Como vimos en el anterior artículo de esta serie, durante 1973 y 1974 los trabajadores protagonizaron una oleada de luchas motorizadas por las expectativas e ilusiones con la vuelta de Perón. Contra el Pacto social y pese a la colaboración de la burocracia sindical con el gobierno, se desarrollarán las “rebeliones antiburocráticas”. Con el fin del pacto social, estas luchas darán un salto con la movilización contra el Rodrigazo y el desarrollo de organismos de autoorganización obrera: las Coordinadoras interfabriles en 1975.
Fracasado el recurso del peronismo para contenerlo, este “ensayo revolucionario” de la clase obrera será enfrentado con la dictadura más brutal que vivió nuestro país como parte de la política con la que el imperialismo buscará derrotar los ascensos revolucionarios del cono sur en los años 70 y redoblar la opresión sobre América Latina.

1975: el ”Rodrigazo”

En el marco de la profundización de la crisis política y económica, en junio de 1975, el gobierno de Isabel Perón pone fin al Pacto Social y Celestino Rodrigo, Ministro de Economía, anuncia un paquete de medidas que impone una nueva orientación económica que beneficia directamente a los sectores más concentrados del capital, intentando revertir la crisis económica y permitir una nueva fase de acumulación capitalista a través de una ofensiva contra los trabajadores.
Rodrigo impone una política de shock: devalúa la moneda un 100%, eleva el precio de los combustibles un 175% y aumenta espectacularmente las tarifas públicas. Estas medidas desencadenan una trepada inflacionaria, que sumadas a la devaluación, generan una importante transferencia de ingresos del sector asalariado hacia el rural y exportador. Las comisiones paritarias que se vienen reuniendo desde marzo adquieren efervescencia y se desatan conflictos en numerosos gremios. Se pone en marcha un proceso de huelgas y organización que culminará en la primera huelga general política contra un gobierno peronista.

Las jornadas de junio y julio de 1975. La huelga general contra el gobierno peronista.

Al plan económico se suma el intento del gobierno de imponer un techo del 45% en los aumentos salariales logrados en las negociaciones. Cuando se conocen los aumentos conseguidos por los principales gremios, muy superiores al tope impuesto, tomará mayor impulso la movilización de los trabajadores para lograr la homologación por parte del gobierno de los nuevos acuerdos salariales.
La movilización obrera comienza antes de los anuncios económicos con la asamblea de los trabajadores de IKA Renault de Córdoba que el 2 de junio decide parar la fábrica. El ejemplo se extiende a las fábricas del interior–esencialmente Córdoba y Santa Fe- y durante el mes de junio se ponen en movimiento los obreros del Gran Buenos Aires con asambleas, huelgas y movilizaciones en las principales fábricas.
Mientras, el secretario general de la CGT, Casildo Herreras, intenta poner paños fríos para impedir que los reclamos desborden los canales de los sindicatos llamando a los trabajadores a expresar “orgánicamente” sus demandas. Sin embargo, la amplia movilización obliga a la CGT a llamar a una huelga en Capital y Gran Buenos Aires para el 27 con concentración en Plaza de Mayo –aunque “en apoyo a la presidenta”- en reclamo de la homologación de los convenios acordados en paritarias.
Los obreros del Gran Buenos Aires paran masivamente y marchan hacia la Capital. Al mediodía la Plaza de Mayo ya está casi llena y la huelga limitada de la CGT se hace general. El gobierno anuncia la sanción de un decreto que fija un aumento salarial e invalida las paritarias, es decir, rechaza homologar los convenios.
En este proceso ganan fuerza las Coordinadoras interfabriles del Gran Buenos Aires, Capital Federal y algunas ciudades del interior. (Ver recuadro)
“Las coordinadoras de Capital Federal y Gran Buenos Aires realizan el Primer Plenario de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha, con representantes de las zonas capital, norte, sur y oeste, en el que se discute la realización de un plan de lucha contra la decisión del gobierno de no homologar las paritarias. Desde la mañana, pues, y sin que medie orden de los sindicatos, se realizan asambleas en fábricas y oficinas públicas del Gran Buenos Aires y La Plata ... Entre los obreros industriales es casi unánime la decisión de parar y marchar hacia la CGT. El 1 de julio continúan las huelgas y manifestaciones en Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, Berisso y Ensenada, Córdoba, Santa Fe y Rosario.” 1
Ante la movilización obrera y las huelgas de hecho, la CGT se ve obligada a declarar la huelga general para el 7 y 8 de julio. El paro es total. El gobierno retrocede y tras el primer día de huelga anuncia la homologación de los convenios.
Se concreta así la primera huelga general política contra el peronismo en el poder, que logra la caída de Rodrigo y López Rega. Sin embargo, estaba abierta la posibilidad de la caída revolucionaria del gobierno y es la clase dominante quien lo advierte claramente. Si el peronismo en el gobierno entra en crisis por la acción obrera, el papel de la burocracia fue clave para evitar la caída revolucionaria del gobierno. Con Lorenzo Miguel a la cabeza, la burocracia pondrá límites a la movilización, dividirá a la base obrera y se convertirá en un apoyo clave del gobierno. Por su parte, las corrientes sindicales peronistas fundamentalmente la Juventud Trabajadora Peronista, el brazo sindical de la organización guerrillera peronista Montoneros, que tenía peso hegemónico en las Coordinadoras, pasa de negarse a la huelga por estar llamada por la burocracia hasta negarse a plantear la caída de Isabel, colaborando en frenar el movimiento y permitiendo la acción de la burocracia.
Sin embargo, esta extraordinaria huelga política de masas marcará el desenlace del gobierno de Isabel, decidiendo a la burguesía y el imperialismo por la salida del golpe.

