El gobierno ganó la pulseada. Un respiro, después de que “la 125” y la derrota del 28J parecían llevarlo a un desbarranque total. Algunos kirchneristas, contando los votos en el Senado, se apresuran y afirman que el gobierno produjo “un avance político y social estimable” y recuperó su “impulso transformador” (Wainfeld y Verbitsky, Página|12, 11/10). Dicen que la ley fue posible gracias a la unión del gobierno con los movimientos sociales, pero disimulan que detrás de lindos párrafos sobre “libertad” e “igualdades”, la nueva ley dice muy poco sobre las supuestas transformaciones en el mapa comunicacional.

El apoyo de dirigentes y corporaciones que no se caracterizan por ser muy “democráticos” y “plurales”, es más significativo que los kilómetros de páginas de los escribas de La Rosada.

¿Hugo Moyano, el garante de la asfixia burocrática en los sindicatos, a favor de democratizar la palabra? ¿Yasky, el que avala el fraude de Baradel en SUTEBA La Plata, de acuerdo con la pluralidad de voces? ¿Los fascistas de C5N publicitando, junto a los medios estatales, la nueva Ley de Medios “de la democracia”? ¿Telefónica y Telecom acompañando al gobierno, cuando supuestamente habían quedado afuera del negocio? Por lo visto, hasta ahora ningún periodista progre cometió la torpeza de hacerse estas preguntas en voz alta.

¿Será por eso que nadie se sonrojó cuando senadores “democráticos” como Ramón Saadi, Salazar (el partidario del genocida Bussi) o Sánchez (la correntina borocotizada) levantaron la mano a favor de la ley? Claro, en definitiva esa suma de voluntades no era más que la expresión de los acuerdos entre Cristina y los gobernadores, cambiando votos por plata para cubrir enrojecidos déficits fiscales.

Cambiar algo… para que nada cambie.

La Ley de Medios abunda en abstracciones “democráticas” y “pluralistas”, pero su articulado carece de definiciones que permitan pensar en una transformación real del mapa mediático. Ni siquiera plantea garantías mínimas para que las organizaciones populares y de los trabajadores puedan poner en pie sus propios medios. Por el contrario, se reafirma las condiciones estructurales que llevaron al feroz proceso de concentración de las últimas décadas.

La estructura de postes y cableado para televisión, teléfono e Internet, que hoy está casi completa en manos de las telefónicas, Cablevisión y Supercanal seguirá manejada por los monopolios, que a lo sumo compartirán el negocio con algunas empresas regionales, muchas de ellas pertenecientes a gobernadores, legisladores y funcionarios.

El hecho de que se “reserve” sólo formalmente el 33% de las frecuencias a medios “sin fines de lucro” no hace más que garantizar que serán las ONGs capitalizadas (la Iglesia, fundaciones como YPF o Pérez Companc, las burocracias sindicales) las únicas con poder real para acceder a la voz y la imagen. En este aspecto la centroizquierda jugó un rol patético. Proyecto Sur y el SI habían denunciado que esa “falencia” del proyecto desnudaba los verdaderos objetivos oficiales. En conferencias de prensa denunciaron que eso era, para ellos, “innegociable”. Pero a última hora compraron la promesa oficial de que las telefónicas no entrarían al negocio de la radio y la TV, y rápidamente se olvidaron del tema.

En definitiva, si algo confirma la nueva ley es que la “libertad” para expresarse sólo seguirá siendo para quien tenga los millones de pesos que requiere mantener edificios, antenas, cables y micrófonos.

Por eso cuando Nicolás Fernández dijo que hasta “la Sociedad Rural va a poder tener su radio”, nadie alzó la voz. Tampoco hubo escándalo cuando Pichetto dijo en plena sesión que no se arrepentía de haber sido el autor de la “Ley Clarín”, que en 2003 salvó al Grupo de la quiebra por deudas millonarias. Los senadores K reconocían así que la lucha “antimonopólica” que trataron de vendernos en un principio no era más que la puja por pasar de una concentración de medios en 4 o 5 grupos a una nueva, ahora repartida en 6, 8 o a lo sumo 10.

Las corporaciones mediáticas ahora intentan que la Justicia consiga lo que el Congreso les negó. Hablan de inconstitucionalidades, compra de votos y hasta errores en la redacción del texto aprobado. Se anuncian cataratas de juicios por “derechos adquiridos”. La pelea intercapitalista por el reparto de la torta de la comunicación masiva, sigue sumando capítulos.