores y el pueblo no todo es “renovación” en el gobierno de Kirchner. Al contrario: el aparato represor y asesino de la policía y la gendarmería de todo el país sigue cumpliendo las órdenes del gobierno, y ante la brutalidad de crímenes y represiones como las que hubo en Jujuy se sale a las calles a manifestar masivamente, como ocurrió también ante la muerte de Kosteki y Santillán.
Los acontecimientos que impulsaron el levantamiento popular en Libertador, las marchas en Santiago del Estero; la represión esta semana a los trabajadores de Vialidad en Tucumán y, finalmente, el profundo proceso en el hermano país, Bolivia, plantean que los trabajadores –junto a organismos de DDHH, familiares de las víctimas, estudiantes, etc.– debemos luchar por la disolución del aparato represivo del Estado, el castigo a los asesinos y la autoorganización independiente de los trabajadores y el pueblo.
El asesinato de los jóvenes Ibáñez y Cuellar en Libertador General San Martín motivaron un gran repudio en todo el país. Tras el levantamiento popular –producto de una provocación policial durante la marcha que exigía el castigo a los responsables de la muerte de Ibáñez, y que luego seguiría con la muerte de Cuellar, baleado en medio de los enfrentamientos– se sucedieron marchas de miles en Jujuy (con 17 cortes de ruta) y en las principales provincias del país el 14 de octubre. En Buenos Aires el “grito de bronca” reunió a 10.000 personas que marcharon desde el obelisco, al Congreso, a la Casa de Jujuy, y a la embajada de Bolivia (Página/12, 15/10).
Como indica un diario “la situación quiere ser despejada cuanto antes por el gobierno nacional de Néstor Kirchner, cuyo principal referente entre los gobernadores es el propio Fellner” (˜ámbito Financiero, 14/10). Es que desde que Kirchner llegó al ejecutivo, ha tenido una política de “oxigenar” las instituciones: con el relevo de las cúpulas militares, policiales y con un discurso anticorrupción y “antirrepresión”, pretende revalidar ante los ojos de las masas las instituciones del régimen burgués, dejando intactas todas las estructuras políticas y represivas de las últimas décadas. Fellner es su principal referente en el noroeste argentino y posiblemente presidente del PJ. Por ello, lo de Jujuy es una “mancha” en este plan de renovación en el Estado y del propio partido peronista.
Ante el pedido de que se vayan los “responsables” de los crímenes, se ha relevado a toda la policía del pueblo e incluso el jefe de la policía de la provincia, Carrizo Salvadores “ofreció su dimisión para no convertirse en un obstáculo político” (ídem). Esto es todo lo que va a ofrecer Fellner: una “renovación” o “depuración” parcial. Baste decir que el actual jefe en reemplazo de Salvadores es Cafaggi, quien estuvo a la cabeza de la represión de Libertador durante los grandes combates que dieron contra la policía y la gendarmería los desocupados en mayo del ’97.
Además hasta ahora hay sólo 2 policías presos como “presuntos responsables” de los crímenes.
En esta maniobra, en donde Fellner plantea que la solución pasa porque "aparezcan los responsables y paguen por sus errores", y que no se debe generalizar a toda la fuerza policial, porque dentro de la Institución "hay mucha gente buena" (Pregón, 15/10), entraron la CCC y otras organizaciones: Fellner “durante el fin de semana mantuvo conversaciones con los organizadores de la marcha convocada para la jornada de ayer, especialmente con los organismos de Derechos Humanos y de la CCC, donde quedó claramente expuesta la recíproca voluntad de ambas partes de que sea pacífica dentro de un marco de tranquilidad, donde el reclamo gire en torno al rápido esclarecimiento de los hechos en Libertador General San Martín y no que se desborde la situación y se tengan que lamentar nuevos episodios de violencia como los vividos la semana pasada” (ídem).
Pese a que el peronismo ganó en gran parte del país las elecciones provinciales –Fellner con su reelección incluída–, los trabajadores saben bien que esta mafia encaramada en el Estado es la misma podredumbre de siempre, por ello se moviliza masivamente ante la brutalidad de las represiones y crímenes como los de Santiago y hoy los de Jujuy. En tanto el ministro Tentor se reúne con las familias de las víctimas en un intento de “retomar el cauce de la convivencia pacífica en Libertador [para] que no haya que lamentar nuevos hechos de violencia” (Pregón, 15/10).
Desde las Jornadas de diciembre del 2001, cada vez que el gobierno –como le pasó a Duhalde– “se pasa de la raya”, las manifestaciones en respuesta son inmensas, demostrando que si bien hay un compás de espera abierto desde la asunción de Kirchner, los trabajadores y el pueblo no están dispuestos a tolerar esta clase de “excesos”.
Incluso recientes luchas como las que hubo en Tucumán (trabajadores de Vialidad, con sus dirigentes presos), fueron reprimidas, mostrando que el Estado con tal de mantener los salarios devaluados hará lo que sea necesario.
Por lo pronto se está maniobrando desde Jujuy y el gobierno nacional para que este episodio sea superado rápidamente. Pero hay que agregar que los hechos de Bolivia –con decenas o centenas de muertos– pone sobre el tapete las luchas del pueblo y la respuesta del estado burgués.
Los responsables de las muertes de los jóvenes de Libertador no hay que buscarlos en los “malos sectores” de la policía, o verlos como un “exceso” de “manzanas podridas”: la realidad es que durante las grandes luchas de los ’90 en Jujuy el aparato policial y militar fueron ¡el único pilar sobre el cual se sostuvo el régimen ante los masivos embates de estatales y desocupados!
Por eso, para esclarecer verdaderamente los hechos y conseguir el castigo de los principales responsables –el gobernador Fellner–, hay que poner en pie una Comisión Investigadora Independiente, formada por los familiares de las víctimas, organismos de DDHH, organizaciones de desocupados y obreras (FGE, SEOM, CTA, etc) que tengan total independencia de jueces y peritos –de gendarmería– que propone el Estado, para investigar y aclarar quiénes son los responsables “directos” y también “políticos” de estos ataques al pueblo. Para encarar una lucha hasta el final por el castigo de estos asesinos, la única medida efectiva es el paro por tiempo indeterminado –coordinando ocupados y desocupados, con manifestaciones, tomas de edificios públicos y cortes de ruta, hasta que caiga el verdadero responsable: los ministros del gobierno provincial y el mismo gobernador Fellner.
Así como los trabajadores de Tucumán han sido reprimidos frente a sus reclamos, como en Bolivia donde las demandas tienen un claro objetivo político: que se vaya el presidente Sánchez de Lozada, los trabajadores de la industria jujeños están saliendo por sus reclamos frente a la carestía de vida: los trabajadores del Ingenio La Esperanza, los obreros de Zapla, también tienen que estar en la lucha contra la represión y la impunidad de quienes defienden los intereses de la patronal y los políticos de turno: la autoorganización y la necesidad de autodefensa de todos los trabajadores y el pueblo ante la reacción burguesa se harán más necesarios que nunca en los tiempos por venir.