El colapso del transporte público es uno de los mayores padecimientos que sufrimos a diario millones de hombres y mujeres trabajadoras. En los únicos trenes en los que se viaja bien son los que van a San Isidro o el tranvía nuevo que va semivacío por el lujoso Puerto Madero, mientras millones viajan como ganado a sus lugares de trabajo entre la Capital y el Gran Buenos Aires. El estado calamitoso del transporte público a manos de los empresarios privatizadores ha generado ya verdaderas rebeliones populares. Entre las más recordadas están las de la Estación Haedo y, este año, el estallido de bronca en Plaza Constitución que derivó en el quite de la concesión al pirata empresario Sergio Taselli. Lejos de solucionarse, los problemas se agravan como se volvió a demostrar semanas atrás nuevamente en el ex ferrocarril Roca.

Ante esto, los dirigentes sindicales amigos del gobierno y que, como en el caso de la Unión Ferroviaria, participan directamente como empresarios en varias concesiones de líneas ferroviarias, han decidido no la solución al problema sino la represión a los estallidos de bronca y la garantía del “orden” para que todo quede igual.

Después de los últimos incidentes del 3 de setiembre en la estación Constitución, donde la bronca de un sector de los pasajeros se descargó equivocadamente sobre los trabajadores, culpándolos del mal servicio, la Unión Ferroviaria pidió al Ministerio del Interior mayor presencia policial en los trenes. A pedido de José Pedraza se realizó una reunión en la Casa Rosada en la que participaron el ministro del Interior, Aníbal Fernández; el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca; y el mismo secretario general de la UF. “Acordamos la constitución de un equipo de trabajo que va a determinar el número exacto de agentes que es necesario. Nosotros planteamos que tienen que ser policías de servicio, no adicionales, que a veces vienen sin dormir para cumplir horas extras y no tienen la misma autoridad”, dijo Pedraza (Clarín, 12/09/07).

Por el contrario a esta actitud pro-empresarial y represiva, el Cuerpo de Delegados del subterráneo viene realizando desde hace meses reiteradas denuncias ante Metrovías S.A., la Secretaría de Transporte, el Ente de Regulación de Empresas Públicas, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y la ART Consolidar, sobre las peligrosas condiciones de seguridad para los pasajeros dado el estado del material rodante, cambios, vías y alertando para impedir la posibilidad de lo que los trabajadores llaman un “Cromañón subterráneo”.

Como reacción a esta denuncia a favor de los intereses populares, el empresario Roggio -dueño de Metrovías- ha desencadenado una seguidilla de ataques contra los delegados (ver pág. 4 y 5) . En una solicitada publicada en los principales diarios nacionales, Metrovías acusa a los representantes de los trabajadores de “vandalismo gremial”. Uno de los delegados, Néstor Segovia, recibió un telegrama de la empresa que anuncia que “se le iniciará el proceso judicial de exclusión de su tutela gremial previsto en el art. 52 de la ley 23.551 a los fines de despedirlo con justa causa y por su exclusiva culpa (...)”. Y esto amenaza extenderse hacia más delegados que ya están siendo culpados de “sabotajes”.
Los directivos sindicales de la UTA fogonean este pedido de desafuero porque buscan retomar el control burocrático de los trabajadores y están rearmando un grupo de choque con más de 30 hombres pagados para realizar todo tipo de provocaciones contra los legítimos representantes de la base. El gobierno, a través de la Viceministra de Trabajo y segunda de Tomada, Noemí Rial, se ha sumado a la campaña hablando de “interna gremial” y sosteniendo que va a “terminar con los sabotajes”. Estamos ante una cruzada por parte de los empresarios y los burócratas sindicales, amparados por el gobierno, contra los trabajadores que luchan por sus derechos y los de la población usuaria del transporte.

Este es el contenido del “pacto social” que anuncian para el futuro gobierno de Cristina Kirchner. A estos explotadores como Roggio que viven del Estado (ver artículo) se los llama “empresarios inteligentes” y, además de millonarios subsidios, se les regala la derogación de la “doble indemnización” para que puedan despedir más barato. A los dirigentes como Oscar Lezcano de Luz y Fuerza, que acaba de apoyar que aumenten las tarifas de luz porque “es necesario” para las empresas; a José Rodríguez del SMATA, que está denunciado por “estafa” con los fondos del sindicato como ya lo estuvo también Rodolfo Daer de la alimentación, o al mismo Juan Manuel Palacios propietario de campos después de años al frente de la UTA, los llaman “dirigentes responsables”.

Pero mientras las cúpulas sindicales aparecen cada vez más divorciadas de las necesidades de la clase trabajadora, en todo el país se viene dando en estos años el surgimiento de nuevos delegados electos por la base. El caso del subte es uno de los emblemas de este proceso que abarca desde la avanzada gestión obrera de Zanon por parte de los ceramistas de Neuquén, hasta los recientemente electos delegados de FATE en la zona norte del gran Buenos Aires (ver pág. 7). Todos estos sectores tenemos la responsabilidad de defender a los trabajadores del subte y sus delegados legítimamente elegidos, y extender la remoción de los delegados burocráticos en todos los lugares de trabajo para reemplazarlos por verdaderos luchadores.

El giro cada vez más a favor de los empresarios que muestra la candidata Cristina Kirchner, va acompañado de una cada vez mayor dureza para enfrentar los reclamos obreros. En Caleta Olivia, Santa Cruz, la Gendarmería Nacional que está instalada hace más de un año en la provincia, acaba de reprimir un corte de ruta de los petroleros para abrir paso a los micros de militantes oficialistas que concurrían a un acto del presidente. Semanas atrás, durante otro acto oficial con Cristina Kirchner, en Río Gallegos el ex ministro Varizat atropelló a las maestras. La Gendarmería está apostada en el Hospital Francés en plena Capital y recientemente fue solicitada por la patronal de la metalúrgica Emfer (propiedad de la ferroviaria TBA) en el partido de San Martín contra un probable conflicto. Los trabajadores del INDEC que denunciaron los índices truchos, están siendo desplazados de sus tareas y sumariados por la intervención. Nada de esto denuncian los falsos opositores “republicanos” como Elisa Carrió mientras se llenan la boca de democracia y libertades cívicas.

El PTS hace un llamado especial a todos los lectores de La Verdad Obrera para que este martes 18 de setiembre, a un año de la desaparición de Jorge Julio López en manos de bandas fascistas, marchemos con la columna unitaria del Frente PTS-MAS-IS para reclamar, junto a la exigencia de su aparición con vida y para que termine el encubrimiento e impunidad de sus secuestradores, la defensa incondicional contra la represión y persecuciones a los que luchan, como los ataques que sufren los trabajadores del subterráneo y sus delegados.