El despliegue de la Gendarmería sobre la refinería de YPF en La Matanza el miércoles 20, revela un salto en la criminalización del derecho de huelga, un tópico permanente en los discursos de Cristina que condena los métodos de acción directa, como acaba de hacerlo con los trabajadores que tomaron el Cerro Dragón y cortaron la ruta 26 por sus justas demandas.

El ministro del Interior Florencio Randazzo no sólo multó al sindicato de camioneros con $4 millones sino que también presentó una denuncia penal contra Hugo y Pablo Moyano por coacción, coacción agravada y obstaculización del servicio público, figuras comprendidas en los alcances del artículo 194 del Código Penal que sanciona el entorpecimiento del “normal funcionamiento de los transportes”. La denuncia de Randazzo señala “un ejercicio abusivo del derecho de huelga, no tutelado por el ordenamiento jurídico” empleado “con el claro propósito de ejercer compulsión en miras de obtener concesiones de la contraparte empresaria y de los poderes públicos” (Página12, 22/06). ¿Qué huelga seria no es un “ejercicio de compulsión”? Se parecen a las clases medias gorilas de los barrios chetos. Ni el menemismo se atrevió a tanto con un capo de la CGT. ¿Qué le queda entonces a un simple trabajador? 
Amado Boudou ya había amenazando con aplicar la Ley de Desabastecimiento, la que desde un punto de vista formal penaliza a los empresarios que promueven el agio, pero utilizada contra los dirigentes sindicales no puede más que judicializar, premeditadamente, el derecho a la protesta social.

Abogados laboralistas como Horacio Meguira de la CTA consideraron que este tipo de denuncias penales contra dirigentes sindicales podrían ser empleadas para ensayar la Ley Antiterrorista. ¡Qué ironía, el cacique de la CGT potencialmente amenazado por la misma ley represiva que mandó a votar a su lugarteniente, Omar Plaini, titular de los canillitas y diputado del FpV, para demostrar su lealtad al gobierno kirchnerista! 

Campaña democrática

El gobierno atacó el derecho de huelga mediante su secretario de Seguridad Sergio Berni, quien burló los piquetes camioneros sacando por los costados ocho camiones de combustible con choferes del Ejército y Gendarmería, mientras aviones de las FF.AA. trasladaban otros conductores de esas fuerzas para hacer efectiva esa finalidad (La Nación, 21/06). No es la primera vez que apelan a las FF.AA., aunque todavía en aspectos laterales, en aras de lidiar con un conflicto obrero. En diciembre de 2010, tras un conflicto con los trabajadores aeronáuticos, Cristina militarizó el control del tránsito aéreo con oficiales de la Fuerza Aérea y amenazó retirar la personería gremial a APTA. Por este andarivel resulta sugerente que el Ejército haya dado a conocer la orden 02/D/12 del general César Milani, disponiendo la Operación Conjunta General Don José de San Martín que asigna a las FF.AA. “misiones subsidiarias de Defensa Civil y Apoyo a la Comunidad”, violando abiertamente las leyes de Defensa de la Democracia y Seguridad Interior (www.elinformadorpublico.com). Milani, el oficial de inteligencia favorito de la ministra de Seguridad Nilda Garré, tiene escuela: participó en 1975 del Operativo Independencia bajo el mando del genocida Bussi.

Cuando el mismo INDEK informa que más de la mitad de los asalariados cobra salarios inferiores a $3000 y hay 9 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, el gobierno comienza a templar nuevas herramientas represivas para blindar un “Estado fuerte” que proteja los intereses de los que “la levantan con pala”. Quizás por eso conmemoró la muerte de nueve gendarmes con dos días de luto nacional el mismo día que se cumplían diez años de los asesinatos de Maxi Kosteki y Dario Santillán con todos los responsables políticos impunes, algunos con cargos en el gobierno. 

Si en verdad la CGT Moyano y la CTA Micheli se proponen luchar deberían lanzar un plan de lucha nacional con los reclamos de toda la clase trabajadora, comenzando por una gran campaña democrática en defensa del derecho de huelga y los métodos de acción directa, el desprocesamiento de más de 5000 luchadores obreros y populares, el juicio y castigo a todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra, la destrucción del Proyecto X y la derogación de la Ley Antiterrorista. Una gran campaña democrática en las calles para desenmascarar la impostura del “gobierno de los DD.HH.”