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REFORMA JUDICIAL

Una reforma moderada que restringe derechos adquiridos

Presentada con bombos y platillos, la “democratizacion de la justicia” impulsada por el gobierno no es más que una reforma moderada que preserva los intereses de la corporación judicial, restringiendo incluso derechos adquiridos.

Miguel Raider

7 de marzo 2013

Presentada con bombos y platillos, la “democratizacion de la justicia” impulsada por el gobierno no es más que una reforma moderada que preserva los intereses de la corporación judicial, restringiendo incluso derechos adquiridos. Impulsada tras el encuentro de jueces y funcionarios por una “Justicia legítima”, la propuesta apunta a conquistar cuotas de poder en el más antidemocrático de los tres poderes del Estado.

“Justicia legítima” postula una justicia “independiente de las corporaciones económicas”, pero sus documentos ni siquiera mencionan el espionaje y persecución a delegados y activistas combativos como Javier “Poke” Hermosilla y otros de la Comisión Interna de Kraft, procesados a instancias de esa multinacional gracias a la colaboración de Gendarmería. La farsa se revela en que omiten nada menos que a los procesados que enfrentan realmente a las “corporaciones económicas”. La procuradora general Alejandra Gils Carbó fue designada en ese cargo para operar contra Clarín, mientras beneficia a otros grupos económicos afines como Cristóbal López. No es ninguna justicia independiente, sino una justicia de clase revestida de “garantismo”, que no es otra cosa que la aplicación estricta de la ley a partir del “estado de derecho” sin cuestionar las bases sociales y económicas que fundamentan este sistema de explotación.

Consejo de la Magistratura, un engendro para salvar a los jueces

La panacea de esta “democratización” abreva en la elección por voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, la institución dedicada a nombrar, promover y destituir jueces. Los kirchneristas hicieron y deshicieron a piaccere en ese organismo dedicado al salvataje de jueces corruptos como Norberto Oyarbide y Federico Faggionato Márquez, así como la oposición hizo la vista gorda con todos los pedidos de juicio político que duermen el sueño de los justos. Este engendro, hijo de la Reforma Constituyente de 1994, votada por Cristina y Néstor, sirvió para alumbrar la reelección de Menem, fortaleciendo el carácter “monárquico” del Ejecutivo sobre la base del Pacto de Olivos cocinado con el jefe de la UCR, Raúl Alfonsín. La oposición manifestada por derechistas como Francisco De Narváez, Elisa Carrió y Patricia Bullrich, expresa la defensa de esa casta vitalicia y privilegiada (que cobra entre $37.000 y 120.000 y percibe jubilaciones de privilegio que insumen $433 millones anuales) con cientos de jueces que provienen de la dictadura. Con el cuento de la “democratización” de ese organismo antidemocrático por naturaleza que debería ser disuelto, el kirchnerismo sólo persigue incrementar su influencia sobre los jueces.

Mientras el kirchnerismo pretende recauchutar este organismo reaccionario, a la vez se propone limitar el accionar de las medidas cautelares, una garantía democrática elemental contra los atropellos del Estado, que irónicamente surgió como concesión de la misma Constituyente del `94 (Artículo 43). Quieren “democratizar la justicia” restringiendo las demandas civiles que realizan los particulares contra el Estado. Al respecto, el especialista en teoría del derecho, Roberto Gargarella, señaló que “De este modo… la Presidenta terminaba por aludir a la tragedia de Once, pero en lugar de exigir más responsabilidad y rigor inflexible sobre el accionar estatal, su discurso concluía reclamando menos” (La Nacion, 3/03). El kirchnerismo invierte el rol del Estado, pasando de victimario a víctima en función de los intereses del poder. Esta orientación antipopular se puso en evidencia en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Cristina cuestionó el derecho de excarcelación, aludiendo a los delincuentes que “entran por una puerta y salen por la otra”, mientras las cárceles federales albergan más de 60.000 presos, predominantemente pobres, el 75% sin condena.

Terminar con los privilegios de los jueces

Los socialistas revolucionarios luchamos por una república obrera basada en la autoorganización democrática de los trabajadores y el pueblo pobre. Sin embargo, en tanto las grandes masas no acuerden con este camino luchamos junto a ellas por la ampliación de derechos de esta democracia restringida, apelando a la movilización en las calles para arrancar estos derechos. Peleamos por un programa democrático radical para que los jueces ganen un salario igual que una maestra, haciendo extensivo a estos el proyecto de ley presentado por el diputado del FIT. Esta camarilla tiene tantos privilegios que ni siquiera paga impuestos a las ganancias. Contra lo que el juez Zaffaroni califica de “locura”, estamos por la elección mediante el sufragio universal de los jueces y juicios por jurados, así como por el derecho a la revocabilidad mediante sus electores. Disolución del archicorrupto Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, una rémora feudal de esa corporación aristocrática defensora del derecho de propiedad por sobre el derecho a la vida.

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