Los puntos que se anunciaron de la reforma política anunciada por Cristina Fernández hablan de un proyecto de ley antidemocrático y mucho más proscriptivo que la actual normativa electoral. El proyecto kirchnerista aumenta exponencialmente la injerencia del Estado burgués en la vida de los partidos. El piso del 3% de votos en las primarias que sería necesario lograr para participar en las elecciones generales es un intento de recrear en forma senil el bipartidismo y de llevar a los partidos chicos a orbitar alrededor de los grandes como el PJ y la UCR . Cristina Fernández puso como ejemplo Uruguay y Chile, donde sólo tienen representación parlamentaria dos o tres partidos. Amén de la oportunidad del matrimonio presidencial para hacer una Ley que permitiría que Néstor Kirchner o algún ladero sea el candidato del PJ y que sus oponentes no pudieran presentase por fuera del partido, es un intento de recrear por arriba el sistema partidario profundamente debilitado luego de la rebelión popular de diciembre de 2001.

Mediante el rimbombante nombre de “internas simultáneas, abiertas y obligatorias” se quita toda soberanía a los partidos para que éstos definan sus propios candidatos. En nombre de una supuesta democratización de la vida política argentina se deja que el Estado y de los medios de difusión monopólicos sean los que verdaderamente incidan no sólo en el resultado general de las elecciones (como sucede ahora) sino también en quiénes serán los propios candidatos. ¿Qué tiene de democrático que un gerente de una multinacional como Kraft, un obispo o un genocida no condenado estén habilitados para elegir los candidatos de un partido de la clase trabajadora? ¿Por qué luchadores obreros que decidan formar una herramienta política deberán estar al arbitrio de la opinión pública incidida por los medios burgueses para elegir sus candidatos?

El proyecto plantea que de ahora en más para obtener la personería electoral los partidos deberán afiliar a miles de personas, en vez de conseguir adhesiones democráticas como hasta ahora. De aprobarse, esto significaría mayores facilidades para los punteros y la política clientelar ejercida por los intendentes y gobernadores, y mayores trabas a los partidos de la clase obrera que no cuentan con la infraestructura ni los fondos de los grandes partidos patronales.

El hueso progresista con el que Cristina quiere vender este proyecto es que el 50% de la publicidad en TV sería repartida para todos los partidos que se presenten por igual y el resto proporcional a la cantidad de votos que se sacaron en la elección anterior. Es un sinsentido creer que esto sería equitativo (sólo para quiénes logren superar el escollo de obtener el 3% de los votos en la primaria) cuando seguirá vigente el reino del capital en cuanto a qué político participe en tal o cual programa masivo de radio o TV. ¿Invitaría un candidato obrero de un partido o un frente de izquierda la producción de un programa sponsoreado por Kraft o Iveco? Con esta medida lejos se está de acabar con las compras de periodistas por parte de políticos millonarios como De Narváez o los mismos Kirchner. Claro que el proyecto omite hablar de la publicidad en la vía pública o por internet, un medio cada vez más masivo donde la publicidad paga y los sponsors tienen cada vez más lugar.

Mención aparte merece la posición de la oposición de derecha de la UCR, Carrió, el PRO y el peronismo disidente. Más allá que este proyecto está hecho al dedillo para un ala del radicalismo (el anti-cobismo), todos tuvieron que salir al cruce para no quedar pegados al gobierno. Muy cínicamente quienes apoyaron cuanto plan de ajuste se haya impuesto en los últimos 25 años, quienes vienen bregando por la nueva entrada al FMI, ahora plantean que la agenda debe ser el combate de la pobreza. Los hacedores y sostenedores del Pacto de Olivos (Carrió incluida) buscan mantener un régimen de partidos financiados por los empresarios y donde la información y la difusión de ideas siga estando en manos de los monopolios mediáticos.

El PTS participaba a la salida de esta edición de una reunión con el resto de los partidos de izquierda que se realizaba en el Hotel Bauen para tomar una posición común y planificar diversas acciones.