Desde el martes 7 de diciembre Soldati es una metáfora de uno de los costados ocultos del “modelo” kirchnerista. La irrupción de los “sin techo” no estaba en los planes del gobierno, que, luego de la muerte de Néstor Kirchner, parecía encarar el 2011 con gran optimismo.

Con las primeras muertes en Soldati, aquel martes a la noche, la televisión, los diarios y las radios “se enteraron” que en la Capital había pobres, villeros, laburantes ultraprecarizados que no tienen techo ni gozan del crecimiento económico a “tasas chinas”. Hipócritamente sorprendidos nos mostraron a esos pobres ocupando terrenos y nos contaron cómo esa situación causaba una escalada violenta que terminaría con la vida de algunos de los “ocupantes”.

Sin embargo, con el correr de los días el hecho central que dio inicio a esa trágica semana parece haber quedado reducido a una anécdota. Con el lanzamiento del Ministerio de Seguridad y la atención puesta en la ocupación del Club Albariño de Lugano, la represión conjunta de la Federal y la Metropolitana que asesinó a Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña parece un hecho cada vez más lejano. Pero fue justamente es esa represión estatal la que detonó lo que vino después, con el saldo de más violencia y muerte contra los pobres.

Kirchnerismo rabioso

Todo arrancó cuando, a principios de diciembre, dos sectores de directa relación con el gobierno de Cristina Fernández actuaron de forma convergente.

Primero fue Sergio Schoklender, el apoderado de la fundación y gerente de la constructora de las Madres de Plaza de Mayo, quien en los días previos a los asesinatos denunciaba que la Policía Metropolitana no hacía nada frente a supuestos “narcos armados” que pretendían “usurpar” el predio donde su organización construye viviendas.

En segundo lugar apareció la Policía Federal que, cumpliendo una orden judicial surgida de aquella denuncia de Schoklender, y junto a la Metropolitana, descargó sus balas de plomo sobre trabajadores argentinos, bolivianos y paraguayos que ocupaban el Parque Indoamericano exigiendo una vivienda digna.

Al golpe represivo le siguió el accionar de bandas paraestatales actuando en zona liberada contra los “sin techo”.

Con los terribles hechos consumados, Aníbal Fernández tuvo que aceptar la pérdida de parte de su histórico manejo de la Federal. Cristina nombró a Nilda Garré como titular del nuevo Ministerio de Seguridad mientras alegremente desparramaba 6.000 gendarmes por los barrios del conurbano (que se suman a 3.000 ya existentes) en una cruzada contra el “delito organizado”. Seguridad, seguridad, seguridad escriben los diarios oficialistas y opositores.

Y como no podía ser de otra manera, a más de dos semanas, todavía no hay nombres y apellidos que identifiquen a quienes mataron a Bernardo y Rosemary, a quienes dieron la orden de tirar y a quienes planificaron el operativo conjunto entre las fuerzas nacional y porteña.

Al servicio de la impunidad

No hubo imágenes televisivas que mostraran el momento exacto en que Bernardo Salgueiro era asesinado con un tiro en el abdomen. Tampoco hay registros periodísticos de ese otro momento en que una bala de plomo mataba a Rosemary Chura Puña. Pero ningún habitante de la Villa 20 duda que a los dos los mataron las policías de Macri y Cristina.

Aunque muchos testigos presentaron pruebas, aunque el operativo fue fotografiado y filmado por varios medios y aunque el gobierno haya removido a una docena de efectivos que fueron escrachados por un camarógrafo de TN golpeando y pateando a varias personas, cada día se refuerza más el entramado de impunidad para con los asesinatos. Un entramado que deja incómodos a quienes pretenden marcar un corte tajante entre cierto “autogobierno” histórico de la Federal y una supuesta voluntad “democrática”, aunque insuficiente, del gobierno nacional para manejar a las fuerzas represivas.

Frente a la magnitud de la crisis abierta por Soldati, era de esperar que el encubrimiento y el desvío de la investigación por parte de las instituciones (incluyendo a los medios de comunicación masiva) fueran también grandes.

