Muchas fueron las expectativas que despertó entre los trabajadores y el pueblo pobre el gobierno "socialista" de Michelle Bachelet. Aparecía como un "gobierno ciudadano", más "cercano a la gente" y distanciado de las elites tradicionales de la Concertación1. Recibiendo el apoyo directo de las principales direcciones del movimiento obrero, el Partido Comunista (PC) y la Centra Unitaria de Trabajadores (CUT), que llamaron a votarla, parecía inaugurarse un nuevo periodo en los gobiernos de la Concertación.
Habiendo pasado un año desde su asunción no son pocas las voces que diagnostican –también al interior de sus propias filas– que la Concertación se encuentra en "la peor crisis de su historia". Así lo han dicho figuras tan importantes como Sergio Bitar (ex ministro de Educación en el Gobierno de Ricardo Lagos y actual presidente del Partido por la Democracia), y Adolfo Zaldívar (ex presidente de la Democracia Cristiana y actual senador de la república).
¿A qué se debe ese diagnóstico? Sin duda tiene que ver con los efectos producidos por el nuevo sistema de transporte público implementado en la capital, el Transantiago. Este plan es una profundización del negocio de la locomoción colectiva, que abre las puertas a trasnacionales del transporte público (como la colombiana Alsacia) y a los principales bancos nacionales y extranjeros que operan en el país para que obtengan ganancias de este servicio. Constituye un verdadero ataque para los trabajadores, los estudiantes y los pobres residentes en la capital. Entre otras cosas, ha prolongado el tiempo de viaje hacia los trabajos (disminuyendo con eso el tiempo libre y las horas de sueño); ha generado congestionamientos en el metro (subte) causando incluso la muerte de dos trabajadores por asfixia; y ha multiplicado la cantidad de transbordos en los viajes por la ciudad. Esto resultó en un descontento masivo en las masas de la capital, se expresó activamente en algunos barrios populares de la ciudad (Peñalolén, Estación Central, entre otras), y también en franjas de la juventud oprimida (secundarios, jóvenes de los barrios), aunque de manera más pasiva. Como ha dicho Sergio Bitar en un lenguaje liberal: "la actual situación por primera vez tiene a la ciudadanía en contraposición al trabajo del conglomerado (La Concertación)" (El Mercurio, 24-03-07). Esto es bastante importante: aunque el gobierno de Bachelet ya había tenido que lidiar con problemas de importancia nacional, tales como la gran lucha secundaria de 2006, que irrumpió cuestionando el neoliberalismo en educación, o incluso como la huelga de los mineros de la principal mina de cobre del mundo: La Escondida; por primera vez las masas –trabajadores, estudiantes y pobres de la ciudad– sienten que el gobierno de la Concertación los está atacando. Aunque hasta ahora el movimiento de masas no se haya manifestado activamente, debido a la política de las direcciones y al aún bajo nivel de la lucha de clases (en comparación al resto de Latinoamérica), el Transantiago ha provocado una importante experiencia con el cuarto gobierno de la Concertación con la "socialista" Michelle Bachelet. Es un golpe mucho más directo –aunque no letal– en contra de las expectativas que despertó el bacheletismo.
Sin embargo hay que ver cómo se desarrolla este "golpe". El gobierno ha retomado la iniciativa, cambiando el gabinete ministerial. El nuevo ministro de Transporte, el democrata cristiano René Cortázar, ya está implementando una serie de medidas para cerrar el problema del Transantiago y ganar tiempo. Entre otras cuestiones, ha alquilado 500 buses que realizarán recorridos Express por la ciudad, y ha comenzado a renegociar los contratos con las empresas operadoras del transporte con el fin de introducir mecanismos que ayuden a mejorar su eficiencia. Además, se han repuesto en la agenda gubernamental una serie de temas que buscan reconstruir la "imagen social" del gobierno de Bachelet: reforma (manteniendo lo esencial) del antidemocrático sistema electoral binominal heredado de la dictadura pinochetista, agregando 20 escaños en la cámara de diputados, que serían elegidos proporcionalmente, y conservando el binominal para los 120 restantes; proyecto de ley al Congreso que pretende acabar con los fines de lucro en la educación; nuevo sistema de pensiones introduciendo la pensión básica universal. Todo esto pretende ser una respuesta al descontento, un intento de recuperar confianza. Sólo luego de esta recuperación de la iniciativa por parte del Gobierno, han aparecido tenues anuncios de movilizaciones por parte de la CUT. Por otro lado, ha comenzado a emerger incipientemente la juventud oprimida. Este último fenómeno constituye el factor más dinámico de la lucha de clases.
La lucha secundaria de 2006, conocida como la marcha de los pinguinos, permitió que una entera generación de jóvenes despertara a la vida política, discutiendo los problemas que atañen a la educación heredada de la dictadura pinochetista. Si bien hoy todavía el movimiento secundario está lejos de reaparecer con los niveles en los que apareció el año pasado, hay claros síntomas de que existe un proceso profundo en la juventud secundaria, que amenaza con convertirla en un factor político de peso en la lucha de clases. El 29 de marzo, en el día del joven combatiente, cientos de secundarios (y jóvenes pobres) protagonizaron enfrentamientos con la policía en el centro de la ciudad, en protesta por el Transantiago. Esto pese a que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) no había convocado oficialmente. Asimismo el 4 de abril, miles de jóvenes secundarios salieron al centro de la ciudad a protestar en contra del Transantiago. Aunque esta marcha se realizó luego de que el gobierno recuperara la iniciativa, por lo que no implicó ningún cambio significativo en la situación nacional, generó todo un debate entre los patrones y sus intelectuales.
Los revolucionarios debemos seguir este proceso con la máxima atención. Esta generación que no carga consigo las tremendas derrotas de la dictadura pinochetista, amenaza transformarse en el mayor problema, que tendrán que soportar los empresarios y sus políticos.


1 Es la coalición de partidos que gobierna el país desde el fin de la dictadura en 1990. La conforman el Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD) y Democracia Cristiana (DC), entre otros.