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Neuquén

El camino hacia la impunidad

PTS Neuquén

18 de mayo 2009

En varias notas de este periódico hemos señalado que detrás del juzgamiento a los genocidas existe una política de “juzgamiento limitado” que tiene como telón de fondo el intento de reconciliación con las fuerzas represivas. En estos últimos días se ha hecho pública la decisión de la Jueza Federal de Neuquén, Margarita Gudiño, de declararse incompetente y enviar 22 casos de victimas de la dictadura militar de la zona a Bahía Blanca. Numerosos son los pronunciamientos que ha habido en contra de esta decisión, sobre todo de victimas y familiares, como de organizaciones de derechos humanos, pues se trasluce que detrás de esta decisión se siguen trazando maniobras para la impunidad. En el transcurso de estos días la Cámara Federal de la ciudad de Gral. Roca debe resolver la apelación que presentemos desde la querella del CeProDH.

En nuestra zona, luego del juicio contra 8 genocidas, siguió un tramo de investigación que incluye a esos mismos 8 genocidas junto con 19 represores más que son acusados por 39 casos, entre los que hay 6 desparecidos y un asesinado en la tortura. Ese grupo de genocidas formaron parte de dos de las fuerzas represivas que llevaron adelante el genocidio en la zona: el Ejército y la Policía de Río Negro. Además se están ampliando las indagatorias a los mismos genocidas por 16 casos más.

La decisión de enviar al Juzgado de Bahía Blanca los restantes 22 casos -que a la fecha no se los han imputado a ningún genocida- tiene la intencionalidad clara de cerrar el capitulo de investigación
e imputación de esta causa, juzgando sólo a 27 genocidas de miles que actuaron, lo que a la vez implica juzgar sólo a dos de las fuerzas represivas, dejando intactas al resto, es decir, a la Policía de Neuquén, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal, fuerzas que fueron claves por su aporte en la dictadura.

El juzgar limitadamente y la obediencia debida de hecho

En su decisión la Jueza utiliza como uno de los argumentos que las órdenes emanaron del V cuerpo del Ejército, lugar en el que según ella, se decidía el destino de estas víctimas. Este argumento va claramente en la lógica de juzgar sólo a las cúpulas, una especie de obediencia debida de hecho, que deja impunes a los partícipes, que secuestraron, pusieron la capucha, torturaron, violaron, entre otras atrocidades. Pero lo profundo de esta decisión, está a tono con la política a nivel nacional de ir juzgando un número cerrado de genocidas, la mayoría pertenecientes a las cúpulas del Ejército, para dejar incólume a la gran mayoría, y sobre todo a determinadas fuerzas represivas. Ello es afín a no juzgar por genocidio, pues si así lo hicieran, deberían imputar a todos los que prestaron funciones en la dictadura en cada una de las fuerzas que fueron parte del ataque. No fueron 27 en nuestra zona los que llevaron adelante el plan genocida, la persecución a los luchadores y militantes, sino que fueron miles. Tampoco fueron meros autómatas que cumplieron órdenes, sino que fueron represores concientes de su aporte a aniquilar una generación militante, de obreros, de jóvenes, de estudiantes, intelectuales, docentes, artistas que cuestionaban el orden imperante en un momento histórico de ascenso y radicalización de los explotados.

El punto final de hecho

Enviar estos casos a Bahía Blanca, también es acorde con la política nacional de “celeridad” que en verdad quiere ponerle un número fi nal a los juicios y acabar la tarea original de juzgar algunos genocidas y no a todos. Por ello el cerrar el capítulo con la visión de que “se hizo justicia” tiene un valor trascendental para el Estado y sus instituciones, con la falsa creencia de que se juzgó a todos los genocidas, poder avanzar en la política de reconciliación para utilizar las fuerzas represivas legitimadas contra los que luchan.

En nuestra zona, este capitulo que signifi ca un punto fi nal de hecho (“hasta aquí llegó el avance contra el aparato represivo”) se evidencia muy claramente por la forma en que se ha juzgado. Ligado a ello campañas mediáticas de “mega jueces” y “mega juicios” para demostrar que “aquí si se hace justicia”, que lejos de acabar con la impunidad, le ha servido al ex Juez Federal Guillermo Labate para ascender al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, y a Oscar Albrieu -uno de los jueces del Tribunal Oral Federal que llevó adelante el juicio el año pasado-, para ser candidato a diputado nacional por el PJ en Río Negro. Mientras que lo cierto es que esto oculta que la aspiración a juzgar son 27 genocidas de dos fuerzas represivas, el resto quedará en el camino de la impunidad.

Por ello, le pelea que se está llevando adelante para lograr que estos casos no sean enviados a otra jurisdicción, debe ser el puntapié para dar la pelea porque se juzgue por genocidio, a todos los genocidas por todos los compañeros y compañeras.

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