La renuncia de Lousteau es otro síntoma del agotamiento del esquema económico de los Kirchner y una muestra de la crisis política nacional.
El gobierno tira lastre, al sacarse de encima al autor de la resolución de aumentos de las retenciones que provocó la puja con las patronales del campo. Pero, de fondo, el cambio en el Ministerio de Economía se produce cuando el esquema kirchnerista muestra claros síntomas de agotamiento, en particular el fuerte crecimiento inflacionario y la necesidad del Estado de conseguir nuevos fondos para el pago de la deuda externa, aumentar los subsidios a los empresarios y cubrirse con caja para los efectos de la crisis internacional. Mientras los Kirchner engañaron al pueblo diciendo que con el desembolso de 10 mil millones al FMI, la Argentina se había desendeudado, resulta que esta crisis se abre porque, entre otras cuestiones, debieron aumentar la recaudación fiscal para afrontar nuevos pagos de 16.000 millones de dólares por deuda externa para este año.

Mientras el bloque de la patronal del campo quiere mantener toda la renta y no le importa elevar los precios del consumo popular, el gobierno miente cuando dice que el motivo central del aumento de retenciones es para “distribuir el ingreso a favor de los que menos tienen” como repite la presidenta. El superávit fiscal está engrosado con lo que nos sacan a los trabajadores y el pueblo con el IVA y todo tipo de impuestos al consumo, y gastan más en subsidios a los capitalistas y para pagar la deuda externa. El nuevo ministro Carlos Fernández asume (con la presencia de los representantes de la oligarquía, Miguens de la Sociedad Rural y Llambías de la CRA) sosteniendo que se va a “reafirmar el rumbo” económico.

El gobierno se apresta a relanzar el 25 de mayo (a lo cual convoca Moyano) la política de “pacto social” con la burocracia de la CGT y las distintas patronales. Es decir una reafirmación de los techos salariales que en medio de proyecciones inflacionarias de entre un 30 y un 43% para los productos de la canasta alimentaria, significa profundizar la caída del salario real.

Frente a las señales de crisis, en la clase dominante se plantean distintas “alternativas” igualmente antiobreras y antipopulares que la vigente. Por un lado están quienes plantean “enfriar” la economía (moderar el crecimiento del PBI) bajando el gasto público, congelando salarios, aumentando tarifas y subiendo las tasas de interés para encarecer el crédito al consumo. Esta posición, que en mayor o menor grado es sostenida por los sectores financieros, la mayoría de la oposición y también por algunos sectores afines al gobierno, implicaría una automática caída de los salarios y despidos para importantes sectores de los trabajadores. Por otro lado, están los que plantean una nueva devaluación llevando el dólar hasta cuatro pesos, cuestión que beneficiaría a los grandes exportadores agrarios e industriales y que provocaría una mayor escalada inflacionaria, constituyendo por esa vía un fuerte golpe al poder de compra del salario. Como vemos, todas las “salidas” que proponen los capitalistas para hacer frente a la crisis implican atacar a la clase trabajadora.

Ante las distintas alternativas que quieren reducir el gasto fiscal, decimos ajuste fiscal para los grandes empresarios: impuestos progresivos a las grandes fortunas y eliminación de los impuestos al consumo popular como el IVA.

Este 1 de mayo, en el Obelisco a las 15 hs levantamos una tribuna de lucha e independencia política de los trabajadores de los distintos planes de los capitalistas: ni con el gobierno ni con el frente patronal del campo. Para levantar un programa en defensa de los intereses de la mayoría obrera y popular, empezando por reclamar un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar y, para defenderse de la inflación, una cláusula de ajuste automático del salario de acuerdo al aumento los precios. Para rechazar los techos salariales firmados por los Moyano, los Yasky y cía. y reclamar la reapertura de las paritarias con delegados elegidos por los trabajadores. Para terminar con el trabajo en negro y los contratos precarios, incluyendo la derogación de la ley videlista 22.248 que rige para los trabajadores rurales. Para defender a los nuevos delegados y trabajadores combativos de las persecuciones, las patotas sindicales y la represión, e iniciar una campaña por el desprocesamiento de los 18 obreros de Mafissa que son amenazados con la cárcel por luchar contra los despidos y el lock out empresario de la patronal de los Curi, colaboracionista con la dictadura.

José Montes y Christian Castillo

Partido de los Trabajadores Socialistas- PTS