El Decreto 1.277 que reglamenta la Ley de Hidrocarburos mediante la cual se expropió parcialmente YPF alertó a los gobernadores de la Ofephi (Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos) y a la burocracia sindical petrolera, preocupados por la pérdida de incumbencia en el negocio. La oposición patronal mediática y política denunció un avance en el intervencionismo K. Roberto Lavagna habló de “sovietización”. La firma de un “convenio energético” con Venezuela y el proyecto de expropiación de Ciccone foguean esa idea. Lo cierto es que el intervencionismo K se reduce a responder de contragolpe a problemas que le estallan en la mano. La “nueva” YPF todavía no logra cambios significativos ni en la producción de naftas ni en inversiones. El decreto es una reacción que se ajusta a las necesidades de “alianzas estratégicas” que los K quieren hacer con las petroleras imperialistas. El primer anuncio bajo el nuevo decreto fue la suba de 300% del precio del gas a las estaciones de GNC, un gesto para las petroleras.

“Alianzas estratégicas”

El Decreto 1.277 firmado por Cristina Kirchner establece la creación, bajo el mando de Axel Kicillof, de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica que estará a cargo del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. También participan las áreas de Julio De Vido y Guillermo Moreno. La comisión definirá el plan de inversiones (al cual las petroleras tendrán que alinear el suyo), precios y una ganancia, que según se establece en el decreto, debería ser razonable… para las petroleras. Además, podrá establecer sanciones y revertir concesiones.
A pesar que ahora el Estado tiene mayor capacidad de intervención, la expropiación parcial de YPF dejó en pie un esquema con gran relevancia de las multinacionales Total, Chevron y Pan American Energy, entre otras. Igual que la Repsol hacen escasísimas inversiones. Es difícil que el Gobierno pueda realizar inversiones en momentos en que cerró todos los grifos de dólares para garantizar el pago de la deuda. Los nuevos “inversores” son Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, y la propia Repsol, que por la ejecución de garantías frente al default de los Eskenazi se quedaron con acciones. En este contexto, el Decreto 1.277 tiene como fin sobresaliente dar un marco para atraer inversiones, algo que reclamaban las petroleras imperialistas.

Las fricciones por ver quién comanda la entrega

Los gobernadores entendieron que el decreto les quitaría potestad sobre los yacimientos y las regalías, tan necesarias para las arcas provinciales. YPF, presidida por Miguel Galuccio, se acaba de presentar a una licitación en Mendoza para explorar doce áreas, entre las que se incluye partes de Vaca Muerta. En algunos casos se presentó solo YPF y en otros en asociación con la yankee Apache y la local Pluspetrol. Desde ahora, todas estas operaciones deberán ser notificadas a la comisión a cargo de Kicillof. En Neuquén, legisladores de la UCR, la Coalición Cívica y de Nuevo Compromiso Neuquino, presentaron proyectos para establecer la inconstitucionalidad y repudiar el decreto nacional. Por su parte, Jorge Sapag, el gobernador del Movimiento Popular Neuquino, días atrás estuvo en EE.UU. buscando inversiones petroleras.
Galuccio, que antes trabajó en la imperialista Schlumberger, habría dicho que con el decreto le “dinamitaron el plan” y amenazó con renunciar. Si lo hacía era una crisis importante que se sumaba a los cortocircuitos en el elenco gobernante. Es que quiere, y no lo logra aún, endeudar a YPF en los mercados internacionales. El “convenio energético” con Venezuela fue una compensación a un pedido de Galuccio para conseguir petróleo que pudiera procesar ante los límites que encuentra en avanzar en inversiones.

La burocracia moyanista buscando un lugar en la interna burguesa

El Secretario Adjunto de la CGT de Hugo Moyano, Guillermo Pereyra, quien dirige el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, se apresuró a amenazar con un paro petrolero en Neuquén. Pereyra quedó en el directorio de YPF desde los tiempos en que Moyano era aliado de los K. El paro era para defender los intereses de las petroleras. Pereyra quiso ubicarse rápidamente del lado de la oposición contra el Decreto 1.277. Incluso mantuvo roces con Jorge Sapag por querer ir más allá de lo que el gobernador consideraba adecuado. El llamado de Julio De Vido a los gobernadores desactivó el paro.

Intervencionismo K para las grandes petroleras

El relato K sobre la “nueva” YPF decía que el “dirigismo” estatal iba a ordenar las operaciones petroleras. Por ahora, los mayores “logros” fueron el aumento de las naftas y una diáspora de intermediarios, que se postulan como los socios menores de las petroleras para relanzar el negocio. Por eso el Decreto 1.277 les hizo saltar la chaveta. Julio De Vido llamó a una reunión para disciplinar a Kicillof. Allí los gobernadores petroleros, Galuccio, Kicillof y el Secretario Legal de la Presidencia, Carlos Zannini, acordaron firmar un acta que efectivizará el ingreso de las provincias en YPF. El intento es mostrar cierto alineamiento de intereses, pero la realidad muestra lo contrario. La única solución progresiva en función de los intereses nacionales y de los trabajadores es la expropiación de todas las empresas imperialistas que siguen expoliando los recursos hidrocarburíferos y la nacionalización sin indemnización de toda la infraestructura petrolera y de distribución, unificándola en una sola empresa estatal bajo gestión de sus trabajadores.