¿En qué estado se encuentra la causa judicial?
LB: Todavía rige parcialmente el secreto de sumario. En la práctica, por lo menos a gran parte de los querellantes que imputamos como máximos responsables a Ibarra y sus funcionarios, Chabán y sus secuaces y los organismos policiales como la Superintendecia de Bomberos y la Comisaría 7°, no se nos dio acceso a las fotocopias del expediente. En contraposición, trascendió que Aníbal Fernández las puso a disposición del Dr. Iglesias.

El CeProDH plantea un trabajo común de una comisión de abogados, ¿cómo entienden esta tarea? ¿hubo avances en esto?
LB: Bueno, entendemos que por la complejidad de la causa y el significado político de los acontecimientos, el mejor camino es que los abogados que asesoramos y/o representamos a víctimas y padres partiendo del reclamo de las marchas “Ibarra- Chabán las tienen que pagar”, tenemos que trabajar en común, como en otras grandes causas como los juicios a los milicos genocidas.
Hasta el momento se logró realizar un amparo para que se garantice el tratamiento de los sobrevivientes. También unificar las querellas con criterio común en cuanto a las imputaciones (a Ibarra). Creemos igualmente que hay que actuar más con una estrategia jurídica común. 

¿Cuál es tu conclusión entonces sobre la cuestión jurídica?
LB: Nosotros venimos planteando que ante lo público y notorio de los hechos, el secreto de sumario no tiene sentido, además teniendo en cuenta que el único indagado y detenido hasta el momento es Omar Chabán. También que el extremo secreto de las actuaciones contrasta con la gran publicidad de las indemnizaciones ofrecidas (y rechazadas) por los familiares. O sea que sobre el fondo de la cuestión, que es la exigencia de castigo a los culpables, hay una reserva casi absoluta de la juez Crotto. Y hay que tener en cuenta que la línea del juzgado sería dejar “para lo último” el tema de la responsabilidad de Ibarra y los funcionarios de la ciudad, claro que ese momento probablemente nunca llegue...

Por eso la importancia de un investigación independiente...
RT: Claro. Impulsar una comisión investigadora independiente de los tres poderes del Estado, es de suma necesidad, viendo que como en la AMIA, el resultado fue la impunidad o como en Río Turbio que se quiere responsabilizar a otros trabajadores del asesinato de sus compañeros cuando se sabe que el responsable fue el empresario con la complicidad estatal. Por eso los archivos, registros y documentación tienen que estar abiertos a los familiares y las organizaciones sociales que apoyamos su lucha. Es un derecho elemental que los damnificados sepan toda la verdad acerca de las inspecciones, habilitaciones, datos comerciales, testaferros, socios empresarios y funcionarios designados. Así, los dichos y contradichos que oímos en las sesiones de la Legislatura entre el ibarrismo y el macrismo serían develados públicamente, claro que seguramente saldría a la luz la responsabilidad política y funcional de todos ellos. Hay mucha gente, desde los trabajadores de los hospitales, del mismo Cromañón y que estuvo socorriendo solidariamente a los pibes y pibas que tienen mucho que decir y quieren colaborar con los familiares.

¿En tu opinión cómo debería seguir esta lucha por justicia para los pibes y castigo a los responsables ?
RT: Precisamente opino que hay que tomar la experiencia de otras luchas donde el legítimo reclamo es de justicia y castigo. Por supuesto la movilización es fundamental pero ante las maniobras oficiales para debilitarla como es el plebiscito, este reclamo hay que unirlo a otras luchas, como por ejemplo contra el gatillo fácil. Fijate el caso de Jacqueline Santillán, asesinada en Cromañón: a su hermano lo mató hace 10 años la bonaerense. Hay que buscar el apoyo organizaciones combativas de trabajadores, estudiantiles, de derechos humanos, para mantener la vigencia de la lucha contra el aislamiento que siempre querrá imponer el gobierno. En la reunión de los lunes junto a familiares esta propuesta del CeProDH tuvo muy buena acogida, habría que empezar a establecer estos lazos, para que la causa no caiga en la impunidad.