El malabarismo que el gobierno viene haciendo, primero con el Fondo del Bicentenario, luego con el Fondo del Desendeudamiento, y ahora, debiendo someter el pago de deuda con reservas a un proyecto de ley, responde a una nueva realidad de mayores complicaciones en el frente fiscal.

La holgura de ingresos que le permitió al gobierno contar con abultadísimos sobrantes de recaudación para ejercer una suerte de “bonapartismo fiscal” en la relación política con intendentes bonaerenses y gobernadores durante todos estos años ya no existe más. Incluso muchas provincias tienen rojo fiscal y de no recibir recursos del Estado Nacional amenazan, como en el caso de Corrientes, con emitir cuasimonedas.

Redistribuyendo para los capitalistas

Mientras la recaudación en términos reales (descontando el efecto de la inflación), está casi estancada desde finales de 2008 (o sea que crece, pero lo mismo o apenas un poco más que la inflación), el gasto público mantuvo un crecimiento por encima de la recaudación. ¿Se puede decir que el aumento del gasto responde a la redistribución del ingreso?
Difícilmente. Un cuarto de los gastos del Estado Nacional se destinan a los intereses de la deuda y a subsidios a los capitalistas. Si a esto se suma el pago de capital de la deuda el porcentaje supera el 40% del total del presupuesto.

Estas son las partidas que más crecieron en los últimos años. Los pagos de intereses y capital de la deuda aumentaron significativamente a partir de 2006 de acuerdo a lo pactado por Néstor Kirchner y Lavagna en la renegociación de 2005. Los intereses de la deuda pasaron de $17.000 millones en 2007 a $27.000 millones para este año. Y no solo eso, porque si se consideran los pagos de capital, que en muchas ocasiones pueden ser renegociados, las cifras se elevan mucho más. Por ejemplo, en 2009 la suma de intereses y capital llego a casi $40 mil millones. A pesar de ser el gobierno que más deuda pago, el “desendeudamiento” pregonado es puro verso, la deuda se viene incrementando desde el canje de 2005 y volverá a pegar un salto de concretarse el nuevo canje a los holdouts. El gobierno se “desendeudó” pagando puntualmente una deuda usuraria, que para los voceros del establishment habría que refinanciar alimentando el ciclo de los intereses, y que en realidad lo único que corresponde es no pagar en su totalidad. A excepción del pago a los jubilados y Pami que se solventa con el aporte sacado del sueldo de los trabajadores, la deuda supera cualquier otra partida en el presupuesto, especialmente las dedicadas a “gasto social”. Veamos algunos ejemplos: la universalización de las asignaciones familiares representa $7.300 millones, a la educación se destinan apenas $19.000 millones y a la salud $10.000 millones en todo el año!

Otra gran parte del aumento del gasto se explica por los crecientes subsidios a los capitalistas. De esta forma se benefician principalmente los empresarios del transporte, entre ellos Roggio, que a pesar de las pésimas condiciones en que se viaja en trenes, subtes y colectivos se llevarán $20 mil millones durante 2010. Además, unos $15 mil millones se irán en subsidios a las empresas de combustibles, energía y minería. Y los “repudiados” empresarios del agro se llevarán otros $5 mil millones. A pesar de todos estos beneficios solventando desde el Estado la ganancia, el gobierno no logró contener la insaciabilidad de los empresarios que igual aumentan los precios de los alimentos y los combustibles. El total de estas trasferencias crecieron de forma desorbitada: pasaron de $5.000 millones en 2006, a $10.000 millones en 2007. En 2008 fueron de $32.000 millones, y en 2009 de $35.000 millones. Este año están presupuestados $45.000 millones ¡Un crecimiento del 900% desde 2006! Aunque el gobierno quiere presentar esto como una política de mantener baratos los servicios públicos para los trabajadores en contra de la oposición que plantea el ajuste tarifario, la verdad es que los subsidios se los embolsan los empresarios y son una forma de abaratar la fuerza de trabajo y de hecho significa un subsidio a la ganancia capitalista. Muy por el contrario al aumento de tarifas, la única solución verdadera para garantizar servicios públicos baratos, o incluso gratuitos, para el pueblo pobre es la estatización del transporte, de las empresas de energía, de comunicaciones, y el conjunto de los servicios públicos, bajo gestión de los propios trabajadores, eliminado la ganancia empresaria.

