El 6 de agosto empieza el juicio por Mariano Ferreyra. ¿Cuáles son tus expectativas?

Lo primero que hay que decir es que ya está en funcionamiento un mecanismo, puesto en marcha por algunas defensas, para tratar de impedir el inicio del juicio. Aún tenemos incertidumbre respecto de la sala donde se realizará para poder permitir que haya público presente. Es fundamental que el juicio se desenvuelva en el ámbito de mayor visibilidad. Es fundamental la movilización para acompañar a los testigos que tienen que declarar. No van a declarar con la misma tranquilidad de espíritu en una sala cerrada, contemplados nada más que por los imputados y el tribunal, que ante una asamblea popular que les esté brindando su apoyo. El 6 de agosto estamos convocando en la Torre de los Ingleses a las 8 de la mañana para marchar a los tribunales de Comodoro Py.

¿Cómo se llega a este juicio?

El 20 de octubre de 2010, los ferroviarios del Ferrocarril Roca salieron a la calle a luchar contra la tercerización laboral. La burocracia de la UF, además de legitimar las pésimas condiciones de trabajo, forma parte del negocio, administrando diversas “cooperativas” que celebran jugosos contratos con la concesión administradora, y para ello recibe jugosos subsidios del Estado. Las balas de la patota de la UF se descargaron sobre los trabajadores, mientras la policía liberaba la zona para que la fuerza de choque operara con total seguridad. Varios compañeros fueron heridos. Mariano recibió un disparo en el abdomen que causó su muerte. Otro proyectil impactó en la nuca de Elsa Rodríguez, de 56 años, también militante de PO, que estuvo en gravísimo estado, internada en el Argerich.
La contundencia de las pruebas, constituidas en principal medida por los testimonios de los compañeros que participaban de la movilización y algunos periodistas que registraron parte de los hechos y fueron amenazados por la patota para cesar su tarea, obligó a la jueza instructora a imputar y detener a algunos integrantes del grupo de choque y sus dirigentes. Así, llegan al juicio José Pedraza, Juan Carlos “Gallego” Fernández y Pablo Díaz, y 7 de sus matones: Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Juan Pérez, Jorge González, Francisco Pipito, Guillermo Uño y Claudio Alcorcel.

Por otro lado, la jueza Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño acordaron desdoblar la causa, y relegar la investigación sobre los policías federales. Pero aun así quedó claro en el expediente paralelo que la policía –tanto los efectivos presentes en Barracas como los que dirigían el operativo desde la Sala de Situación del Departamento Central- tuvo una tarea que excedió la simple “liberación de zona”. Su función fue garantizar el ataque. Mientras la fiscalía y la jueza acusaron a los policías por “abandono de persona calificado por el resultado muerte”, los querellantes requerimos por la participación criminal de los funcionarios estatales en el homicidio calificado y la tentativa de homicidio calificado. Pese a la oposición de las defensas de los imputados y de la fiscal de juicio, no fue posible que se ignorara la evidente unidad del hecho y la participación de todos en un plan común. Por eso, junto a la patota y sus jefes, también serán juzgados -aunque en plena libertad- los policías: Luis Mansilla, Jorge Ferreyra, Rolando Garay, Gastón Maximiliano Ezequiel Conti, Luis Echavarría, Hugo Lompizano y David Villalba.

¿En qué quedó la responsabilidad de las autoridades del Estado?

Al mismo tiempo que se imputaba, detenía y procesaba a la patota, el aparato judicial se puso en marcha para garantizar la impunidad de la patronal y el gobierno. Ningún funcionario de UGOFE fue convocado, excepto como simple testigo, es decir, como tercero ajeno al hecho, pese a la insistencia con que reclamamos su imputación. Respecto del gobierno, se puso a resguardo a los funcionarios de los ministerios de Trabajo y de Planificación, y se intentó desvincular a la policía. La lucha de los ferroviarios encontró la oposición de la una “triple alianza antiobrera” compuesta por la burocracia sindical, el gobierno y los empresarios. Los tres comparten intereses y un mismo objetivo: mantener a raya a los trabajadores para seguir explotándolos. La represión no podría haberse hecho sin el apoyo del aparato estatal. Desde 2003, el gobierno de los Kirchner delega la represión en patotas de la burocracia para amedrentar a los trabajadores. Esta modalidad represiva permite al gobierno “lavarse las manos”, porque no es el aparato represivo formal el que ataca a los trabajadores.