Esta semana un nuevo incidente en el control del tráfico aéreo demostró que ninguna de las insuficientes medidas anunciadas por el gobierno fueron cumplidas.

El gremio de pilotos (APLA) y la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo (ACTA) denunciaron que el lunes, al sur de la provincia de Córdoba, dos aviones estuvieron en una situación de “cuasi colisión”.
La Ministra de Defensa, Nilda Garré aseguró que la seguridad aérea es la adecuada cuando en los últimos meses hubo tres hechos similares, se mantiene la grave insuficiencia en la radarización y las pésimas condiciones laborales de los controladores de tráfico aéreo.

La Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI) había advertido en abril pasado que las condiciones de trabajo de los controladores son “inaceptables”. Sospechosamente ahora, sin que haya cambiado absolutamente nada, un director de ese organismo declaró que “la seguridad del espacio aéreo argentino está asegurada”.

Seguirá Fuerza Aérea S.A.

Otra vez a partir de un incidente público la ministra Garré salió a anunciar cambios: anunció que daba marcha atrás con la medida de retirar el control de la aviación y del tráfico aéreo a la Fuerza Aérea “S.A”.

En una conferencia dada a los miembros del Comando de Regiones Aéreas (Fuerza Aérea) aseguró que la autoridad civil recién se creará en 4 meses y que “…la transferencia que, por supuesto será parcial, porque necesariamente habrá algún remanente que quedará a cargo del Comando de Regiones Aéreas (CRA)” (La Nación, 9/5).

Es decir que la Argentina continuará teniendo el triste privilegio de ser uno de los 4 países donde esta actividad está en manos militares.

Acto seguido, la ministra les pidió a los miembros del CRA propuestas y colaboración. ¡A los responsables de la absoluta degradación de la seguridad aérea y de la situación calamitosa de desmantelamiento de la actividad y del despilfarro de millonarios fondos!

Repitiendo la actitud de Kirchner en el conflicto de los docentes y estatales santacruceños, la ministra de Defensa lejos de reconocer el problema salió a atacar y difamar a los representantes gremiales de APLA y ACTA que denunciaron los últimos incidentes.

Una salida

Ya hemos planteado en números anteriores que la solución no va a venir de la mano de la Secretaría de Transporte donde Ricardo Jaime maneja en forma discrecional cientos de millones de pesos sin rendir cuentas a nadie.

Los aeronáuticos del PTS seguimos sosteniendo -como planteábamos en LVO 228-, que “la seguridad de los vuelos no puede estar en manos de genocidas ni de funcionarios cuyo único interés es el co ntrol de una caja cada vez mayor. Las empresas aéreas tienen que ser controladas y obligadas no sólo al mantenimiento técnico, sino el cese de un régimen laboral perverso, como es común en LAN Argentina. (…) El control del tráfico aéreo tiene que ser llevado a cabo por profesionales altamente capacitados bajo la órbita de una administración de trabajadores y técnicos especializados en seguridad aérea, independiente de la Secretaría de Transporte, donde los pilotos y todos los trabajadores y usuarios tengan un control común sobre el cumplimiento de los elementos que hagan de esta actividad un servicio público, seguro y eficiente con tecnología adecuada.”