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NACIONAL

Una amiga de la corporación judicial

¡Eureka! Después de casi diez años de gobierno, Cristina descubrió que la Justicia es una institución “corporativa” donde “los jueces nunca se condenan a sí mismos” y tienen “privilegios” e “intereses” ajenos a los simples mortales.

Miguel Raider

20 de diciembre 2012

Una amiga de la corporación judicial

¡Eureka! Después de casi diez años de gobierno, Cristina descubrió que la Justicia es una institución “corporativa” donde “los jueces nunca se condenan a sí mismos” y tienen “privilegios” e “intereses” ajenos a los simples mortales. El escándalo por el fallo del caso Marita Verón, que desnudó la connivencia entre la Justicia, la policía, la trata de personas y el gobierno de Alperovich, explica el repentino interés de Cristina por “democratizar la Justicia”, agregado a la pugna con el Grupo Clarín, donde la Cámara Civil y Comercial dejó vigente la medida cautelar contra el fallo establecido por la Ley de Medios.

Aunque hoy enemistada, Cristina es una gran amiga de la corporación judicial. Junto a Néstor, en 1994 votó la Reforma Constitucional, hija del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, que alumbró el Consejo de la Magistratura para designar y remover jueces, fortaleciendo esa corporación atravesada de infinidad de casos de corrupción en plena fiesta menemista. Desde su creación, la predominante mayoría de pleitos contra los jueces duermen el sueño de los justos o terminan en la impunidad. Como destaca el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, “los jueces acusados por mal desempeño en sus tareas, solo terminan condenados por la sociedad, porque el mismo Consejo que los designó, por los favores recibidos los protege de tal manera que en vez de juzgarlos, les tramitan su privilegiada jubilación con el 122% de sus haberes” (www.infoallen.com.ar).

A instancias de los Kirchner, el impulso de las leyes Blumberg (leyes 25.886, 25.882 y 25.891) estipularon condenas de hasta 50 años (la pena máxima por sumatoria de delitos) y otorgaron facultades extraordinarias a los jueces para restringir el derecho de excarcelación y de libertad condicional. La sanción de la Ley Antiterrorista no sólo introdujo una contrarreforma reaccionaria del Código Penal que duplicó todas las penas (sean mínimas o máximas) habilitando la posibilidad real de prisión efectiva, sino que concedió una enorme cuota de poder a los jueces, que arbitrariamente pueden acusar de “terrorista” a todo aquel que emprenda una acción orientada a “obligar a las autoridad publicas nacionales o extranjeras a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” (Artículo 41), una formulación tan arbitraria que determina su omnipotencia como Dios o Satanás.

Desde su asunción, Cristina no perdió oportunidad de dictar letra a los jueces contra la “extorsión” de los trabajadores que recurren a piquetes y métodos de acción directa, promoviendo así la criminalización del derecho a huelga y a la protesta social. Con justa razón omite palabra sobre los más de 5.000 luchadores procesados por la Justicia, mientras persiste la persecución a delegados y activistas combativos con patotas sindicales bajo el guiño del gobierno.

Si hay algo que caracteriza a este gobierno es que bastardea todo reclamo democrático legítimo para transformarlo en su contrario. No por nada Cristina despotricó contra la liberación de los 29 compañeros detenidos tras los incidentes frente a la Casa de Tucumán y reclamó “mayor seguridad” a los jueces “que liberan a los delincuentes a las pocas horas”.

Sufragio universal de todos los jueces y disolución de la Corte Suprema
Formada por cientos de jueces y magistrados que provienen de la dictadura genocida, la Justicia es el más antidemocrático de los poderes del Estado, un poder exento del derecho al voto popular, propio de las élites. Con sueldos que superan hasta los $120.000, jueces y magistrados conforman una casta privilegiada vitalicia (eternos de no ser por muerte, renuncia o juicio político) que, a diferencia de un trabajador, ni siquiera paga impuesto a las ganancias. Una corporación vinculada históricamente a los terratenientes, los grandes propietarios y las FF.AA., que apoyó todos los golpes de Estado, las leyes de impunidad consagradas por Alfonsín y la entrega del patrimonio nacional con las privatizaciones y la Reforma del Estado de Menem.

El estudioso en teoría del derecho Roberto Gargarella sostiene que la Justicia como “expresión de la elite dominante”, tiene un carácter “contramayoritario” en función de contrarrestar “el poder e influencia de la ciudadanía sobre las legislaturas locales” que dispusieran “medidas económicas perjudiciales para los sectores más acomodados de la sociedad”, un poder que “de ningún modo es ajeno al poder político” (seminariogargarella.blogspot.com.ar). Es la justicia de las clases dominantes que ejercen su dominio sobre las clases subalternas.

Los socialistas revolucionarios luchamos por una república obrera basada en la autoorganización democrática de las masas, una democracia mil veces más democrática que la más democrática de las repúblicas capitalistas. Sin embargo, en tanto las masas no aborden este camino, luchamos junto a ellas por la ampliación de derechos de esta democracia engañosa y restringida, arrancándole todo lo que podamos, así como lo hicimos movilizándonos por la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, así como lo seguimos haciendo por la legalización del derecho al aborto, seguro y gratuito y por la separación de la Iglesia del Estado. Estamos a favor del sufragio universal y la revocabilidad de todos los jueces, pero también estamos por la disolución de la Corte Suprema, un resabio feudal que expresa lo más reaccionario de esa corporación aristocrática, que por norma e ideología defiende el derecho de propiedad por sobre el derecho a la vida. Esa madera también atraviesa al juez Eugenio Zaffaroni quien se refirió a la elección de jueces por voto popular como “una locura”. Apostamos a la movilización en las calles para arrancarle al régimen esos reclamos democráticos.

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