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Santa Rosa
Cárcel a todos los genocidas

El 2/8 se iniciará el juicio oral y público a tres ex militares y 9 ex policías del Comando de Subzona 14 (1° Cuerpo del Ejército). Se los acusa por 30 casos de secuestros y torturas cometidos en dependencias policiales transformados en Centros Clandestinos de Detención en Santa Rosa, Jacinto Arauz y Gral.
Pico. Lamentablemente ninguno de ellos es juzgado por genocidio. Todas las imputaciones son por casos aislados y no como parte del plan sistemático de asesinato de la vanguardia obrera y popular.

PTS

29 de julio 2010

El 2/8 se iniciará el juicio oral y público a tres ex militares y 9 ex policías del Comando de Subzona 14 (1° Cuerpo del Ejército). Se los acusa por 30 casos de secuestros y torturas cometidos en dependencias policiales transformados en Centros Clandestinos de Detención en Santa Rosa, Jacinto Arauz y Gral.
Pico. Lamentablemente ninguno de ellos es juzgado por genocidio. Todas las imputaciones son por casos aislados y no como parte del plan sistemático de asesinato de la vanguardia obrera y popular.

Los oficiales del Ejército procesados son el Tte. Coronel (RE) Fabio Carlos Iriart, quien era comandante de la Subzona, y los coroneles Néstor Greppi, ex Sec. General de la Gobernación y Oscar Cobuta, ex Jefe del Regimiento de Gral. Pico. El grupo de policías está encabezado por el inspector mayor Roberto Esteban Constantino y el subcomisario Roberto Oscar Fiorucci. Una pequeñísima parte del aparato represivo que en La Pampa tuvo 47 Centros Clandestinos, responsable de la desaparición de 47 compañeras/os y de los casi 300 detenidos y torturados.

Esto no es casual. Es parte de la política de los “derechos humanos” de los Kirchner y del gobernador Jorge. Enjuiciar a un puñado de represores emblemáticos, dejando impune al conjunto de las Fuerzas Armadas con las que ahora se impulsa la rekonciliación.

PJ, UCR e Iglesia, cómplices

El PJ siempre mantuvo la complicidad y la impunidad y ahora quiere enjuiciar a figuras emblemáticas para salvar a las FF.AA. El caso más emblemático es el de Carlos Aragonés, hasta hace poco presidente del PJ, un reconocido colaborador civil a las órdenes de Camps. Tanto ellos como la UCR son responsables de mantener la impunidad en todos estos años.

En el caso de la Iglesia la complicidad se dio con el apoyo público del obispo Arana, quien siempre salía sonriente en las fotos junto a Camps y Baraldini (oh casualidad, hoy imputado).

Hay que continuar la movilización, ampliarla y desarrollarla para encarcelar al conjunto de los genocidas y sus cómplices civiles. En La Pampa fue evidente la colaboración abierta entre represores e integrantes de los partidos patronales, como el PJ y la UCR.

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