El proyecto de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo perpetúa una de las nefastas herencias del menemismo. Como explica Rubén Tripi, si la ley de 1995 “constituyó un enorme retroceso en los derechos de los trabajadores”, la ley K la ratifica porque “elimina la “doble vía”, es decir que ante un accidente el trabajador debe optar entre aceptar la indemnización que ofrece la ART o ir a juicio. En el caso de que un trabajador opte por el juicio, debe recurrir a la justicia civil. Esto significa que queda fuera del derecho laboral, donde, aún con los cercenamientos de la dictadura y el menemismo, rige el principio protectorio”. Una reforma liberal y antiobrera que prolonga el gran negocio que hay detrás de los accidentes laborales, incorporando a los sindicatos, y abaratando los costos para los empresarios.

El diputado de Unidad Popular-FAP, Víctor De Gennaro, denunció este proyecto y presentó el proyecto de Ley de Prevención de Riesgos y Reparación de Daños en la Salud Laboral, con apoyo de la CTA. Las medidas centrales son la creación de un Banco Nacional de Seguro público no estatal para financiar la cobertura de trabajadores accidentados, la aparición de la figura de “delegado de prevención” en el ámbito laboral y la puesta en pie de una Secretaría de Prevención para planificar esta nueva política.

Zonas grises

La Ley de De Gennaro deja algunas zonas grises. No menciona lo central: la accidentología es inherente al capitalismo, por lo que sin atacar las extenuantes jornadas de trabajo y la precariedad, es utópico “prevenir” los accidentes. Por otro lado propone el Banco Público, en el sentido de que los trabajadores no caigan en las redes pro patronales de las ART. Pero si éste, u otro seguro para cubrir tratamientos, se creara, debería financiarse con impuestos progresivos a las grandes fortunas y con la reinstalación de los aportes patronales. En cualquier caso, deben ser los empresarios los que se hagan cargo de los costos de la salud de los trabajadores.

Por otro lado, ¿se mantendrá un sistema donde haya que vérselas con una burocracia pro patronal? Todos los trabajadores deberían poder contar con peritos, certificados y análisis propios, al servicio de lo cual debería estar el sistema público de salud, para lo cual hay que destinar mayores partidas presupuestarias.

Por último, el proyecto reconoce que el “delegado de prevención” podría paralizar la actividad laboral en caso de evaluar que existen riesgos. Sin embargo, en el Art. N° 21 plantea que el Ministerio de Trabajo puede ratificar o retrotraer dicha interrupción en 24 horas. No puede ser el mismo Ministerio que cierra los ojos ante la tercerización y los accidentes laborales el que determine eso. El delegado debe tener la potestad de llamar a asambleas y ratificar la interrupción laboral, en caso de que se determine la existencia de riesgos.

Aliados negros

Si el proyecto de ley que propone De Gennaro tiene ambigüedades, más notable es que lo presentó junto a Rubén Giustiniani, dirigente del PS, senador del FAP y excandidato a vice de Elisa Carrió. Giustiniani afirmó que “las cifras escalofriantes de muertes, accidentes y enfermedades de trabajadores parecen no interesarle al gobierno”. Omitió decir que Santa Fe, gobernada por el partido de Giustiniani, encabeza el índice nacional de accidentes laborales: en los últimos 12 años hubo 582.857, 135 por día. En los últimos años se calculan en 279 los muertos en accidentes laborales. Los obreros mueren como moscas.

El caso paradigmático es el de Alfredo Dianda y Nicolás Correa, obreros tercerizados de Acindar, fallecidos en febrero de 2008 cuando reparaban un horno a altísimas temperaturas. Frente a este asesinato, Binner creó los “comités mixtos de seguridad e higiene”, con participación patronal y obrera. Es decir que las empresas responsables de causar accidentes tienen “poder de veto” en estos comités. El PTS denunció esta política en las narices del entonces ministro de Trabajo, mientras ATE y la CTA Villa Constitución (a la que pertenecen los metalúrgicos de Acindar), orientada en ese entonces por el sector de De Gennaro, celebraron esta medida. A esta figura decorativa oponemos comités obreros, con poder de hacer asambleas y paralizar la producción en casos de riesgos.

Hay más. Santa Fe también encabeza el ranking de juicios laborales: desde enero 2002 a junio 2012 se iniciaron 255 mil, pero Julio Genesini, ministro de Trabajo del “socialista” Bonfatti, propone iniciar acciones contra lo que considera el causante de esta situación: los caranchos. Los amigos de De Gennaro encubren a los empresarios.
 
¿Qué hacer?

Hay que lograr la anulación de la Ley de Riesgos de Trabajo y terminar con el negociado de las ART, que el kirchnerismo buscar perpetuar. No se puede acabar con los accidentes laborales cabildeando con la oposición patronal. La CTA y la CGT tienen que impulsar un plan de lucha, con paros, marchas y asambleas, para lograr delegados en cada lugar de trabajo con plenos poderes para paralizar la producción en caso de riesgo de accidentes y medidas de seguridad discutidas por los trabajadores, hasta atacar la causa última de los accidentes: la superexplotación, la precarización y las jornadas extenuantes. Frente al proyecto K hay que luchar por la reducción de la jornada laboral a 8 horas y por el reparto de las horas de trabajo, un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.