La dinámica de la lucha de clases presenta algunos elementos claves. Las “rebeliones antiburocráticas” tienen dos características centrales: se dan con centro en el proletariado de Buenos Aires y durante el propio gobierno peronista. Las luchas aisladas que se dan contra el Pacto Social pegan un salto y se unifican contra el gobierno de Isabel. Estas características definen la potencialidad del proceso abierto en la clase obrera, por un lado por darse en el centro más dinámico y concentrado del proletariado argentino, hasta entonces retrasado en su intervención en el ascenso obrero; por el otro, porque se enfrenta con el peronismo en el gobierno que no podía responder a las expectativas de las masas, lo que abría la posibilidad de una ruptura política de los trabajadores con el peronismo, el mayor obstáculo para que la lucha de la clase obrera asumiera un camino revolucionario.
La clase obrera había acumulado una larga experiencia de lucha y organización que avanza rápidamente a partir de 1969 y comienza a cristalizar en organizaciones, uno de cuyos puntos culminantes serán las Coordinadoras interfabriles. Sin embargo, pese a los importantes pasos dados, no logrará imponerse. El peso de la burocracia sindical y la histórica identidad política peronista de la mayoría de los trabajadores impedirá que el proceso de maduración de la clase obrera cristalice en un nuevo movimiento obrero revolucionario antes que se produzca el golpe. Es que la ausencia de un partido obrero revolucionario y socialista, con una estrategia de desarrollo de la autoorganización de las masas y, en contrapartida, el peso de las estrategias opuestas a esta perspectiva, actuará para impedir que la clase obrera imprima su salida a la crisis nacional.

Hacia el golpe del 24 de marzo de 1976

Así, desde mediados del 75, en la fase final de la “carrera de velocidades” entre el proceso revolucionario y la contrarrevolución en marcha, pesaron decisivamente en contra del proletariado sus debilidades políticas. La clase obrera no podrá dotarse de una dirección que sea capaz de ofrecer una salida a las clases medias que comenzarán a impacientarse ante la profundización de la crisis económica, la inflación, el mercado negro y el desabastecimiento.
El dirigente peronista y presidente del Senado, Luder, a cargo de la presidencia por una licencia de Isabel, da a conocer los decretos que ordenan “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”, es decir la decisión de avanzar en liquidar a la vanguardia revolucionaria. Junto a Luder, firman los decretos entre otros, Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf. El entonces Comandante en Jefe del Ejército, Videla dirá: “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país”. Se preparaba el terreno para el golpe militar.
A comienzos de 1976 el ministro de economía Mondelli, intentará aplicar un plan al estilo Rodrigo. Las Coordinadoras volverán a ponerse en marcha y tendrá lugar un nuevo proceso de movilización. Sin embargo, la suerte estaba echada y el fracaso del nuevo plan decidirá el golpe que se producirá el 24 de marzo de 1976.

