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Libertades democráticas

Sentencia en el segundo juicio por Campo de Mayo

Ante una sala colmada por cientos de personas que portaban las fotos de los detenidos desaparecidos, el tribunal dio el veredicto condenando a 25 años de prisión a Reinaldo Bignone.

Luis Bonomi

22 de abril 2010

El martes 20 se dictó el veredicto en el segundo juicio realizado por los crímenes cometidos en Campo de Mayo durante la última dictadura militar. Ante una sala colmada por cientos de personas que portaban las fotos de los detenidos desaparecidos, el tribunal dio el veredicto condenando a 25 años de prisión a Reinaldo Bignone, jefe del comando de Institutos Militares de Campo de Mayo y uno de los integrantes de la última dictadura militar. Igual pena recibieron Santiago Riveros, quien también ejerciera la jefatura de dicho comando, y el jefe de inteligencia de Campo de Mayo Fernando Verplaetsen.

Estos dos últimos ya habían sido condenados en el juicio por el secuestro y homicidio del negrito Floreal Avellaneda y su madre Iris Pereyra. También fueron condenados otros miembros del ejército como Jorge García, con una pena de 18 años; el jefe del batallón 601 Carlos Tepedino, a 20 años de prisión, y Eugenio Guañabens Perelló a la pena de 17 años de prisión.

El punto más positivo de la sentencia fue que se revocaron las prisiones domiciliarias que la mayoría de los condenados venía cumpliendo y se ordenó que cumplan su condena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Lamentablemente, el tribunal mantuvo una cierta lógica de obediencia debida ya que absolvió al comisario Montenegro, imputado por una privación ilegal de la libertad, y otorgó penas más bajas a aquellos genocidas que revestían en jefaturas por debajo de Riveros y Bignone. No se comprende sino por qué si todos fueron condenados por los mismos delitos algunos obtuvieron una pena mayor que otros, siendo que la atrocidad de los delitos cometidos no merecía ningún atenuante. Se desprende que los hechos no se analizan como parte de un genocidio, de un plan sistemático en el que cada genocida fue una pieza para cometer la totalidad de un plan, reduciéndolos a delitos aislados.

Juzgar a los genocidas que actuaron en Campo de Mayo, uno de los principales centros y maternidad clandestinos del país, sin investigar a los empresarios de Techint, Mercedes Benz, etc., es ocultar que este centro actuó en la principal zona industrial del GBA, por lo cual cinco mil compañeros detenidos desaparecidos que lo padecieron eran trabajadores. Es ocultar que fue una de las principales maternidades clandestinas que deja hoy a cientos de hijos apropiados sin su verdadera identidad. De todos modos, este juicio dejó al descubierto la participación de los empresarios el la dictadura militar, quienes no solamente idearon los planes económicos de la dictadura sino que también tomaron participación directa en delitos de lesa humanidad, al solicitar a los grupos de tareas que secuestren a delegados y activistas, o el caso emblemático de la Ford, que tuvo su propio centro clandestino dentro del predio fabril.

A pesar de los contundentes testimonios que desnudan esta sociedad entre militares y capitalistas, la justicia no ha investigado a ningún empresario a raíz de esos hechos, por lo que habrá que redoblar los esfuerzos para que de una vez por todas podamos ver sentados en el banquillo de los acusados a todos los miembros de esta sociedad genocida. 

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