El asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea detonó una cacería de brujas contra los sectores más pauperizados de la sociedad. Las marchas de San Isidro y La Plata enarbolaron la bandera de la seguridad, exigiendo la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, la restricción de las excarcelaciones y el sistema de salidas transitorias y el diseño de nuevas políticas represivas que criminalizan la pobreza.

A tono con este programa, en San Isidro fueron ovacionadas figuras emblemáticas de la mano dura como Juan Carlos Blumberg, el rabino Sergio Bergman y Francisco De Narváez, aunque el ‘progresista’ Juan Carr, titular de Red Solidaria, no se quedó atrás y reclamó la construcción de más cárceles, en tanto otro dirigente exigió que se mantenga la militarización de la Villa La Cava para reforzar el cerco de paredones y alambradas que separan a los pobres de las mansiones de los countries.

Mientras el ministro de Seguridad Carlos Stornelli promueve la concesión de nuevos poderes para la policía bonaerense, el gobernador Daniel Scioli declaró que en el Congreso hay en danza 15 proyectos para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, desde el presentado por el macrista Eugenio Burzaco hasta los elaborados por las kirchneristas Diana Conti, Vilma Ibarra y Graciela Gutiérrez, desde ya que bajo la excusa de “proteger los derechos de los menores”. En un desborde de sinceridad, Scioli destacó que “hay que copiar el ejemplo de Alvaro Uribe” (Clarín, 24/10), el presidente de Colombia, famoso por impulsar bandas paraestatales responsables de asesinatos de dirigentes sindicales y campesinos pobres. Temerario.

San Isidro y La Matanza

El Instituto para la Observación y Prevención de San Isidro, un foro formado por cámaras patronales y la Iglesia, señaló que el 70% de los delitos del conurbano son cometidos por jóvenes que provienen de La Matanza (Clarín, 24/10). Pese a no contar con ninguna prueba fehaciente, y basarse sólo en suposiciones alimentadas por prejuicios racistas, Scioli y el intendente Posse ordenaron una serie de razzias que aterrorizaron la Villa Puerta de Hierro de La Matanza para capturar a los supuestos asesinos del ingeniero Barrenechea. Con justa razón los docentes de Brian Barrera, uno de los menores apresados, denunciaron que se trataba de un típico caso de criminalización de la pobreza. Es que La Matanza concentra más de un 50% de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, en guetos que no cuentan con agua potable, cloacas, gas natural y pavimento.

Para justificar esta ofensiva, los medios de comunicación revelaron que, según datos oficiales de la provincia, los delitos cometidos por adolescentes crecieron un 80%. Así la derecha busca demonizar a la juventud pobre en momentos en que la pobreza registra una estimación de crecimiento que llega al 30% de la sociedad, alcanzando a 13 millones de personas que obtienen un ingreso promedio de $615, mientras un puñado de empresarios embolsa la mayor parte de la riqueza nacional (Artemio López, Crítica, 23/04). Producto de esta situación, más de 650.000 jóvenes entre 15 y 19 años se vieron obligados a abandonar los estudios, de los cuales 329.000 oscilan entre la desocupación y la marginalidad (La Nación, 28/10).

Scioli y Stornelli se valen de la justicia, la policía y las cárceles para hacer efectiva la criminalización de los jóvenes pobres. Mediante el Régimen Penal de la Minoridad, sancionado por la dictadura militar, imponen el encierro en Institutos de menores, un régimen brutal declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Casación Penal, aunque reforzado por la ley provincial 13.634 (sancionada en junio) que garantiza la celeridad del proceso de arresto del menor en apenas 12 horas. Con la bonaerense disponen de 54.000 hombres, socios en los grandes delitos, que hostigan permanentemente a los jóvenes de los barrios más humildes, atenazados entre la desocupación, el empleo precario y la marginalidad del pequeño delito. Sólo en el gobierno de los Kirchner la policía asesinó a 847 jóvenes por casos de gatillo fácil, según datos de la CORREPI de diciembre de 2007. Con las cárceles mantienen a más de 80.000 detenidos hacinados en pocilgas deplorables, de los cuales más de la mitad no tiene condena, y son mayoritariamente pobres con una edad promedio de 24 años.

La polaridad clasista entre San Isidro y La Matanza ilustra una realidad que tenderá a recrudecer ante el desarrollo de la crisis económica internacional, pues el gobierno y los empresarios se disponen a descargar los costos sobre los trabajadores con suspensiones, despidos y ajuste del gasto social, que incrementará las penurias de los sectores más vulnerables. Los sectores de derecha se preparan, agitando contra los pobres la necesidad de implementar una sociedad carcelaria, blindando aún más el Código Penal para otorgarle nuevos poderes represivos a la policía, incluso después de haber incorporado las leyes cavernícolas de Blumberg.

La clase trabajadora debe levantar desde los sindicatos un programa para unirse a los pobres de la ciudad y el campo, que comience por luchar por trabajo para todos con un plan de obras publicas que ocupe todas las manos dispuestas a trabajar; al mismo tiempo que oponerse a los ataques del Estado y los grupos reaccionarios que criminalizan a la juventud pobre, no solo rechazando la baja de la edad de imputabilidad, sino también luchando por la disolución de esa verdadera “asociación ilícita” que es la policía y la derogación de toda la legislación represiva. El horizonte de más descomposición social no puede evitarse sino mediante un programa obrero y popular para que la crisis la paguen los capitalistas.