El acto gubernamental por el 30° aniversario de la guerra de Malvinas dejó en evidencia que el reclamo oficial por la soberanía de las islas no es más que un fraude. Si bien Cristina denunció el “colonialismo británico”, terminó abogando por una negociación que respete “el interés de los isleños”, deslizándose hacia posiciones similares de intelectuales cipayos como Beatriz Sarlo que promueven la autodeterminación de los kelpers. Ni bien cerró esa puesta en escena, el premier británico David Cameron lanzó una provocación exigiendo el pago de una deuda derivada de un préstamo a la Junta Militar en 1979. El empréstito de U$ 71,41 millones fue contraído con Videla para comprar dos helicópteros Lynx y dos buques de guerra del modelo Tipo 42, presuntamente empleados en la guerra de Malvinas, según informó el Financial Times. El revés enmudeció al gobierno y su “relato” de soberanía.

Solidarios con la demanda nacional de soberanía sobre las islas, los activistas británicos del grupo “Jubilee Debt Campaign” llamaron a “anular el préstamo dado irresponsablemente a dictadores a sabiendas que no lo invertirían en desarrollo”. Sin embargo, el partido laborista suscribió la demanda de los torys, desnudando la hipocresía de la Internacional Socialista sobre la “ilegitimidad” de las llamadas “deudas odiosas”, aquellas contraídas con dictaduras. ¡Acaso Hermes Binner y Ricardo Alfonsín, miembros criollos de la socialdemocracia, no acompañan a Cristina en favor del pago de la “deuda odiosa” al Club de París!

La prepotencia de Cameron sólo se comprende por la subordinación de Argentina en tanto nación oprimida a los designios imperialistas, sellada en infinidad de pactos infames. En ese sentido, el gobierno mantiene vigente el Tratado de 1825 que legalizó los “derechos” del capital británico, estableciendo el “privilejio” (sic) de los ciudadanos británicos a conservar sus bienes y propiedades los cuales no estarán sujetos “a ninguna exacción”, “secuestro” o “embargo”, incluso ante cualquier ruptura de relaciones. El acuerdo, ratificado en 1933 por el Tratado Roca-Runciman, señala que “ninguna disposición de la presente convención afectará los derechos y obligaciones” enunciadas en 1825.

Con razón, mientras Thatcher ordenaba el hundimiento del Belgrano donde murieron 323 soldados y confiscaba 1000 millones de dólares del Banco Nación, el genocida Galtieri seguía pagando la deuda al Banco de Londres. ¿Por qué motivo entonces hoy Cameron no habría de exigir lo que le corresponde a Gran Bretaña por “derecho”?

Tras la derrota en Malvinas, Alfonsín y Menem completaron la entrega en el Tratado de Madrid de 1990, introduciendo la formulación del “paraguas de la soberanía”, manteniéndola en “suspenso”, mientras imponía la “bilateralidad económica” en la explotación pesquera e hidrocarburífera hasta las islas Orcadas, normativa consagrada en la Ley 24.184 y votada en 1992 por todos los bloques parlamentarios. Desde la guerra a nuestros días, la historia demuestra que tanto los militares, como los gobiernos constitucionales y las diversas fracciones de la burguesías fueron serviles al imperialismo, incapaces de llevar adelante las demandas por la liberación nacional, contrariamente a lo que sostienen sectores de izquierda como el PCR que abrigan ilusiones de una “segunda independencia” de manos de la burguesía nacional y los militares “patriotas”.