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Kirchner y Tabaré Vázquez con las multinacionales; el pueblo en los cortes

9 de febrero 2006

Desde el inicio del conflicto por la instalación de dos plantas de celulosa en la zona uruguaya de Fray Bentos, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú realiza en los últimos días el corte más largo del puente internacional Gral. San Martín, en franca oposición al pedido del gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, para que cese la protesta.
A pesar de que el Uruguay violó los acuerdos binacionales como el Estatuto del Río Uruguay y aprobó la instalación de las plantas,1 en Buenos Aires y Montevideo se intenta buscar una solución política al conflicto. Ninguna salida a favor de los trabajadores y la población de la zona vendrá de tal negociación.

El problema ambiental de las papeleras y el prontuario de Ence y Botnia

Las plantas que construyen en Fray Bentos la multinacional española Ence y la finlandesa Botnia, producirán celulosa empleando dióxido de cloro para el blanqueo y liberando a la atmósfera dióxido de sulfuro con su característico “olor a huevo podrido”, que se sentirá en un radio de 60 km. Tomarán diariamente 82 millones de litros de agua del río y los devolverán contaminados de compuestos organoclorados persistentes, que afectan la vida acuática, se acumulan en los organismos vivos y en los seres humanos son cancerígenos y provocan trastornos a los sistemas inmunológico, nervioso y reproductor.
Ambas empresas vienen haciendo esto hace décadas. Ence administra hace 50 años una papelera en Pontevedra, España, que hizo conocida a la ciudad por el olor a peste de la celulosa y la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Botnia contaminó impunemente el agua, el aire y la salud de la población de Finlandia, mientras en una de sus plantas en Chile son responsables de la destrucción de un santuario natural de cisnes y de trágicos impactos sobre la salud de los pobladores y el ambiente.
Por ello la Unión Europea quiere limitar en su territorio la tecnología contaminante de las papeleras... “metiendo la basura bajo la alfombra”. Sin afrontar los costos tecnológicos, las corporaciones vienen ahora a producir a las semicolonias por sus tierras fértiles, mano de obra barata, leyes ambientales laxas y gobiernos garantes de sus intereses.

Tabaré y Kirchner con las multinacionales

Las empresas y el gobierno uruguayo niegan que pueda producirse contaminación, incluso cuando los técnicos argentinos en la comisión de evaluación de impacto ambiental determinaron lo contrario. Por esto el gobierno recurrió a la Corte de la Haya pero sólo para generar las condiciones de una negociación entre Kirchner y Tabaré, mientras siguen apretando para que se levanten los piquetes. No podía ser de otra manera: ambos se dedican a garantizar la normalidad de los negocios capitalistas sin reparar en los daños ambientales.
Desde que asumió la presidencia, Tabaré es un cruzado de las papeleras, haciendo de esto una “causa nacional” con el apoyo de la mayoría del Frente Amplio y hasta la central sindical PIT-CNT.
Kirchner, hace tres años que en Esquel (Chubut) avanza con un proyecto minero de oro contaminante a sólo 6 km de la ciudad, apoyando a la transnacional Meridian Gold contra el 81% de la población que le dijo “No a la mina” en un plebiscito en marzo de 2003, mientras a lo largo del Paraná y en otras provincias existen decenas de papeleras que contaminan el agua y el aire.
Una salida a favor de los intereses de los trabajadores y la población
 
El conflicto por las papeleras pone en discusión cómo enfrentar el saqueo capitalista y la destrucción ambiental. Contra los intentos de cooptación y desmovilización hay que mantener las medidas de acción directa. La lucha del pueblo de Gualeguaychu, con su asamblea y la decisión de seguir en el corte es un ejemplo que apoyamos activamente. Para imponer una salida a favor de los intereses de la población, los trabajadores de la zona –en particular los de Fray Bentos–, tienen que intervenir en la movilización. Son ellos los principales condenados por la degradación ambiental y la explotación capitalista.
Contra los intentos de la patronal y sus lacayos gubernamentales de hacer causa común con los trabajadores prometiendo mejores empleos, hay que denunciar que miles de empleos relacionados a la pesca, la apicultura y el turismo se perderán por la contaminación que generen las plantas y que tanto Botnia como Ence son conocidas por vulnerar los derechos obreros. 2 
Aunque apoyamos la utilización racional de los recursos naturales en favor del desarrollo económico de los países atrasados, los socialistas revolucionarios somos enemigos de que esto se haga en desmedro de las condiciones de vida de las familias trabajadoras, degradando el ambiente y depredando los recursos naturales.
A uno y otro lado del río Uruguay, los trabajadores tienen la tarea de definir la ubicación y establecer medidas de control sobre la puesta en producción de las plantas, imponiendo comisiones de control obrero que realicen estudios periódicos sobre las condiciones de trabajo y de impacto ambiental.
Contra las empresas que vienen a producir a nuestros países para ahorrarse el costo de utilizar tecnologías limpias, sostenemos que los estados de Uruguay y Argentina deben exigir que las plantas sean instaladas con tecnología no contaminante. Si como salida transitoria fuera necesario que los estados gestionen los créditos para financiar esto, que dichos créditos tengan como garantes las ganancias futuras de las empresas.
La movilización independiente de los gobiernos y las empresas es la única manera de que este reclamo popular no termine en papel mojado. Así se abrirá el camino a una salida de fondo: la expulsión de las corporaciones imperialistas que saquean nuestros recursos y destruyen nuestro ambiente y la nacionalización bajo control de los trabajadores y los pobladores de los recursos naturales de nuestros países.

1 Según el Tratado y el Estatuto del Río Uruguay (1975), tratándose de un curso de agua compartido, los estados vecinos deben evitar que el uso que hagan del mismo afecte o cause daño al otro país.
 2 Hace pocos meses, Botnia decretó un “lockout” patronal en sus plantas de Finlandia para imponer la tercerización de sus trabajadores, turnos de 12 horas y vacaciones de una semana.

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