Las pericias publicadas por la Federal a horas de la represión intentaron plantar la idea de que los muertos fueron víctimas de armas “tumberas” accionadas no se sabe por quién. Los medios oficialistas (con los farsantes de 678 a la cabeza) tomaron la versión y enseguida montaron una campaña para despegar de los asesinatos a la fuerza dirigida por Aníbal Fernández. Pero la burda maniobra obligó a la Presidenta y su ministro Alak a desmentir, días después, esas pericias y mostrar otras hechas por Gendarmería, donde consta que las balas bien podrían haber sido disparadas por escopetas policiales. La justicia ordenó entonces secuestrar más de 200 pistolas y escopetas usadas durante la represión, pero hasta el momento la Federal no entregó todo el arsenal. Así, determinar siquiera con qué armas se mató a Bernardo y Rosemary es un posibilidad cada vez más remota.

Dejar que la Federal se investigara a sí misma era algo difícil de justificar. Por eso una de las primeras medidas coordinadas entre el gobierno y la justicia fue desplazar a la fuerza de la investigación. Sin embargo la tarea de buscar pruebas recayó nada menos que en la Gendarmería, la fuerza que reprimió innumerables protestas, asesinó a varios luchadores populares durante los últimos años y maneja negocios ilegales en gran parte del territorio argentino.

Y por si todo eso fuera poco, cada novedad de la causa sólo sirve para seguir encubriendo a los asesinos. El martes 21 Página/12 publicó una nota titulada “El misterio de la bolsa con cartuchos”. Allí se detallan los interrogantes en torno al destino de una bolsa que, “supuestamente, tenía cartuchos recogidos por vecinos de Soldati: no se sabe dónde está y, según allegados al expediente, es muy importante para poder cotejar qué armas policiales (entre las incautadas) dispararon balas de plomo”. Menciona incluso que Alejandro Salvatierra, el dirigente kirchnerista que durante el conflicto habló en nombre de los ocupantes, sería quien se llevó la bolsa y se la habría mostrado en privado al mismo Aníbal Fernández. Según el artículo, Salvatierra ya no tiene esa bolsa ni recuerda dónde la dejó.

Gajes del modelo

Hasta la semana pasada el expediente de la causa apenas superaba las 30 páginas. Una muestra cabal de la casi inexistente recopilación de pruebas y testimonios sobre los trágicos hechos de Soldati. Al tiempo que la ministra Garré nombra nuevos jefes en la Federal y es aplaudida por quienes proponen una “seguridad democrática”, los responsables políticos y materiales de las muertes de Soldati no son siquiera señalados. Aníbal Fernández, aunque debilitado, sigue siendo el ultrakirchnerista Jefe de Gabinete. Encima por estos días hace gala de su cinismo habitual afirmando que desde que se hizo cargo de la fuerza en 2004 "la Policía Federal no actúa en problemas de tipo social con armas de fuego”. Nada que envidiarle al xenófobo ministro de Espacio Público de Macri, Diego Santilli, quien la misma noche en que se mataba a Salgueiro y Chura Puña decía por los medios que el operativo había sido “valioso y prolijo”.

Desde los medios kirchneristas leemos y escuchamos que se abre una nueva etapa en torno al manejo de las fuerzas represivas. “La creación de un ministerio de Seguridad”, dice Horacio Verbitsky, inaugura una “conducción política de las fuerzas con respeto por el orden constitucional y los Derechos Humanos” (Página/12, 12-12). A confesión de partes, relevo de pruebas. Los escribas del kirchnerismo reconocen que en siete años y medio de “modelo”, el gobierno no sólo mantuvo intacta la estructura represiva de la Federal sino que la utilizó cada vez que la necesitó. La última fue hace poco más de dos semanas. Fue en colaboración con Macri. Fue contra los “sin techo” que pedían vivienda. Fue contra las vidas de Bernardo y Rosemary.