Tras el triunfo electoral, Cristina Kirchner pidió que el Congreso avanzara en el “Proyecto de ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”. El proyecto busca “proteger más de 200 millones de hectáreas aptas para la producción de alimentos y servicios ambientales”, el 80 por ciento del total de tierras, “con el fin de posibilitar un desarrollo tecnológico propio que acreciente la capacidad agroindustrial nacional”.

Para Aldo Casella, abogado especialista en temas agrarios, quien también participó en la elaboración enviada por la Presidenta, se trata de una “política pública que asegura el acceso a la tierra de los nacionales”.

El texto, además, según el Ministerio de Agricultura, crea un Registro Nacional de Tierras Rurales, pero aclara rápidamente que ello no afectará “derechos adquiridos” (Art. 16). Lo que deja a buen resguardo desde el vamos las 900 mil hectáreas de los hermanos Benetton y las 45.000 de Ted Turner de la CNN; y las 350 mil de Douglas Tompkins y 400 mil de George Soros.

A la vez, su letra se empeña por expresar que la legislación no es “xenofóbica, prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras responsables”. Vaya ironía miserable. La realidad actual que despliega el Estado argentino avanza cargada de racismo e irracionalidad. ¿Cómo se entienden sino los palos y muertes que caen sobre los pueblos originarios y campesinos que son reprimidos y expulsados de sus tierras?; ¿cómo las “inversiones responsables” que se llevan adelante mediante quema y desmontes de bosques, fumigaciones de pueblos y la contaminación de los ríos?

¿Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino?

Asimismo, el proyecto kirchnerista, expresa que busca “la protección de propietarios y productores agropecuarios argentinos”. Para apoyar tal definición, uno de sus creadores, Eduardo Barcesat (abogado constitucionalista), lo lleva (casi) al ridículo y expresa que la ley generará un “sentimiento de solidaridad” puesto que “un argentino se va a preocupar de que primero estén alimentados sus compatriotas, mientras que un extranjero va a tener más tendencia a mandar la comida a su país”.

No obstante, hace muchos años que los terratenientes y capitalistas argentinos producen alimentos, supuestamente para alimentar a más de 300 millones de personas, y continua la indigencia y la pobreza. Y hace mucho tiempo también que la inflación de los alimentos son variable de ajuste y su precio aumenta a diario limitando el acceso del pueblo trabajador. Mientras crecen las ganancias empresarias y la recaudación estatal.

Con todo, el proyecto oficial insiste en venderse bajo el paquete (de ese híbrido) llamado “nacional y popular”, que nada dice de la concentración de la tierra de las familias patricias. Tal vez sea por eso también que las corporaciones agrarias y los terratenientes (con absoluta argentinidad) no ven con desagrado que se discuta el problema de la “extranjerización”, ya que nada dice tampoco (ni legisla) sobre la participación de extranjeros en fondos de inversión o fideicomisos destinados a la explotación de tierras de terceros en arrendamiento, ni el uso que se haga.

Menos todavía dice sobre el latifundio o la concentración de la tierra en manos nacionales; y aún menos sobre la función social y/o formas de producción. Nada de los Anchorena, Blaquier o Gómez Alzaga. Menos de las tierras agropecuarias que están en manos de sólo 4000 oligarcas, que poseen casi el 50% de las 170 millones de hectáreas sobre las que actualmente se produce.

El gobierno, busca con este proyecto extender la frontera agrícola y concentrar a través del poder territorial de gobernadores e intendentes un nuevo reparto de tierras. Funcionarios públicos y capitalistas nacionales, en nombre de “fabricar alimentos para el mundo”, podrán armar muy buenos negocios con sus socios extranjeros.

Negocios son negocios

Por eso, desde hace un tiempo, los desmontes y la deforestación avanzan de la mano de las policías provinciales y bandas de gorilas de los “señores feudales” que arrasan bosques y expulsan a pequeños productores, campesinos y pueblos originarios de las tierras de Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Neuquén, Córdoba… Nada importa al gobierno el DNI de estos pueblos, ni el hábitat, el patrimonio cultural o la utilización racional de los recursos naturales y/o la protección de la biodiversidad.

El proyecto, en consecuencia, persigue la extensión de la frontera agrícola bajo la máscara del “desarrollo nacional”, sin tocar el latifundio ni la concentración de la oligarquía, manteniendo la propiedad extranjera y nacional, mientras busca una mejor participación directa en los negocios poniendo bajo su dominio nuevas tierras.

Y por el contrario: al tratarse de un negocio que se extiende a través de agrotóxicos y siembra directa se multiplica el control y las ganancias de Monsanto, Syngenta, Nidera, Bayer, Hoesch, Profertil y Petrobrás; además del monopolio cerealero de Bunge, Cargill, Dreyfus y AGD, que siguen siendo los que acopian, transportan y comercializan la producción de la tierras rurales de la nación.