1 María Celia Cotarelo y Fabián Fernández, Lucha del movimiento obrero y crisis de la alianza peronista argentina, junio y julio de 1975 y marzo de 1976, PIMSA, Documento de Trabajo N° 6.
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La dictadura militar

El golpe contrarrevolucionario del 76 tuvo como objetivo derrotar el ascenso obrero y popular. El blanco central fue la clase obrera y su vanguardia. Así, el conjunto de la burguesía se propone la preservación del Estado y su dominación contra la movilización revolucionaria de las masas. Por esto, todas las instituciones de la burguesía abren el camino al golpe y sostienen al régimen. La participación de los partidos patronales en el gobierno militar está ampliamente registrada. Sobre el total del territorio nacional de los 1.697 municipios censados sólo 170 intendentes, el 10%, pertenecen a las Fuerzas Armadas, 645 intendentes, el 38%, carecen de militancia política definida, y 878 intendentes, esto es, el 52% están de un modo u otro adscriptos a una corriente política concreta. Se calcula que más de 400 pertenecían a la Unión Cívica Radical, el partido que ganaría las elecciones de 1983.1
Por su parte, el colaboracionismo de la burocracia con la dictadura fue permanente: “Por debajo de las apariencias, la burocracia entró en un período de negociación y colaboracionismo con la Junta Militar... Entre las FF.AA y la burocracia sindical había algo en común: ambas se sentían profundamente amenazadas por las tendencias clasistas y combativas que surgieron en el sindicalismo durante la década de 1960”.2 También hay innumerables ejemplos de la colaboración de otras instituciones como la Iglesia y la Justicia.
Miles de delegados de fábrica, activistas, militantes políticos, fueron asesinados a manos de la dictadura militar en medio del silencio cómplice de los dirigentes sindicales, políticos y religiosos.

La represión contra la clase obrera y la vanguardia revolucionaria

La liquidación física de la vanguardia tuvo el objetivo de descargar un ataque definitivo sobre el conjunto de la clase obrera para acabar con las conquistas sociales que aún permanecían y lograr un aumento de la explotación y productividad del trabajo.
Con la “Doctrina de la Seguridad Nacional” en mano, la Junta Militar desplegó un plan represivo con el fin de erradicar la “subversión”. Según el informe de la CONADEP3 los porcentajes de víctimas que continúan desaparecidas o que fueron liberadas después de pasar por centros clandestinos de represión son los siguientes: obreros 30,2%, estudiantes 21%, empleados 17,9%, profesionales 10,7%, docentes 5,7%, autónomos y varios 5%. Siguen amas de casa, conscriptos y personal subalterno de fuerzas de seguridad, periodistas, actores, artistas y religiosos. Es decir, más de la mitad de los afectados por la represión eran trabajadores: entre obreros, empleados y docentes: 54% y casi un 30% entre estudiantes y profesionales. Tal represión se da en el marco de un plan perfectamente diseñado por las FF.AA y la patronal4.
La represión y el terror despejaron el camino e hicieron posible la aplicación de la nueva legislación y los decretos que eliminaban conquistas laborales. Por ejemplo, la extensión de la jornada laboral en Luz y Fuerza y Telefónicos; la pérdida de conquistas en ámbitos como salubridad, seguridad, estabilidad, licencias, indemnización, jerarquización. Una ley de prescindibilidad permitía despedir sin causa ni indemnización. La nueva ley de contrato de trabajo permitía exigir renuncias en blanco y despedir trabajadores en huelga. En septiembre de 1976 la ley de seguridad industrial significó la militarización de la fuerza de trabajo.
El conjunto de esta política tuvo efectos notables en el aumento de la tasa de explotación del trabajo y junto a los efectos de la política económica debilitará notablemente las fuerzas del proletariado.

