El miércoles 14 desde el Ce.PRO.DH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) Rosario realizamos un importante acto por el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, testigo clave en la causa contra el ex juez federal Brusa y varios integrantes de la cúpula de la Policía Santafesina. Participaron más de 200 estudiantes y trabajadores, el PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), el Centro de Estudiantes de la Escuela de Cine y Televisión, junto a reconocidos periodistas, historiadores y el Taller Permanente por los Derechos de la Mujer del Cordón Industrial. Además se leyó un saludo y adhesión de la madre de Plaza de Mayo Herminia Severini.

Los días previos, desde el CEPRODH y también desde el PTS habíamos participado de una reunion del espacio “Juicio y Castigo” (que integran organismos de DD.HH. y representantes de los sindicatos de la CTA) para proponer realizar acciones unitarias de forma urgente ante este aberrante crimen. También se lo estamos proponiendo a los centros de estudiantes y organizaciones sociales y políticas de la región. Por nuestra parte, llevamos adelante una activa campaña en facultades, colegios y lugares de trabajo, planteando la necesidad de movilizarnos por el esclarecimiento, y contra la impunidad de hoy. Medios de prensa como los diarios Página 12 y La Capital, y programas de radio como el de Carlos de Frade y el de Noceti de LT8 reflejaron esta campaña y el acto.

Victoria Moyano, hija de desaparecidos y nieta restituida, integrante del Ce.Pro.DH, viajó a Rosario especialmente para el acto. Ella viene de realizar una denuncia a tres jueces de la dictadura. En su discurso planteó que el asesinato de Suppo hay que considerarlo un crimen político hasta que se demuestre lo contrario, y que es una muestra de la impunidad que persiste en Argentina. Denunció al gobierno nacional y al de Santa Fe, porque el 95% de los militares y cómplices civiles siguen libres, y agregó que la Policía Santafesina, así como la Federal y la Bonaerense, tiene en sus filas a los que fueron represores durante la dictadura, con el fin de utilizar a estas fuerzas genocidas para reprimir la lucha de los trabajadores y el pueblo pobre. Todo al servicio de los mismos empresarios industriales y de la Sociedad Rural que golpearon la puerta de los cuarteles del 76, como como se vio en Kraft-Terrabusi. Para culminar, hizo responsable al gobierno de los Kirchner y el de Binner por la seguridad de testigos como Suppo y por mantener la impunidad para miles de genocidas realizando juicios a cuentagotas que ponen en peligro a querellantes y testigos, y exigió la apertura de todos los archivos de las fuerzas represivas.

Por su parte, Josefina Luzuriaga planteó que la impunidad se mantiene porque los empresarios que impulsaron el golpe y dieron un fuerte golpe a la clase trabajadora y sus sectores más conscientes, hoy bajo el gobierno de los Kirchner siguen amasando fortunas en base a los salarios de hambre, condiciones de superexplotación y ataques a los sectores combativos. Esto lo vemos en un gobierno que se jacta de las condiciones excepcionales para los empresarios, que se junta con el gobierno de Obama, y que está pagando más de 20 mil millones a los “fondos buitres”. Culminó planteando la necesidad de formar una comisión investigadora independiente para poder llevar hasta el final la investigación, y convocó a seguir desarrollando la más amplia movilización por el esclarecimiento de Silvia Suppo y la aparición con vida de Jorge Julio López. Llamó a participar el próximo 29 de abril en la ciudad de Rafaela a la movilización que convocan familiares y amigos de Suppo y de la convocatoria del espacio Memoria, Verdad y Justicia de Buenos Aires.

Al finalizar el acto, nos movilizamos a los Tribunales Federales para participar de la vigilia y de la concentración de mañana durante las condenas, en el marco de los juicios que se llevan adelante en Rosario contra los genocidos Guerrieri y Amelong.