El gremio camionero desacató la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, profundizó las medidas de fuerza y atacó la distribución de combustibles. La protesta tomó dimensión nacional y cambió el escenario político poniendo en la agenda el reclamo contra los techos en paritarias, contra el impuesto al salario y por el pago de las asignaciones familiares a todos los trabajadores.

El enfrentamiento con el gobierno está al rojo vivo. Cristina Fernández adelantó su regreso desde Brasil y declaró que pedirá a la Justicia que frene el paro moyanista. Un día antes, el sinvergüenza de Boudou amenazó con aplicarles la ley de desabastecimiento. La Gendarmería continúa apostada frente a los piquetes, y en La Matanza, el miércoles 20, ya habían comenzado los forcejeos. En respuesta, Moyano amenazó en el programa A dos Voces con una huelga nacional de camioneros con movilización a Plaza de Mayo. La fecha la fijará el jueves 21 y se verá si pasa de las palabras a los hechos o si es un amague para buscar una mesa de diálogo.

La virulencia de la pelea tiene como motor la ruptura de Moyano con el kirchnerismo y la necesidad de defenderse del encono con que la presidenta lo desbancó de las principales posiciones de la coalición gubernamental, así como de la ofensiva para echarlo como Secretario General de la CGT, apostando a la división de la central obrera.

Aunque estos sean los objetivos que más le importan a Moyano, el paro camionero es un desafío al exiguo 23/24% de aumento, el promedio que varios burócratas ya le firmaron al gobierno y a los patrones en paritarias. Pero como es costumbre en quien bancó a rajatabla el “modelo” K, lo que no existe para el jefe de la CGT son las reivindicaciones de los trabajadores más castigados, los que están en negro o precarizados.

El otro gran conflicto obrero que tomó protagonismo es el de la Alimentación. Ahí, el burócrata Rodolfo Daer, presionado por las grandes fábricas donde tiene peso la izquierda clasista, se vio obligado a salir al paro y ahora quiere negociar a espaldas de los trabajadores (ver página 5).

“Antiajustadora” para la tribuna

Está por verse hasta dónde piensa llegar el gobierno y hasta dónde quiere ir Moyano aunque, más allá de las intenciones de ambas partes, hay una clara tendencia a los extremos, y el conflicto puede tomar una dinámica propia. CFK ya dispuso sus primeras armas. No sólo la amenaza represiva de Gendarmería. La ley de desabastecimiento es un avance en la judicialización de la protesta. La ley fue impuesta por Perón en pleno “pacto social” en junio de 1974 con el telón de fondo de la crisis mundial. Decía que era para frenar los aumentos de precios y limitar la rentabilidad empresaria. La historia es conocida. Los patrones siguieron incrementando los precios y conspirando en el mercado negro mientras los trabajadores tenían los salarios congelados y prohibido el derecho de huelga. Ahora el gobierno “nacional y popular” quiere aplicar esta ley contra los camioneros y que la Justicia los persiga, además, por desacato a la conciliación obligatoria.

Por más que la presidenta hable contra los planes de ajuste en el G20, lo que está en curso en Argentina es un ataque al salario y al empleo. La reunión entre CFK y Dilma Roussef fue una pose para la tribuna y no, como dicen los K, un avance en la unidad regional contra las imposiciones de las potencias imperialistas. La realidad es que el Mercosur está en cuestión porque el impacto de la crisis mundial sobre Brasil llevó a la disminución de las exportaciones argentinas, afectando sensiblemente la producción automotriz local. A los metalmecánicos ya les aplican suspensiones, recorte de horas y hasta despidos (ver página 4). Si a esta situación le agregamos el avance de la inflación y los techos salariales, lo que, además está en cuestión, son los dos pilares del “nunca menos” kirchnerista: las paritarias y el derecho al trabajo.