Generoso en gastar para los capitalistas, el kirchnerismo mantuvo limitados los impuestos a las ganancias. Más del 50% de la recaudación proviene de IVA que grava fundamentalmente a los consumos populares y de las contribuciones a la seguridad social que se sustraen del salario! Aunque presentó como una pelea antioligárquica el intento de subir algunos puntos porcentuales las retenciones agropecuarias, descartó restablecer las contribuciones patronales al nivel de 1993 lo cual podría sumar casi $20.000 millones de recaudación o fijar cualquier gravamen a la renta financiera (que podría significar $11 mil millones). Esto obligó al gobierno a financiarse con deuda cara (como la concedida por el gobierno venezolano hasta 2008) o en el limitado mercado local. Pero como fue insuficiente, recurrió a los superávit de organismos como la ANSES, o el PAMI, que fueron fuentes que permitieron al gobierno salir del paso durante el año pasado.

Los problemas fiscales no se deben a que el gobierno busca “primero redistribuir y después crecer” como critican los medios más rabiosamente oligarcas, sino que están ligados a una estructura de gasto fiscal comprometida en sostener la ganancia empresaria y los pagos de la deuda apoyada mayormente en los impuestos al consumo. Una “redistribución”, sí, en beneficio de los capitalistas. El problema no es el gasto sino el saqueo nacional llevado adelante por el capital imperialista en asociación con los capitalistas locales.

Al gobierno se le hace cada vez más difícil seguir combinando su ortodoxia al momento de honrar las deudas y de (no) poner impuestos al capital con el andamiaje de subsidios a los capitalistas destinado a disimular los aumentos de precios (buscando sostener lo más posible la “ilusión INDEC” para limitar las pretensiones salariales), y el resto de las medidas de “bonapartismo fiscal”.

El agotamiento del “bonapartismo fiscal”

La situación de crecimiento más acelerado de los gastos en relación a los ingresos fiscales plantea a la burguesía una clara perspectiva de ajuste fiscal contra los trabajadores, pero la disputa se encuentra alrededor de los tiempos para ejecutarlo. Es que la recaudación en febrero proyectada podría llegar ajustadamente a cubrir todas las erogaciones del año, incluso, los desembolsos como la universalización del fondo a la niñez o el plan argentina trabaja, lanzados posteriormente a la aprobación del presupuesto. Por ahora, el gobierno enfrenta una situación fiscal manejable, pero no contará con los sobrantes generosos que existían cuando el superávit alcanzaba el 4% del PBI y permitía distribuir recursos discrecionalmente. En lo inmediato la oposición apunta a limitar cada vez más el “bonapartismo fiscal” que el gobierno desarrolló todos estos años.
En ese sentido va la ley de la oposición para quitarle la administración de una parte de los ingresos del impuesto al cheque mediante mayor coparticipación a las provincias. Sin embargo, la nueva etapa de la crisis internacional con la situación que atraviesan varios países europeos, entre los que se destacan Grecia, España y Portugal, crea una situación de alta inestabilidad que podría echar por tierra todos los pronósticos.

Frente a esta disputa, no hay ninguna alternativa favorable a los trabajadores ni en el gobierno ni en la oposición patronal. Aunque el gobierno evite el ajuste directo, su política de gastos para pagar la deuda y subsidiar a los capitalistas prepara las condiciones para un ajuste futuro, mientras el problema de la inflación que buscan ocultar representa un ajuste cotidiano sobre el poder de compra del salario. Incluso, para los capitalistas exportadores el salario en dólares viene cayendo fuertemente apuntalando sus ganancias. La oposición sólo busca impedir que el gobierno pueda hacerse libremente de los fondos adicionales para seguir gastando, pero comparte el objetivo de pagar la deuda sólo que pretende que el gobierno empiece a tomar al menos alguna medida de ajuste, para aligerar la carga que quedaría para quien gane en 2011.