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NACIONAL

FALLO DE LA CORTE SOBRE LA LEY DE MEDIOS

Triunfo político del gobierno (pero la democratización ‘bien, gracias’)

El fallo de la Corte Suprema del martes 29 cayó como un balde de agua fría entre los dueños, gerentes y abogados del Grupo Clarín. Al declarar constitucionales cuatro artículos de la Ley 26.522, frenados hace cuatro años por medidas cautelares a favor de Noble y Magnetto, el máximo tribunal dio por cerrada la discusión sobre la validez o no de la ley votada en 2009. En teoría, ahora Clarín no tendría excusas para adecuarse a la ley.
Pero el fallo también cuestiona el accionar del gobierno, en especial de la autoridad de aplicación dirigida por Martín Sabbatella.

Daniel Satur

31 de octubre 2013

Triunfo político del gobierno (pero la democratización ‘bien, gracias')

El fallo de la Corte Suprema del martes 29 cayó como un balde agua fría entre los dueños, gerentes y abogados del Grupo Clarín. Al declarar constitucionales cuatro artículos de la Ley 26.522, frenados por medidas cautelares a favor de Noble y Magnetto, el máximo tribunal dio por cerrada la discusión sobre la validez o no de la ley votada en 2009. Desde “la Corpo” pusieron el grito en el cielo por esta suprema “ayudita” al gobierno tras la paliza sufrida en las elecciones del domingo. El propio editorialista de Clarín, Eduardo Van Der Kooy, se preguntó “¿por qué no haberlo dictado, como salió ayer, en dos o tres semanas?” (Clarín 30/10).
Ahora comienza una nueva etapa, tanto para el gobierno como para Clarín, seguramente llena de nuevos pleitos judiciales y pujas políticas. Pero el dato insoslayable de los resultados electorales del último domingo obliga a preguntarse qué margen de maniobra tiene el gobierno hoy para cobrarle su despecho a Clarín.
Más allá de lo que pueda pasar en el mediano y largo plazo, de lo que podemos estar seguros es de una cosa: ni Clarín, ni el Gobierno ni la Corte están discutiendo nada que se parezca a la democratización de la comunicación ni a la libertad de expresión para las mayorías trabajadoras y el pueblo. Al contrario, lo que ellos discuten es cómo se debe regular del mercado capitalista de medios para beneficiar, en última instancia, a la burguesía en su conjunto.

El fallo
En la sentencia, seis de los siete jueces de la Corte dijeron que los artículos objetados por Clarín son constitucionales. Se trata del 41, 45, 48 y 161, referidos a la cantidad de licencias de radio y TV permitidos para una sola empresa y de los plazos y las formas fijados para vender los medios excedentes y así adecuarse a la nueva norma. Es decir que, en teoría, ahora Clarín no tendría excusas para adecuarse a la ley.
Pero el fallo también cuestiona el accionar del gobierno, en especial de la autoridad de aplicación dirigida por Martín Sabbatella, la AFSCA, al marcar que nada le impidió aplicar la ley para el resto de los medios y sin embargo no lo hizo. A su vez cuestiona el manejo discrecional de la millonaria publicidad oficial y la gestión nada “pública” de los medios estatales, convertidos en oficinas gubernamentales de propaganda.
La publicación del fallo después de las elecciones no es casual. Los jueces prefirieron no fallar en medio de la campaña electoral en la que tanto gobierno como oposición se jugaban mucho más que bancas legislativas. Claramente un fallo desfavorable para el gobierno hubiera significado un golpe fenomenal, teniendo en cuenta lo debilitado que sale de las elecciones. Ahora la Corte -una reaccionaria y antidemocrática institución con jueces vitalicios a quienes no elige el pueblo y que se atribuyen la potestad casi monárquica de legitimar o no las leyes- se ubica como un árbitro en la arena política en medio del fin de ciclo kirchnerista.
El gobierno se anota un triunfo político, pero desde la misma Corte adelantan que la batalla judicial seguirá. Tanto Zafaroni como Lorenzetti aclararon que la "desinversión" de algunos bienes de Clarín será motivo de nuevos pleitos. Además de futuras cautelares y otros recursos legales, los “supremos” hasta se animan a sugerirle a Clarín en el punto 32 del fallo que prescinda de ‘empleados’ e incremente ‘los precios del servicio’. O sea, que descargue cualquier perjuicio económico sobre los trabajadores y el público usuario. Un fallo antiobrero y antipopular.