Moyano y la interna peronista

Con el paro camionero Moyano también se juega a impactar en la interna peronista. La incertidumbre sobre la fortaleza del “modelo” avanza desgastando el bonapartismo “de caja” del gobierno, lo que permite que emerjan más abiertamente las tendencias al resquebrajamiento del frente gubernamental. Aunque Scioli dijo que se subordina a las decisiones de CFK está abriendo la puerta para recolectar a los heridos del peronismo. El primero en anotarse fue Moyano y ahora el bonaerense tiende puentes hacia el intendente de Tigre, Sergio Massa. Parte de este enfrentamiento se vio en el Congreso de la FUA donde la JUP sciolista le dio quórum a Franja Morada, a cambio de la Secretaría General de la Federación. Un revés para La Cámpora que, comandada por el Jefe de Gabinete, Abal Medina, formó su propia FUA con una fuerza completamente minoritaria (ver página 11).

Por una política independiente

En varias ocasiones planteamos que la política kirchnerista de dividir a las organizaciones de los trabajadores llevaba implícito un problema estratégico: con qué fuerza iba a contar el gobierno y las patronales para contener la lucha de clases. La burocracia sindical moyanista, no está en condiciones de aceptar mansamente el papel que quiere otorgarle el gobierno, se pasó a la oposición y comenzó a mostrar en la calle su capacidad de daño. Pero no defiende los intereses de todos los trabajadores. La eliminación del impuesto al salario y el pago de las asignaciones familiares son consignas progresivas que apoyamos, pero sólo mejoran las condiciones de un sector de los que están en blanco.
A principios del convulsionado siglo XX, Alexander Parvus, fue el primer marxista en plantear la importancia de la posición estratégica del transporte en la gran política estatal (en esa época hasta las tropas para reprimir huelgas se movilizaban por ferrocarril). Pero Moyano usa el peso estratégico de su gremio al servicio de una política mezquina, la de plantarse en el control de la CGT. Viniendo de quien nunca movió un dedo por los trabajadores en negro o precarios y ahora se alinea con la derecha peronista, los luchadores tenemos que confiar sólo en nuestras propias fuerzas.

La CTA Micheli declaró que se sumaría al paro nacional camionero. Pero con medidas aisladas no alcanza. Partiendo del apoyo a la huelga camionera y a sus reivindicaciones hay que exigir que la CGT Moyano y la CTA Micheli convoquen a un paro de todos los trabajadores y a un plan de lucha nacional. Hay que imponer que los sindicatos “oficialistas” rompan con el gobierno y sean parte de un amplio frente único por las demandas de toda la clase obrera.

Ahí donde tenemos influencia, quienes integramos la izquierda clasista, y también en el movimiento estudiantil, realizaremos asambleas para votar estas consignas y un pliego único que incluya la defensa del salario, la eliminación del impuesto a las ganancias a la 4° categoría, el pago y el aumento de las asignaciones familiares a todos los trabadores, acabar con las suspensiones y los despidos y el trabajo en negro. Fuera la gendarmería del Proyecto X, fuera la policía de los conflictos obreros, abajo la Ley Antiterrorista.

Es desde la estrategia de unir las filas obreras que vamos a impulsar plenarios y comisiones de lucha, como hicimos en la gran pelea de los tercerizados del Roca, para organizar a los que la burocracia sindical no quiere organizar, los compañeros precarizados y en negro. Vamos a llevar la moción de un congreso de delegados de base para unir desde abajo la fuerza de toda la clase trabajadora que cuando se pone en movimiento ha sabido ser arrolladora.

En la Conferencia Obrera del PTS que realizaremos el 8 de julio en el estadio cubierto de Ferro se reunirán miles de activistas y los representantes más destacados de la izquierda clasista. Contra todo intento de llevar la lucha de los trabajadores al encumbramiento de los políticos patronales, más que nunca plantearemos que la clase obrera debe construir su propio partido, sin patrones ni burócratas millonarios.