La continuada intervención del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y el desplazamiento de la directora del área de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) Cynthia Pok, que calcula la línea de pobreza del INDEC, responde a fines bien concretos.

Desde enero denunciamos que la manipulación del IPC obedece a que el gobierno necesita mostrar un porcentaje muy por debajo de la real inflación anual. Fracasada la tibia política de control de precios oficial, el objetivo fue “si hay aumentos que no se note”. Con los recientes acontecimientos, habría que agregar: “si hay pobres hay que esconderlos debajo de la alfombra”. Y al ritmo que vamos, quizás la próxima institución que decidan intervenir sea el Servicio Meteorológico, para tapar los informes climáticos ante la crudeza de la crisis energética.
No es la primera vez que señalamos cómo influye en los trabajadores las manipulaciones del IPC. El 10 de julio se reunió el Consejo del Salario Mínimo estando presentes funcionarios del gobierno, de la CGT, la CTA, la UIA y otros sectores empresarios. Se acordó lo que los patrones dicen que pueden pagar, un salario mínimo de $ 900 desde julio, 960 en octubre y 980 a partir de diciembre.

El ministro de Trabajo Carlos Tomada tuvo la caradurez de decir que lo acordado está por encima de la línea de pobreza. El INDEC –en base a datos truchos del IPC- acababa de informar que en junio una familia tipo necesita $ 923,5 para no ser pobre. Pero la manipulación no alcanzó para darle la razón a Tomada. Como vimos, el salario acordado es aún menor que los datos de junio y sin lugar a dudas al ritmo que va la inflación es difícil que para diciembre la línea de pobreza esté en $ 980.
El Consejo del Salario había sido creado por Menem para establecer un piso salarial a la baja. Pero durante el mandato del riojano ese Consejo no llegó a reunirse, porque el látigo en la ventana del aumento de la desocupación le alcanzaba a la clase dominante para mantener depreciados los salarios. Bajo el gobierno de Kirchner esta institución cobró nueva vida ya que “planchar” el salario es una necesidad vital del actual esquema económico para que aumenten las ganancias empresarias con el dólar alto mientas la inflación va a un ritmo superior al de los salarios devaluados.

La decisión de mantener el salario mínimo en un piso que no llega siquiera a la canasta de pobreza trucha, da muestras de qué distribución de la riqueza habla Kirchner. En 5 años de sostenido crecimiento económico, la única “distribución” que ha habido fue para los empresarios (le acaba de dar más de $ 900 millones a la Repsol y otras petroleras para entregar gasoil a los monopolios al precio del gas); para el bolsillo de los funcionarios (caso Skanska), o para los organismos internacionales, como muestra el pago de 10.000 millones de dólares al FMI en concepto de deuda externa y los próximos 6.500 millones que piensan abonar al Club de París después de las elecciones de octubre.

Un aumento para pocos

El aumento, además, atañe sólo a 422.000 trabajadores que representan el 3,8% del total de los asalariados, son un sector de los empleados que están fuera de convenio1. Quedan afuera los trabajadores rurales y el servicio doméstico (que se rigen por convenios propios), los jubilados y los empleados públicos provinciales y municipales que dependen de la legislación de cada provincia. Casualmente, sectores que tienen salarios muy depreciados.

Este aumento miserable –además en cómodas cuotas- se da en un marco donde “sólo el 40% de los trabajadores participa del circuito formal, más de la mitad de los trabajadores tiene ingresos inferiores al mínimo y donde el 80% de los hogares no reúne, siquiera, el ingreso correspondiente a la canasta familiar ($ 2.686 a junio de 2007)” (Datos IDEP). Sólo un pequeño sector de los asalariados en blanco recuperó lo arrebatado por la devaluación. El mismo Recalde, asesor de la CGT, reconoce que el costo laboral de conjunto es hoy un 26% inferior a diciembre de 2001. Mientras que la tasa de rentabilidad promedio de la industria fue del 22% en 2005 y 21% en 2006; es decir que los empresarios están levantando billetes con pala.

Para los trabajadores y los pobres la pérdida del poder adquisitivo es enorme. Un informe del consultor Ernesto Kritz afirma que la canasta básica evidencia en lo que va de 2007 que la inflación acumuló más de un 15% mientras que la canasta trucha del INDEC estima para ese período un 3,3%.

Salario mínimo equivalente a la canasta familiar

El aumento gestado en el Consejo del Salario fue convalidado por la CGT de Hugo Moyano que aceptó casi sin objetar lo propuesto por la patronal y el gobierno. La CTA se abstuvo, pero como ya es su costumbre no hay una sola medida de lucha convocada.
Pese a la “tregua social” que vienen manteniendo la CGT y la CTA, sectores de la clase trabajadora han desafiado esta política. Es el caso, actual, de los telefónicos que rechazando las órdenes de la burocracia de FOETRA continúan con sus medidas de fuerza y en asambleas reclaman un aumento salarial del 25%. Está planteado rodear de solidaridad a los que luchan y pelear por recuperar las comisiones internas, los cuerpos de delegados y los sindicatos de manos de los dirigentes sindicales vendidos.

Hay que pelear por un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, valuada hoy en $ 2.700, indexado según inflación. Un subsidio de $ 1.350 para todos los desocupados y el 82% móvil para los jubilados.

La política de acuerdo de precios del gobierno es un fracaso. Pero los que critican como Lavagna, Macri y toda la derecha lo hacen en nombre del libre juego de mercado, del interés empresario. Mientras los precios están por las nubes las cerealeras y aceiteras, los frigoríficos y ganaderos, los hipermercados y la industria láctea embolsan millones. La medida más eficaz para controlar los precios es la que pueden llevar a cabo los trabajadores de las empresas líderes que los fijan, exigiendo la apertura de sus libros de contabilidad para ponerlos bajo la mirada de todo el pueblo. Junto a esto hay que impulsar la formación de comités populares de control de precios por barrio. Esta tarea puede llevarse adelante junto a los pequeños comerciantes, que soportan también los acuerdos que imponen los empresarios formadores de precios. Además, hay que eliminar el IVA e imponer a los grandes patrones impuestos progresivos. Que paguen más los que se quedan con la parte del león de la riqueza nacional.