El viernes 3 de Mayo, los jueces Casas, Almaraz y Morin, ante más de un centenar de personas en el recinto judicial y de decenas de miles en las calles, condenaron a prisión perpetua a los represores Braga y Bulgheroni, y a 25 años de prisión a Vargas. Braga y Bulgheroni eran oficiales de inteligencia del ˜área 323 de represión, durante la década del 70’ y Vargas era el interventor del servicio penitenciario, más conocido como la cárcel de Gorriti. Los cargos que les imputaron fueron: privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia, violación de domicilio, tormentos agravados por tratarse de presos políticos, homicidio doblemente agravado por alevosía, contra Aredes, intendente de Libertador, Melian, Bueno y Gainza, dirigentes azucareros, Bazán, dirigente minero, y ˜álvarez García, militante peronista y otros compañeros.

La clave fue la movilización

La condena, en estos primeros juicios, es sin lugar a dudas un paso adelante. Ahora es tarea de los familiares de desaparecidos, de los trabajadores movilizados y de la izquierda aprovechar este fallo para fortalecer la lucha y lograr la condena de todos los genocidas. De otro modo, estos juicios y esta condena emblemática la aprovechará el gobierno kirchnerista de Fellner, su justicia y el conjunto de sus instituciones, para pintarse la cara de “democráticas” cuando en simultáneo continua reprimiendo luchas obreras y populares, procesa luchadores, y desde su Dirección de Trabajo opera a favor de patronales como Roggio y Ledesma. Por eso, vale aclarar, que si los genocidas fueron juzgados y condenados fue gracias a la permanente movilización de los organismos de derechos humanos, los sindicatos, las organizaciones de desocupados, y la izquierda partidaria. Nada vino de arriba. Fueron 37 años de movilización y lucha de los organismos de madres y familiares de detenidos y desaparecidos, y los ex presos, en una provincia donde represores hoy procesados estuvieron como jefes de la policía provincial, donde ex funcionarios de la dictadura aun hoy forman parte del Supremo Tribunal de Justicia. Es decir, esta condena forjada gracias a la movilización popular se materializa en un lugar donde al iniciar estos juicios habían fallecido más de una docena de participes directos de los crímenes de la dictadura. Si hasta el juez Olivera Pastor, responsable de dilatar los juicios contra los genocidas, el mismo que luego fue desplazado por la movilización popular, estaba íntimamente ligado al empresario golpista Blaquier, para dar solo algunos datos ilustrativos del peso de la impunidad en la provincia.

La impunidad del patrón

No es cualquier impunidad la que domina esta provincia, en Jujuy reina Carlos Pedro Blaquier, el dueño de 157 mil hectáreas, plantas industriales modernas de azúcar, papel, alcohol, jugos y bioetanol, y el principal responsable de la represión, detención y desapariciones que pesaron sobre los trabajadores y la juventud militante desde 1974 hasta finales de la dictadura. Si antes aportócon el corte del suministro eléctrico, con listas negras, trailers, galpones y personal de seguridad a los operativos represivos que se llevaron adelante en los pueblos obreros de Libertador, Calilegua y El Talar, durante estos años más recientes realizó listas negras de participantes de la Marcha del Apagón, llamo a la represión y aporto personal para el sangriento plan de desalojo del asentamiento El Triángulo. En la actualidad hostiga, persigue y despide delegados y activistas obreros combativos, y mantiene militarizado el barrio Ledesma con la gendarmería, la policía provincial, seguridad de la empresa y guardianes de la agencia de seguridad privada PROSEGUR. Sobre este empresario que continúa ejerciendo una verdadera dictadura patronal sólo pesa un procesamiento, sobre el cual sus abogados viven apelando y haciendo planteos de nulidad.

Ahora, carcel perpetua a Blaquier

Ante estas maniobras patronales, tenemos que aprovechar la envión que dan las condenas de estos genocidas emblemáticos, para ir con todas nuestras fuerzas por la cárcel perpetua para el genocida Blaquier, para Lemos, el administrador del ingenio Ledesma por aquellos años, y para todos los genocidas. En el juicio que continúa por la desaparición de Dominga Alvarez de Scurta, docente y militante del PRT, en la próxima Marcha del Apagón, van a continuar siendo fundamentales estas banderas de lucha, junto al desarrollo de la movilización independiente del gobierno y los partidos del régimen, que gobiernan para la familia Blaquier y de seguro continuaran defendiendo sus intereses.