Este 25 de mayo Kirchner visitará la provincia de Mendoza gobernada por uno de sus principales aliados el radical K, Julio Cobos, posible candidato a vicepresidente. Esta provincia figura 5° en el ranking de casos de gatillo fácil, su policía es una de las más represivas del país, el servicio penitenciario está condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la violación a los derechos humanos de los detenidos. No conforme con esto Cobos, ante el reclamo del sector de derecha de la sociedad mendocina, impulsó una reaccionaria reforma al Código Procesal Penal de la provincia y al sistema de seguridad. Para que no queden dudas, a la hora de firmar el proyecto se mostró dispuesto a violar la ley, afirmando que “vamos a privilegiar la vida por encima de la leyes” (Página 12 6/5/07)

Las medidas

La reforma al Código Procesal Penal, aprobado por la Cámara de Diputados a 5 días de presentada, consistía en una limitación al sistema de excarcelaciones y la implementación de juicios sumarísimos. La primera fue desistida por la misma Cámara, por la presión ejercida por organismos de derechos humanos. Quedaría en pie los juicios sumarísimos que consisten en condenar a la persona sorprendida en el momento de la comisión de un supuesto delito, o mientras se da a la fuga. Lo cual significa que la policía puede arrestar a cualquier persona, imputarla de un delito y que en un plazo de entre 2 y 15 días, reciba una condena de hasta 15 años sin derecho a defensa y con la sola declaración de los policías.

Esta medida no es originaria de Mendoza, el gobernador Solá –soldado K- impulsó una similar, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y está implementando un proyecto piloto en el departamento judicial de Mar del Plata. Hay que destacar que este proyecto cuenta con el auspicio del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP), los que se enrolan dentro de los “garantistas”, y que cuenta con el apoyo y colaboración del ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.
En cuanto a la seguridad propiamente dicha, las reformas consisten centralmente en la colaboración de las agencias de seguridad en las tareas de represión y prevención del delito y en otorgar a la policía la facultad de intervenir teléfonos sin orden judicial previa.

Hay que destacar que en Mendoza, al igual que en todas partes, dichas agencias cuentan, en sus principales puestos, con policías exonerados y genocidas de la dictadura. Se suman así los policías del gatillo fácil en funciones, a los que han sido condenados y expulsados. Más que un botón de muestra, es que dos de dichas agencias están conducidas por Nacho Medina y Eduardo Olguín exonerados por el crimen de Sebastián Bordón, Godoy Guevara, jefe de la policía cuando fue el caso Bordón, exonerado de la fuerza, y también represor durante la dictadura, actualmente imputado por la desaparición de un soldado en 1976. Otro directivo de estas agencias es Fernando Antonio Morelato Donna, presidente de la Cámara de Agencias de Seguridad hasta el año pasado, imputado por la desaparición de militantes montoneros en 1976.

Hay que destacar que quien presentó estos proyectos es el flamante ministro de Seguridad, Alfredo Cornejo, mentor de la “Concertación Plural en Mendoza, (Página 12, 15/5/07). Para que no queden dudas en la firma de estos proyectos se encontraba presente el represor Morelato Donna.