El gobierno kirchnerista sigue adelante con su proyecto reaccionario y proscriptivo de “reforma política”, peor que el reglamento electoral establecido por Bignone a la salida de la dictadura militar. Luego de lanzado el proyecto oficial, se encuentra en plenas negociaciones con distintos bloques parlamentarios con el fin de aprobar la ley antes del 30 de noviembre. Según informa el diario Crítica “el oficialismo mantuvo discretas reuniones con distintos bloques de la oposición para escuchar quejas y consensuar una nueva versión del texto de reforma política. La ronda de consultas incluyó a diputados de la Coalición Cívica, del radicalismo y de Unión PRO, que se llevaron la promesa de algunos cambios a la iniciativa que envió la Casa Rosada” (Crítica, 11/11/09). Entre las modificaciones podrían estar “que se baje el piso del 5 por mil de afiliados que se fija para que un partido político mantenga la personería jurídica y que se reduzca el filtro –de 3 a 1,5 por ciento de los votos emitidos– que se establece para que un precandidato pase a la elección general” (Ídem).

Y también establecer una fecha fija para las internas abiertas y obligatorias más algunos retoques en el reparto de la pauta publicitaria gratuita. Es decir, retoques menores para mantener la esencia del proyecto, que implica un salto cualitativo en la injerencia estatal en la vida de los partidos políticos y un intento de limitar fuertemente la cantidad de partidos que puedan presentarse en elecciones generales, vía su caducidad directa o no llegar al piso exigido en las internas.

Los Kirchner buscan con esta reforma crear las mejores condiciones a sus intereses para la elección presidencial del 2011, obligando a los disidentes del PJ a competir con ellos en una interna o bien a ir con el PRO y otras fuerzas de derecha. En este planteo busca ganar como aliado principal al radicalismo, que ve con buenos ojos la posibilidad de recrear un régimen que gire esencialmente alrededor del PJ y la UCR.

Como venimos denunciando desde el PTS, esta reforma establece el insólito criterio que votantes que son opuestos al programa de un partido puedan decidir no sólo quiénes serán sus candidatos sino también ¡sus autoridades! En particular es un proyecto que debido al alto piso planteado para las elecciones internas implicaría la virtual proscripción para las fuerzas de izquierda, obligando a sus electores a no votar o a tener que hacerlo por el PJ y la UCR. Quieren así crear condiciones para que el desprestigio que viene sufriendo el kirchnerismo no sea canalizado por izquierda.

Por ello esta reforma no plantea medidas elementalmente democráticas, como sería la eliminación de los pisos para mantener las personerías o el acceso realmente igualitario a la publicidad electoral en radio y televisión, que se postula en la reforma pero que es una verdadera farsa, ya que dan sólo 6 minutos diarios para todos los partidos, con lo cual los que ven beneficiados son los dueños de canales (como De Narváez), los que gobiernan (como los Kirchner) o los amigos de los periodistas que conducen programas políticos.

Desde el PTS venimos participando de reuniones en común con diversos partidos que han manifestado su oposición a esta reforma. Primero, nos reunimos con los partidos de izquierda, con los que sacamos una primer declaración (ver LVO N° 350). Luego hemos participado de una serie de reuniones realizadas a instancias del Partido Socialista Auténtico, aliado a Pino Solanas en Proyecto Sur. En ellas se resolvió sacar una solicitada en común y participar del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados donde se tratará el tema. El PTS y otros partidos de izquierda hemos planteado a los partidos firmantes de la solicitada la necesidad de acordar una movilización común y masiva contra la reforma.

Nosotros como marxistas revolucionarios no sólo enfrentamos a esta reforma reaccionaria con todos los que se quieran oponer sino que lo hacemos desde la perspectiva de luchar por un nuevo tipo de Estado, basado en consejos de trabajadores, donde sea la mayoría explotada la que ejerza verdaderamente el poder, quebrando la resistencia violenta que opondrán los capitalistas y construyendo una sociedad sin explotadores ni explotados. Pero la lucha por este objetivo no significa que no peleemos por medidas inmediatas que permitan lograr una “democracia más generosa” que la actual. Como planteaba León Trotsky en 1934 para Francia: estamos por la eliminación del aristocrático Senado y la existencia de una única Cámara legislativa, por la abolición de la figura presidencial (una suerte de monarca sin corona en el actual régimen constitucional) y porque todo legislador, o funcionario del poder ejecutivo, no pueda ganar más que el salario promedio de un obrero o de un maestro. También porque se introduzca la revocabilidad del mandato por los propios los electores. La lucha por estas demandas facilitará en amplios sectores del movimiento de masas la idea de que es necesario un nuevo tipo de estado, que exprese la democracia de los trabajadores.