Lo que puede venir
Durantes cuatro años Clarín buscó dilatar la cuestión, ganando tiempo de cara a futuros cambios políticos que le resultaran favorables. Y en cierta medida lo consiguió. El kirchnerismo ya no es “lo que era” y hoy todos los posibles sucesores de Cristina, oficialistas y opositores, son pro Clarín. Tal vez este fue el último festejo (degradado) de los sectores progresistas del kirchnerismo, quienes hubieran preferido tirar luces de colores en el fallido "7D".
De todos modos, con el fallo de la Corte en la mano, el gobierno puede intentar hacerle pagar a “la Corpo” sus afrentas. Y allí están agazapadas otras grandes corporaciones para capitalizar lo mucho o poco que Clarín pueda perder en el camino. Los especialistas en la materia vaticinan nuevos juicios con los tiempos que todos nos podemos imaginar. Mientras, en las oficinas de algunas empresas ya se tejen posibilidades de nuevos negocios. A juzgar por las políticas oficiales, algunas otras “korpos” podrían ganar terreno en el mediano plazo. La propia presidenta hace poco le hizo publicidad a DirecTV, competidora de Cablevisión. Sus funcionarios se pasean por Telefé y otras empresas de Telefónica. Recordemos que Sabbatella hace casi un año le propuso a Vila y Manzano que se repartan el Grupo Uno entre la familia para eludir cualquier restricción legal sobre las licencias.
Tras el divorcio con Clarín en 2008 el gobierno buscó contrarrestar el poder del grupo alentando el desarrollo de capitalistas afines. La ofensiva k llegó al punto de dejar que un empresario amigo como Cristóbal López, que no tenía nada en el rubro hace tres años, le compre C5N, Radio 10 y otras emisoras a Daniel Hadad. Una transferencia totalmente irregular, realizada entre las sombras y sorteando artículos de la propia Ley de Medios.
La Ley establece límites muy moderados a la concentración. Un mismo operador puede tener diez canales de televisión abierta y 24 licencias de televisión por cable. Clarín, en el caso de cumplir con la ley, no tiene que atomizarse, debería vender algunas pocas licencias pero conservaría ese mercado en las plazas más importantes del país.

¿Y la democratización?
Desde 2009, con casi toda la Ley vigente (menos los cuatro artículos en cuestión), en lo único que se avanzó fue en la conformación de nuevos multimedios afines al kirchnerismo. Por cada paso atrás de Clarín darán un paso adelante otras corporaciones, algunas de ellas multinacionales de mayor peso que el propio grupo de Magnetto y Noble que construyó su poder en décadas de pactos y favores de gobiernos militares y constitucionales, como el del propio Néstor Kirchner que autorizó la fusión Multicanal/Cablevisión a poco de terminar su mandato en 2007.
Ni a Clarín, ni al Gobierno ni a la Corte les importa democratizar la comunicación ni la libertad de expresión. Ellos están discutiendo la regulación del mercado capitalista de los medios, donde se intenta conciliar dos derechos irreconciliables: la propiedad privada de los medios y la libertad de expresión. Los trabajadores, los estudiantes, la izquierda, los pueblos originarios y las distintas expresiones artísticas y culturales populares tienen vedado el libre acceso a los medios de comunicación masiva. La TV y la radio “públicas”, por ejemplo, no invitaron jamás a ningún candidato del Frente de Izquierda en las dos últimas elecciones. Los trabajadores que luchan se siguen viendo obligados a cortar calles para hacerse ver y expresar sus demandas, en general ignoradas por todos los medios, opositores y oficialistas. Medios que sí los demonizan al unísono, como ocurre con los trabajadores del Subte o con los del Ferrocarril Sarmiento luego de cada choque ferroviario, tratando de moldear una opinión pública hostil a sus legítimos reclamos.
Una verdadera democratización de los medios está enfrentada directamente a toda lógica atada al lucro y a los intereses, lobbys y operaciones de los capitalistas y sus políticos. Claramente no es el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Mientras luchamos por romper con esa lógica alertamos sobre cualquier intento de descargar las consecuencias de esta puja entre capitalistas sobre las espaldas de los trabajadores de medios y el público usuario. Luchamos por una verdadera democratización de los medios de comunicación, información y entretenimiento, para que sean gestionados por los trabajadores al servicio de la pluralidad de todas las expresiones del arte, la cultura, la política, la ciencia y para que tengan voz los que no la tienen, las mayorías explotadas y oprimidas de la sociedad.

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