Gabriela Quidel, estaba acusada por el delito de homicidio calificado por la relación de pareja y que preveía una pena de prisión perpetua. El juez, luego de escuchar a la defensora Ivana Dal Bianco integrante del CeProDH, que solicitó el sobreseimiento de Gabriela por encuadrar el caso en legítima defensa, y con el acuerdo de la fiscal Soledad Rangone, dictó el sobreseimiento encuadrando el caso en la causal de justificación de legítima defensa.

Eduardo Huenufil fue pareja de Gabriela Quidel desde que ella tenía once años. Al tiempo de que comenzó la relación, éste comenzó a ejercer violencia física y sexual contra Gabriela. Los innumerables episodios de violencia incluyeron atarla con alambre, pegarle desnuda delante de sus amigos, clavarle un cuchillo en el ojo, cortarla en una pierna, amenazarla y perseguirla constantemente para que volviera con él, entre otras atrocidades. Finalmente en un nuevo ataque con un vidrio y un cuchillo, Gabriela pudo defenderse, a ella y a sus hijos, y le clavó el cuchillo que le ocasionó la muerte a Eduardo, terminando con ese calvario de violencia que no cesaba y que había denunciado en fiscalías, juzgados penales y de familia sin obtener respuesta.

Luego de que Gabriela fuera acusada por el delito de homicidio calificado y elevada la causa a juicio oral, en virtud del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia, la abogada Dal Bianco solicitó una audiencia oral para insistir con el pedido de sobreseimiento.

El Juez Zavala en primer lugar aceptó la recusación. En segundo término, el juez resolvió “sobreseer a Gabriela Quidel encuadrando el caso en legítima defensa por darse los supuestos del articulo 34 inciso 6 del Código Penal, esto es que existió una agresión ilegitima, que la imputada se defendió y defendió a sus hijos, que el medio empleado (un cuchillo) era razonable para repeler la agresión, como consta en la pericia médica la imputada sufrió múltiples heridas cortantes ese día y no existió provocación alguna, además debió reconocer los años de violencia a los que fue sometida”.

La abogada Ivana Dal Bianco afirmó que “es un precedente importantísimo, porque se reconoce la legítima defensa como causal de justificación en un caso de violencia de género. Ante la falta de respuesta del Estado, luego de 12 años de violencia, Gabriela pudo defenderse y no engrosar la lista de mujeres víctimas de femicidio. El sistema penal en general no reconoce a las mujeres la posibilidad de defenderse y se acusa a las víctimas de la violencia como si fueran las victimarias. Este sobreseimiento que reconoce la violencia que Gabriela sufría, y que justifica su accionar, en definitiva reconoce el derecho de las mujeres a defenderse. En Gabriela estaban las miles de mujeres que sufren la violencia de los hombres y la ineficiencia estatal para dar respuesta”.

Dal Bianco había solicitado que el caso respete los estándares jurídicos reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a los Estados a dar una respuesta diligente, rápida y eficaz en los casos de violencia de género y denunció la ineficiencia y responsabilidad del Estado, a la vez que solicitó que se enmarque el caso en el contexto y la historia de violencia sufrida por Gabriela.