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Entrevista a José Montes sobre Kirchner y el "estado de derecho"

"Con estas instituciones seguirá la impunidad"

4 de enero 2007

LVO:¿Qué significa el secuestro de Luis Gerez?

José Montes: Acá, lo que hay que decir, en primer lugar que el “ninguneo” del gobierno ante la desaparición del compañero Julio López, llegando a decir Aníbal Fernández que podría estar “en la casa de una tía” y embarrando la cancha con hipótesis descabelladas, abrió las puertas al segundo secuestro. Si es como ahora reconoce el presidente, los secuestros son para frenar el proceso de juzgamiento a los militares de la dictadura, cosa que nosotros dijimos desde el inicio con la desaparición de López, entonces tratar de esconder bajo la alfombra que fue un secuestro como ellos hicieron, fue la peor política, porque envalentonó y llevó a estos sectores a repetir el mensaje para dejarlo claro. Esto fue responsabilidad de Kirchner, Aníbal Fernández y Solá porque se perdió un tiempo irrecuperable. La política del gobierno crea confusión. Tanta que hasta muchos trabajadores dicen ahora que el secuestro de Gerez y la aparición inmediata después del discurso de Kirchner, “fue todo armado por el gobierno”. Esta confusión no significa que muchos trabajadores y sectores del pueblo “coincidan” con Patti y Menem, si no que es una reacción a la completa burla que significa la falta de información y la manipulación gubernamental de un hecho tan grave. Y en todo caso muestra la incapacidad del gobierno para parar a sectores de un aparato de “seguridad” que tiene una enorme continuidad con la dictadura para no hablar de los crímenes de la policía bonaerense en todos estos años, con el gatillo fácil y todo tipo de negociados y corrupción. Ya son muchas las voces que dicen que estas fuerzas de seguridad, incluida la SIDE cuya cúpula operativa sigue estando dirigida por agentes de inteligencia que vienen desde 1974, son incapaces de investigar ni buscar a los secuestradores de López y Gerez. Por ello, en primer lugar el PTS propone la formación de una Comisión Investigadora Independiente integrada por las víctimas y/o sus familiares, los organismos de derechos humanos y organizaciones obreras y populares combativas, con plenos poderes a la que se provea de todos los elementos para esclarecer los secuestros, empezando por el libre acceso a todos los archivos.

LVO: ¿Cómo proteger a los testigos de los juicios a los genocidas?

JM: El PTS obviamente rechaza que sean los mismos implicados en estos secuestros, los elegidos para la “protección” de los testigos. Consideramos necesario que la protección tiene que ser brindada exclusivamente por las organizaciones de DD.HH, gremiales, políticas y sociales independientes del Gobierno y comprometidas con la lucha del pueblo.
Ningún compañero que tenga que dar testimonio puede sentirse protegido por asesinos. Según cuentan los diarios, el relato del concejal Hugo Cantero, cuya presencia pidió Gerez cuando lo liberaron, es elocuente: cuando un patrullero llegó a su casa para trasladarlo hasta Garín donde estaba su compañero dijo “pensé que ahora me chupaban a mí”. Es como poner al lobo a cuidar las ovejas...
Según el periodista Verbitsky en Página/12, en los 300 futuros juicios habría unos 5000 testigos dispuestos a declarar contra los represores.Se necesita de la más amplia movilización popular y reunir miles de compañeros para poder concretar esta protección. Un pequeño ejemplo aunque muy útil es el de los ceramistas de Neuquén que frente a amenazas de muerte que sufrieron en su momento, no sólo rechazaron la “protección” policial para el dirigente de Zanon Raúl Godoy y otros trabajadores ceramistas sino que además organizaron su propia “guardia ceramista”. La tarea de proteger a todos los testigos tiene que ser tomada por las multisectoriales, como plantea la Multisectorial de La Plata, que se vienen reuniendo en distintos puntos del país y que son las que organizaron la lucha desde el secuestro de López. Es una tarea para empezar a concretar ya. A los sindicatos hay que exigirles que aporten los fondos necesarios para el sostenimiento material de todos los que se propongan para ser parte de estos Comités de protección o autodefensa. En mi fábrica, el Astillero, se podría plantear que la patronal otorgue licencia con goce de sueldo a los trabajadores que participemos de esta tarea, y esto puede extenderse a otras fábricas y establecimientos.

LVO: ¿Es posible reformar estas fuerzas armadas y de “seguridad”?

JM: Estas fuerzas son irreformables. El secuestro de Julio López -y ahora el de Gerez (más allá de las hipótesis de su secuestro)- reabren una crisis estatal de la Argentina capitalista; que se arrastra desde la caída de la dictadura militar. Ningún gobierno patronal puede darle una solución que sea favorable a los trabajadores y el pueblo. Terminar con la impunidad del aparato represivo sería socavar el pilar fundamental del propio Estado de los capitalistas. La continuidad de este aparato armado es la reserva fundamental que tiene la clase de los empresarios para imponer sumisión ante la superexplotación de los trabajadores, la pauperización de sectores de las clases medias y garantizar las ganancias de los patrones, y por eso sostenemos que el golpe de Videla fue impulsado por la clase capitalista. La continuidad y la función del aparato represivo pudo verse claramente en la rebelión del 2001 donde la policía y la gendarmería asesinaron a mansalva a más de 30 compañeros, cuando el pueblo se levantó para echar a De la Rúa, un gobierno al servicio de los patrones y el imperialismo. Incluso el actual gobierno utilizó a la gendarmería para reprimir y encarcelar a los petroleros de Las Heras.
Cuando Kirchner asumió la presidencia con un escaso 22% de los votos, anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y cambió el discurso de Estado (la vieja “teoría de los dos demonios”) sobre lo ocurrido durante la dictadura, y quiso terminar el problema castigando a algunos viejos genocidas emblemáticos. Esta política se demostró un fracaso, porque aún estos viejos represores, como Echecolatz, tienen lazos con las fuerzas de seguridad actuales y grupos de exonerados de las fuerzas que, sin ir presos, siguen actuando en las sombras. Ante esto surgen quienes desde la oposición patronal como los Macri, López Murphy, y hasta Elisa Carrió hablan de dar un cierre a esto volviendo a la idea de “reconciliación”, algo así como “para que no haya más secuestros y venganzas de los genocidas, hay que detener el proceso de los juicios”, algo completamente funcional a la idea que quieren instalar quienes dan estos golpes. Por el contrario sostenemos que para terminar con los secuestros hay que terminar con la impunidad, que vayan a la cárcel. Después de 30 años todavía tenemos que ser los trabajadores y el pueblo los que aportemos “pruebas” de que son unos asesinos, y tendría que ser al revés que para un ciudadano común, lo que se llama “inversión de la prueba”, es decir que son culpables hasta que se demuestre lo contrario.
La clase trabajadora, principal víctima del genocidio es la que tiene que intervenir en esta crisis empezando por sus organizaciones combativas que deben comprometerse, como los ceramistas de Zanon y otras organizaciones clasistas, en esta lucha. Hay que exigir a las centrales sindicales un paro nacional, empezar a instalar la idea en los trabajadores que si no los paramos nosotros no los para nadie. Para nosotros, socialistas revolucionarios, es necesaria la movilización de masas que apunte a disolver las fuerzas de represión del Estado de los patrones, mediante una revolución que instale un gobierno de los trabajadores, donde la clase obrera y el pueblo organicemos nuestra propia defensa.

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