Desde 1992, son garantes de la criminalización de la protesta social, que ya acarrea más de 5.000 procesados en el país; son la cúpula de un poder judicial lleno de cómplices de la dictadura, atacan a las víctimas del genocidio, están libres los asesinos del gatillo fácil… ¿y el gobierno no lo sabía?
Kirchner, que ganó apoyos con el tema de Derechos Humanos, salió a buscar un culpable de todos los males y lo encontró: en la Cámara Nacional de Casación Penal, ubicada en Comodor o Py, en la Capital, que actúa como instancia de apelación en las causas contra los milicos de todo país.
No es un "enemigo" menor. Y eso lo venimos denunciando desde el inicio de las "megacausas" que hoy se declaman como paralizadas, por varias razones:
• Los expedientes provenientes de esos procesos son remitidos a la Sala IV de Casación, porque es la que "tiene competencia en materia militar".
• El juez Bisordi, en una resolución llamó a Graciela Daleo ¨delincuente terrorista... miembro de la asociación ilícita Montoneros¨
• El juez Bisordi dijo que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Liberpueblo, CORREPI, entre otros, somos los ¨autodenominados organismos de Derechos Humanos¨ y que la denuncia penal por abuso de autoridad que efectuamos contra él ¨...constituye una verdadera payasada jurídica...¨. A partir de allí, el juez Bisordi se excusó de intervenir por ser "enemigo manifiesto" de los querellantes.
• En septiembre de 2004 (¡sí, hace más de 2 años!) decenas de organismos publicamos una solicitada en Página/12 denunciando esos hechos.
• El 22/11/04, realizamos la denuncia al Consejo de la Magistratura, acompañados por el CELS, la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA, etc., y respaldada posteriormente por el Colegio de Abogados.
• El 30/05/05 tuvimos una entrevista con uno de los jueces que se reclaman "progres" de la Corte Suprema de la Nación y ya en aquel momento denunciamos el retardo de Casación.
• Además, se denunció que existían convenios entre Casación y la Armada para que el personal judicial usara el comedor y del gimnasio del Edificio Libertad, para que se "recrearan" entre los mismos marinos que supuestamente tenían que imputar en las causas1.
• Y como si todo esto no alcanzara, en marzo del 2005 se los recusó porque iban a misa a la iglesia de la "Stella Maris", perteneciente al Obispado Castrense, a cargo del Monseñor Baseotto, el que propuso tirar al ministro Ginés González al mar.
¿Quién puede dudar que con todos estos antecedentes no iban a hacer lo posible por paralizar las causas por delitos de lesa humanidad?
Actuaron en consecuencia. Cada incidente promovido por los genocidas tuvo su tratamiento especial, liberándolos cuando eso era lo que pedían o paralizándolos cuando se podía complicar su situación procesal.
Una vez más, denunciamos todo esto, pero no podemos perder de vista que el gobierno quiere hacer una operación política sencilla: Casación sería el único responsable de que las causas no avancen. El sostén de la impunidad en la Argentina tiene motivos bastante más diversos que la centena de incidentes que tiene en sus manos ese reaccionario tribunal: el 95% de los genocidas está impune, los decretos de indulto vigentes, no hubo apertura de los archivos de la represión, 500 jóvenes apropiados, las causas son desguazadas día a día empantanando las investigaciones, y una lista enorme de hechos que se denunciaron este 24 de marzo por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, y no nos olvidemos: SOLO DOS CONDENADOS Y JULIO LOPEZ DESAPARECIDO.
Desde el CeProDH nos pronunciamos por la remoción de los jueces reaccionarios de Casación y de todos los cómplices de la dictadura. Y proponemos como medida democrática elemental la elección por sufragio universal de todos los jueces y fiscales y juicio por jurados.


1 Tanto es así que a un fiscal que pidió una medida contra unos marinos de la Esma, no le fue permitido ingresar al gimnasio.