Los planes económicos del imperialismo y el gran capital

La política económica de la dictadura profundiza la sujeción mayor del país al imperialismo, incluido un espectacular aumento de la deuda externa, que se transformará en deuda pública gracias a la política de Cavallo.
Con Martínez de Hoz en el ministerio de economía, - no casualmente había sido presidente de Marathon, empresa que en Villa Constitución en 1975 asestó una durísima derrota a la clase obrera-, la política del gobierno militar tuvo como puntos centrales la liberalización generalizada de los mercados, especialmente el financiero, y la apertura económica. En agosto de 1976 se sanciona un nuevo régimen de inversiones extranjeras que implica la desregulación generalizada del accionar de las empresas de capital extranjero a quienes se les otorga la igualdad de derechos respecto de las nacionales.
La política de apertura económica tiene efectos claves sobre la industria y define un nuevo proceso de concentración económica y de hegemonía de un reducido número de grupos económicos y empresas transnacionales, como Techint, Pérez Companc, Siemens. “Que el PBI industrial de 1983 sea equivalente al 90% del generado una década atrás (1973) o al 85%, si se lo contrasta con el de 1974, no constituye un fenómeno común en la historia de las sociedades. Ejemplos relativamente semejantes sólo podrían encontrarse en casos de destrucción física de los medios de producción (como consecuencia de conflictos bélicos o de grandes catástrofes naturales) o de programas económicos monetaristas como los implementados, también, en otros países del cono sur latinoamericano –Chile, Uruguay-.”5

1La Nación, 25/3/79.
2 Pozzi, P., Oposición obrera a la dictadura, Edit. Contrapunto, 1988
3 Informe de la Comisión creada durante el gobierno de Alfonsín para investigar la desaparición de personas.
4 “Se calcula que en los primeros días del golpe en el Gran Buenos Aires hubo más de 1200 secuestros por fuerzas de seguridad. El 26 de marzo la fábrica Peugeot fue invadida por carros blindados, los obreros fueron concentrados en el patio central y los documentos revisados uno por uno. Idénticas operaciones se realizaron en Chrysler donde se llevaron a diez delegados. Seis más fueron detenidos en Alpargatas y en Gurmendi se llevaron a otros veinte. Más de 200 obreros fueron secuestrados en Villa Constitución... Dada la magnitud de la represión y sus características, es evidente que el régimen debe haber contado con el apoyo decidido de los empresarios a través de los encargados de personal los cuales podían facilitar la infiltración de un lugar de trabajo al igual que señalar los activistas”. Pozzi, op. cit.
5 Datos de Aspiazu, Basualdo, Khavisse, El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80. Edit. Legasa, 1986.
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Las Coordinadoras Interfabriles

Las Coordinadoras surgen en el período de las rebeliones antiburocráticas contra el Pacto Social y maduran en junio y julio de 1975 motorizando las movilizaciones y huelgas contra el Rodrigazo.
Son organismos de frente único, que trascienden los marcos de lucha sindical o económica, organizan a establecimientos de distintos gremios a nivel territorial, relacionando distintas fábricas y empresas a través de sus comisiones internas, cuerpos de delegados y activistas. Su método está basado en la asamblea de fábrica, que permitía la libre discusión de los trabajadores de base y de las tendencias políticas que influenciaban a la vanguardia, decidiendo el curso de los conflictos y los métodos de lucha y organización. En este sentido, se trató del paso más importante dado por el movimiento obrero hacia la creación de embriones de organismos de tipo “consejista” o soviético, futura base del poder obrero.
Durante las jornadas de junio y julio las comisiones internas, delegados y activistas de las principales fábricas del Gran Buenos Aires, coordinan sus acciones para organizar la lucha contra el Plan Rodrigo. Desde las asambleas de fábrica se decidirá parar las fábricas y marchar hacia las sedes de los sindicatos o la Plaza de Mayo. Serán estas organizaciones las que garantizarán las movilizaciones de junio y julio que dieron por tierra con el plan Rodrigo e hicieron estallar al gobierno de Isabel.
Las coordinadoras expresan un doble poder fabril basado en las comisiones internas y cuerpos de delegados que disputaban a la patronal el control del lugar del trabajo y a la burocracia la dirección de un sector del movimiento obrero. Organizadas zonalmente (norte, sur, oeste, La Plata-Berisso y Ensenada, y Capital Federal), serán los obreros de las grandes metalúrgicas y automotrices los que estarán a la cabeza de fábricas como la Ford, General Motors, Astilleros Astarsa, Del Carlo, Tensa, Indiel, Santa Rosa, Alpargatas, Propulsora Siderúrgica, Astilleros Río Santiago, Peugeot, Petroquímica Sudamericana, el frigorífico Swift. En Capital los trabajadores del subte y los choferes organizarán la coordinadora Interlíneas, mientras que comisiones internas de la Asociación Bancaria, coordinarán su actividad y demandas.
En un trabajo próximo a publicarse de Ruth Werner y Facundo Aguirre se analiza este proceso1 considerando distintas fuentes e identificando cerca de 120 fábricas y establecimientos, en su gran mayoría “medianos” y “grandes”, agrupando alrededor de 160.000 trabajadores, que tomaron parte activa en sus plenarios y reuniones, considerando solamente Capital Federal, zonas norte, sur y oeste del Gran Buenos Aires (incluyendo La Plata, Berisso y Ensenada). Entre las entrevistas reflejadas en este trabajo, un activista de la Coordinadora de la zona norte de 1975, cuenta “...Se forman comisiones de discusiones con las comisiones internas, fundamentalmente en Editorial Atlántida, Editorial Abril, o en del Carlo (…) que tenían direcciones de izquierda. Comienza un poco el debate de cómo defender toda la situación que se venía. Porque en la zona norte nos encontrábamos en todos lados, si había un reclamo en una fábrica el resto iba y participaba, por ahí primero los que estaban ligados a un grupo político, pero después no, mucha gente acompañaba a esas comisiones internas y cuerpos de delegados. Y se empezaron a armar reuniones hasta que se llegó a la Coordinadora que unificaba todos los gremios y todas las fábricas de la zona norte”.
Las coordinadoras no llegaron a superar uno de sus puntos más débiles, el peso hegemónico de la izquierda peronista en ellas, que impidió que se transformaran en una alternativa para el conjunto de la clase obrera.

