Pasados siete días de una nueva masacre contra el pueblo trabajador, Randazzo y sus funcionarios vienen siguiendo, básicamente, dos líneas: por un lado, llevaron adelante una campaña persecutoria para culpar al maquinista de lo que ocurrió, y por el otro, buscan encauzar todo a través de una comisión investigadora designada por el mismo gobierno, sin participación de usuarios ni trabajadores. La primera reacción del ministro fue deslizar que podría haber existido intencionalidad, es decir un atentado o sabotaje. A esta idea de “conspiración” adhirió también Luis D’Elia, que intentó generar sospechas sobre Rubén “Pollo” Sobrero (delegado de la línea Sarmiento) y Pino Solanas como posibles autores, algo ridículo. Lo siguiente fue mostrar en los medios fotos del interior del tren, intentando inútilmente probar que el maquinista no había accionado los frenos.
Como relatan los trabajadores de la línea Sarmiento, esa formación viene presentando problemas desde hace mucho tiempo, incluso después de salir de los talleres donde la estuvieron reparando. Parece un chiste de mal gusto, pero la realidad es que los trenes se siguen reparando en los talleres de los Cirigliano, responsables directos de la masacre de Once. El gobierno les sigue pagando fortunas a estos asesinos, y se calcula que en los últimos meses les dieron cerca de $193 millones por reparaciones. Los trabajadores de esos talleres hacen el mejor trabajo que pueden con los materiales que les dan, que generalmente son inadecuados para esas unidades. Esto también lo vienen denunciando los trabajadores del Sarmiento: las formaciones son verdaderos “injertos” emparchados con partes de distintos orígenes, muchas veces de mala calidad, y esto empeora aun más las cosas ante cualquier incidente. Otra cosa que queda cada vez más en evidencia es que si se hubiera instalado un sistema de frenos más seguro, similar al que hay en el subte (donde los mecanismos se accionan automáticamente ante determinadas situaciones, no dependiendo únicamente del maquinista) se reduciría de manera contundente el riesgo.
En lo que respecta a la causa, además del maquinista, la justicia también imputó a quienes autorizaron la salida del Chapa 01; ante esto hay que recordar que muchas veces los operarios son apretados por las empresas para dejar salir las formaciones o no frenarlas aunque funcionen mal. El mismo ex secretario de Transporte Schiavi abrió causas contra trabajadores por negarse a mover trenes con problemas técnicos. En una verdadera farsa, el gobierno nacional designó una comisión investigadora donde se “investigarán” a sí mismos, con gente del propio ministerio del Interior y Transporte, de la CNRT y algunos ingenieros y técnicos puestos a dedo. Uno de ellos, Fernando Frediani, fue asesor del asesino Pedraza y le fue asignado un cargo muy importante en la administración de los ferrocarriles cuando Menem llegó al poder… justo antes de la privatización que dejó decenas de miles de ferroviarios sin trabajo. Cuarenta víctimas y familiares de Castelar hicieron una denuncia penal contra Roggio de Metrovías y Romero de Ferrovías, pero no hay que olvidarse que ellos gestionan el Sarmiento junto con el Estado, y que entonces el mismo gobierno es responsable y debe ser investigado. La única forma de averiguar realmente lo que pasó es que la comisión la conformen usuarios y trabajadores, que son los únicos interesados en que el servicio funcione correctamente, porque ninguno de esos funcionarios ni empresarios utiliza el transporte público.
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