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Libertades democráticas

Seguridad para los ricos. Apuntan a los pobres.

La marcha de Lomas del Mirador constituyó un nuevo jalón de la cruzada reaccionaria contra los pobres, bajo el impacto mediático de las declaraciones temerarias de Susana Gimenez a favor de la pena de muerte, apoyadas por Sandro, Cacho Castaña, Carmen Barbieri y otras estrellas de la farándula.

Miguel Raider

12 de marzo 2009

La marcha de Lomas del Mirador constituyó un nuevo jalón de la cruzada reaccionaria contra los pobres, bajo el impacto mediático de las declaraciones temerarias de Susana Gimenez a favor de la pena de muerte, apoyadas por Sandro, Cacho Castaña, Carmen Barbieri y otras estrellas de la farándula. Marcelo Tinelli no se quedó atrás y apuntó directo contra los pobres “porque te matan por el pancho y la Coca ... los delincuentes están todos libres y yo tengo que vivir en un country encerrado entre rejas”. No podía faltar Moria Casán, quien declaró que “la pena de muerte sería muy liviana porque te los sacás de encima muy fácil, encima, estando presos los mantenemos nosotros”. Tras la debacle del “ingeniero” Blumberg, la falta de referentes de la derecha con poder de convocatoria condujo a tentar a Susana y Moria para encabezar la próxima marcha a Plaza de Mayo como portavoces de la “seguridad”.
Reiterada infinidad de veces por los medios de comunicación, la oleada derechista fundada sobre la “indefensión de la gente” a partir del incremento de los delitos de sangre, en realidad no se compadece con ninguna estadística seria y obedece a una distorsión interesada de la realidad, reñida con los intereses generales de las grandes masas populares.

Según el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, en Argentina la tasa de encarcelamiento se triplicó entre 1980 y 2008, pero la tasa de homicidios decreció de 9,6 a 5,1 cada 100.000 habitantes entre 2001 y 2008, uno de los resultados más bajos del mundo, tal como también advierte la Red de Información Tecnológica Latino Americana, a partir de datos proporcionados por el Sistema de Información Estadística de la Organización Mundial de la Salud. Del mismo modo, la obsesiva asociación entre menores y asesinatos no guarda ninguna evidencia empírica. De acuerdo al informe “Privación de la libertad. Situación de niños, niñas y adolescentes en Argentina”, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y UNICEF, menos del 1% de los 20.000 niños y adolescentes privados de su libertad en Institutos correccionales de menores están afectados a delitos de sangre, datos coincidentes con los arrojados tanto por un estudio oficial de la Procuración de la Suprema Corte como por otro de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Como reconocen notables juristas y criminólogos, la predominante mayoría de los delitos de nuestro país son delitos contra la propiedad, entre ellos robos y hurtos, superando más del 75% del total de los ilícitos. Los delitos contra la propiedad responden a motivos generados por la pobreza y la marginalidad que afectan a las capas más vulnerables de las clases subalternas urbanas, producto de la brutal concentración de la riqueza en manos de un puñado de capitalistas. No resulta casual que la seguridad como problemática se impuso en la agenda política a mediados de la década del ’90, cuando la pobreza y la desocupación se dispararon astronómicamente. El Gobierno de la Ciudad de Bs. As. informó que entre 1990 y 2001 la tasa de delitos contra la propiedad aumentó 182,2%, pasando de 1,692 a 5,173 cada 100.000 habitantes.

El incremento registrado durante los últimos años no puede sino encontrar fundamento en 12,5 millones de pobres, 5,6 millones de indigentes y 6,3 millones de menores de 18 años pobres, de los cuales 3,1 millones directamente pasan hambre, tal como señala el diputado de la CTA Claudio Lozano, develando las estadísticas manipuladas del INDEK. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos se demuestra en que mientras el 30% más rico se apropió del 62,5% de los ingresos, el 40% más pobre se quedó con apenas el 12,5% (Crecimiento y Distribución 2003-2007. IEF-CTA). El 10% más rico gana 30 veces más que el 10% más pobre, superando la brecha de la desigualdad social del menemismo.

Operación ideológica

Esta operación ideológica de indefensión es martillada una y otra vez por los medios de comunicación de forma premeditada, distorsionando así la realidad en una secuela de homicidios en serie interminable. Los sectores más reaccionarios de la burguesía promueven esta ideología como un sentido común en defensa de la propiedad privada y la reproducción de sus condiciones materiales de vida, haciendo pie particularmente sobre las clases medias, y señalando como chivo expiatorio a los sectores más pauperizados de la sociedad, sobre los cuales habría que descargar la pena de muerte, la baja de la edad de imputabilidad y el control social estricto a manos de las fuerzas represivas. Curiosamente en este sentido, en EE.UU. hay un dicho popular que dice que “la pena capital es para aquellos que no tienen capital”. De este modo, las clases medias atemorizadas se convierten en el soporte de la defensa de la gran propiedad de los capitalistas. Así los medios construyen la imagen de esas clases medias que demandan seguridad para los ricos como ciudadanos honestos e impolutos frente a los “piqueteros”, los “vagos” y los “violentos” que afectan el “orden público”. Evidentemente, los pobres acaban indefectiblemente asociados al crimen.

La naturalización de los delitos esconde que tras la supuesta igualdad formal ante la ley (obviamente una ficción, pues un joven roba $15 y es condenado a 8 años de prisión, mientras que los patronales agrarias evaden impuestos y aportes sociales y encima reciben subsidios), la desigualdad social y económica determina que los sectores más pauperizados de las clases desposeídas, es decir aquellas privadas de propiedad, se vean empujadas hacia el delito y la marginalidad.

Precisamente, la predominancia de los delitos contra la propiedad es la demostración más cabal de las consecuencias generadas por la descomposición social inherente al capitalismo, lo cual inhabilita a su Estado y sus instituciones como portadores de una solución efectiva. Es en este sentido que la revolucionaria polaca Rosa Luxemburgo sostenía que “tanto el crimen como el castigo hunden sus raíces profundamente en la organización social” (Contra la pena capital, noviembre de 1918).

Las organizaciones obreras combativas, los organismos de DD.HH., el movimiento estudiantil y los movimientos sociales no pueden permanecer indiferentes ante la virulencia de semejante ofensiva, que tiende a fortalecer el poder represivo del Estado ante la crisis en ciernes. Es necesario levantar una gran campaña democrática, multiplicando todos los esfuerzos unitarios, para desterrar de una vez la cruzada reaccionaria de Scioli, De Narváez, Blumberg y todos los gorilas del mismo pelaje.

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