Palabras van, palabras vienen... lo cierto es que la relación del gobierno con la Iglesia, que parecía al borde del colapso, volvió a sus cauces. Después de que a Baseotto, el obispo castrense recomendado por Duhalde, se le ocurrió que si el Ministro de Salud estaba a favor de la despenalización del aborto había que colgarle una piedra al cuello y arrojarlo al mar, no sólo no pidió disculpas, sino que recibió el respaldo del Vaticano.
El gobierno le retiró su salario de 5000 pesos y le dijeron que vaya a rezar padrenuestros a donde quiera, pero ya no más entre los uniformados. Rápidamente, desde el Vaticano contestaron que se estaba coartando la libertad religiosa, y el gobierno con sus gestos grandilocuentes amenazó con liquidar la vicaría castrense.
Lo cierto es que, más allá de las cosas que se dicen, el gobierno no está dispuesto a patear el tablero. La muerte del Papa calmó los ánimos y todo volvió a la normalidad.
Mientras tanto, los trabajadores y el pueblo somos los que seguimos bancando a estos hipócritas de sotana: el Estado le paga el salario a los obispos, subsidios para sus viajes, sus colegios y sus parroquias de frontera, becas para seminaristas y un presupuesto nacional anual de cuatro palos verdes.
Por eso exigimos la separación inmediata de la Iglesia del Estado, la confiscación y expropiación de sus propiedades y el cese de subsidios a sus colegios y actividades.