Esta muerte debe ser un antes y un después. Su muerte, salvaje, tremenda, en la mayor indefensión. Su muerte, tras el ataque en un miserable calabozo. Su muerte para los sectores reaccionarios no importa, no es un niño rico matado por un pobre; es un hombre pobre, preso, muerto en una cárcel de Neuquén a manos de la policía. A Cristian lo atacaron a golpes y puñaladas en la Unidad 11, a la noche, y lo llevaron agonizando al hospital donde falleció días después. Ese mismo día había denunciado ante la organización Zainuco que la requisa lo hostigaba y le habían destruido las zapatillas nuevas que su madre le había comprado con esfuerzo.

Cristian no era cualquier preso. Era un luchador, como dijo su familia. Un joven de 32 años que, desde que está privado de su libertad sufrió a manos de la policía innumerables torturas, golpes y violaciones a sus derechos elementales. Él denunció y acusó varias veces a sus verdugos.
Cristian fue un testigo clave en el juicio oral de 2010 contra 27 policías acusados de torturar durante tres días a más de cuarenta internos. Se absolvió a 21 y al resto se los condenó, pero a sólo dos con prisión efectiva. Antes de aquel juicio Zainuco había recusado a Luis María Fernández, integrante del Tribunal, por haber sido colaborador de la Dictadura. Conocida la sentencia, Zainuco manifestó: “no nos sorprende este fallo con el cual el Poder Judicial oficializó la Tortura en Neuquén, tan naturalizada en la vida carcelaria aún en democracia”.

El gobierno del MPN y su policía son claros responsables de este asesinato. La policía tortura a los pibes pobres en cárceles y comisarías. La misma que fue pieza clave en el genocidio, prestando sus comisarías como centros de tortura. La que fusiló bajo gobiernos constitucionales a Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba. La que lesionó, haciéndole perder un ojo, a Pedro Alveal. Todos víctimas, entre muchos otros, de esas balas asesinas.

La muerte de Cristian es un hecho político. A través del ministro de Seguridad Gastaminza, el gobierno lo presenta como una pelea entre presos. Personas privadas de libertad hoy temen porque, probablemente, se intente hacerlos cargar la culpa mientras se garantiza la impunidad para los guadiacárceles y los responsables políticos como el Jefe de la Unidad 11 y el Jefe de Policía.

No podemos naturalizar esta muerte. Debemos exigir, movilizados en las calles, que renuncien los responsables políticos y el juicio y castigo a quienes participaron del hecho.

El asesinato de Cristian no puede quedar impune. Desde el CeProDH y el PTS, junto a Alejandro López de la banca obrera del FIT, nos pusimos a disposición de los familiares, participamos en la conferencia de prensa junto a Zainuco y pedimos en la Legislatura que se los reciba en la Comisión de Derechos Humanos.

¡Basa de represión y muerte en cárceles y comisarías!