¿Cómo se desarrolló el inicio del juicio?

La audiencia empezó pasadas las 11. El presidente del tribunal oral n° 21, Dr. Horacio Días, declaró abierto el debate, y por secretaría se leyeron los seis requerimientos de elevación a juicio, dos por cada parte acusadora (fiscalía, querella de la familia de Mariano Ferreyra y querella de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y los demás heridos) respecto de cada grupo de acusados (Pedraza, Fernández y su patota, y los policías).

La diferencia más marcada entre los acusadores se centra en el rol de la policía, pues la fiscal María Luz Jalbert, igual que su colega de instrucción, Fernando Pfizer, imputan a los tres comisarios, el subcomisario y los oficiales un abandono de persona calificado por el resultado muerte, es decir, un delito cometido después del ataque al no haber socorrido a las víctimas, mientras que ambas querellas los acusan de haber formado parte del plan criminal que tuvo por objeto aleccionar a los tercerizados y las organizaciones que los acompañaban y, por lo tanto, les imputan el homicidio calificado y los homicidios en grado de tentativa como partícipes necesarios, lo que resulta en la misma pena que a los autores e instigadores.

Tanto los defensores oficiales que representan a varios de los policías desde el apartamiento forzado, tras la denuncia de CORREPI, de los abogados de planta del Ministerio de Seguridad, como los conocidos defensores particulares de los integrantes de la Unión Ferroviaria y de los restantes policías, se centraron en dos puntos: primero, en intentar que se suspendiera el debate, lo que fue rechazado por el tribunal después que las partes acusadoras rebatieran los argumentos de las defensas. Luego, los defensores unieron sus fuerzas para tratar de apartar del trámite a la querella de los heridos sobrevivientes, representados por los compañeros de APEL y CORREPI. Junto a Claudia Ferrero respondimos varios planteos de nulidad.

¿Qué argumentos esgrimieron los abogados de la patota y los policías para pedir la nulidad?

En la exposición de argumentos de las defensas se entremezclaron expresiones como “horda de encapuchados armados con palos y piedras”, como dijo el Dr. Freeland, defensor de Juan Carlos “Gallego” Fernández, lo que me obligó a interrumpirlo y preguntarle al tribunal si se había perdido de algo, y las partes ya estaban alegando. El mismo defensor insistió, para fundar su nulidad, en que no se había investigado la comisión de delitos por parte de los manifestantes, lo que también fue respondido por nuestros compañeros, que recordaron que quienes habitualmente encabezaban las denuncias penales contra los trabajadores ferroviarios organizados por fuera de la burocracia sindical están hoy procesados en esta causa, como los comisarios Ferreyra y Mansilla, lo que prueba que, el 20 de octubre, la triple alianza antiobrera compuesta por el aparato estatal, la patronal de UGOFE y la burocracia sindical de la UF eligieron otro método para disciplinar a los obreros: en lugar de denunciarlos por extorsión, interrupción del servicio ferroviario u otros delitos típicos de la criminalización de la protesta, optaron por la represión directa, con el mecanismo de la tercerización en la patota.