“No se trata de una causa más para el Gobierno ya que lo ha puesto en una situación incómoda frente a sectores afines, especialmente aquellos involucrados en asuntos de Derechos Humanos. El expediente es seguido de cerca por el viceministro de Seguridad, Sergio Berni, quien actualmente oficia de interlocutor político con la Gendarmería”, consignaba el diario ˜ámbito Financiero (10/7) en la noticia sobre la causa contra Gendarmería por la infiltración y el espionaje ilegal a los trabajadores de Kraft, PepsiCo y militantes de izquierda (“Proyecto X”), la misma, no podrá ser dividida como pretendía el juez Norberto Oyarbide.

A partir de la apelación de la querella encabezada por nuestros compañeros del PTS Myriam Bregman (abogada del CeProDH) y Javier “Poke” Hermosilla (referente de la interna de Kraft) contra la decisión de Oyarbide de dividir la causa tomando como excusa que la infiltración y espionaje a la lucha de Kraft se realizó bajo la jurisdicción de la Justicia de San Martín, los camaristas de la Sala I, ante lo obvio, se vieron obligados a reconocer en su fallo que “Más allá de que las diferentes bases de datos con las que contaría Gendarmería Nacional se encuentren localizadas en distintos lugares –el edificio Centinela, en esta ciudad de Buenos Aires, y el Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires-, las conductas denunciadas -la posible infracción a las leyes de Inteligencia Nacional y de Seguridad Interior por parte de personal o autoridades de dicha fuerza de seguridad- constituirían una unidad de hecho”. Y agregan que “si bien los actos de ‘inteligencia ilegal’ que habrían sido llevados a cabo por personal de Gendarmería Nacional, según los términos de la denuncia, habrían tenido lugar en varias jurisdicciones -tanto en esta ciudad de Buenos Aires como en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires-, se habrían ajustado a una similar modalidad de acción. Es en virtud de ello que los denunciantes expresan la necesidad de determinar si dicho accionar respondió a un plan que involucra a las máximas autoridades de la fuerza de seguridad de mención”.

Se trata de todo un triunfo político-legal en el marco de la lucha contra el espionaje, la infiltración y las causas penales contra los que luchan. La decisión de Oyarbide, revocada con este fallo, hubiera significado la lisa y llana impunidad para esta fuerza, la Gendarmería, comandada por un gobierno que cada vez muestra más su verdadero rostro antiobrero.

Ya basta de espionaje y represión a los que luchan.