1 Este trabajo incluye una investigación basada en datos provenientes de las publicaciones de las organizaciones de izquierda del período y de numerosas entrevistas a participantes directos, elaborando conclusiones acerca de las características, composición, actividad de las Coordinadoras, así como de la actuación de las corrientes de izquierda, y reflexionando sobre las conclusiones de esta fase del ascenso obrero de los años 70.
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La resistencia obrera contra la dictadura

La resistencia al régimen vendría de los trabajadores, mientras actuaban los organismos de derechos humanos que concentraron gran parte de la lucha aún silenciosa y altamente costosa, contra la dictadura.
“Así, por ejemplo, tenemos las huelgas automotrices de julio, agosto y septiembre de 1976, brutalmente reprimidas... los metalúrgicos (marzo de 1976), los portuarios (noviembre de 1976) y los trabajadores de Luz y Fuerza... Sin embargo, y a pesar de lo denodado de la lucha de estos sectores, la clase obrera ya se había replegado... El gran valor de estas luchas es que en ellas se van ensayando nuevos métodos y desempolvando viejos, para llegar a las mejores formas de oponerse al régimen”.1
En 1977 predomina el trabajo a “tristeza” y los sabotajes. Se producen huelgas en IKA-Renault, ferroviarios, correos de La Plata, subterráneos de Buenos Aires, pilotos y personal técnico de líneas aéreas, ENTEL, petroleros, marítimos, Luz y Fuerza, trabajadores del Estado, bancarios, frigoríficos, reclamando sobre todo mejoras salariales.
“Todo confluye hacia un segundo pico cualitativo durante 1979... la primera toma de fábrica desde 1976 cuando, el 8 de marzo de 1979, entran en conflicto los obreros de Aceros Ohler. En abril los 3.800 obreros de Alpargatas decretaban, en tumultuosa asamblea en puerta de la fábrica, un paro por tiempo indeterminado2”. Ese año, el 27 de abril se realiza la Jornada Nacional de Protesta.
El 7 de noviembre de 1981 se realiza la marcha por ‘Paz, Pan y Trabajo’ a San Cayetano, marcando, además, que la resistencia obrera ya obligaba a otros sectores a pasar a la oposición más activa. Fue llamada “marcha de la bronca” y convocó a más de 50.000 personas.
Esta resistencia pasó por distintos momentos hasta la caída de la dictadura después de 1982 y cumplió un importante rol en el desgaste y crisis del régimen militar. Sin embargo, la clase obrera cargará del golpe en adelante con la derrota que significó la eliminación de gran parte de la vanguardia obrera y popular que portaba una valiosísima experiencia en la lucha de clases de los años 70.

1 Pozzi, Oposición obrera a la dictadura, Edit. Contrapunto, 1988.
2 Idem.
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