El martes 29 de abril se presentó en el Congreso la Ley Nacional de Danza. Este proyecto abrió el debate, generó expectativas y apoyo de amplios sectores por canalizar las necesidades del mundo de la danza, tras una iniciativa que reúne por primera vez a bailarines, coreógrafos y demás artistas que viven de su trabajo en el área de la danza.

La ley establece como único eje la creación del Instituto Nacional de la Danza (IND), que tendría a su cargo “el fomento, promoción, estímulo, apoyo y preservación de la actividad de la danza en general”. El IND será conducido por un Consejo de Dirección designado por el Poder Ejecutivo Nacional y tendrá como principal función la administración del presupuesto estatal, brindando apoyo financiero mediante el otorgamiento de subsidios, becas, etc.

Pero como plantean las impulsoras del proyecto Mariela Ruggieri y Eugenia Schvartzman (directora vocal del Teatro Colón por la oposición y dirigente de Proyecto Sur CABA): “este proyecto claramente no puede resolver todo". Vale aclarar que la ley no puede abarcar ciertos planos, como el laboral así como tampoco el de la formación y la enseñanza.

Sin embargo, estos puntos constituyen las principales problemáticas del sector.
En el terreno laboral las compañías oficiales, como el Ballet del Teatro Colón, sostienen contratos precarios, encubiertos tras el monotributo o como "pasantes" del ISA (Instituto Superior de Arte del Colón), y de los pocos bailarines contratados como estatales muchos no bailan y trabajan como administrativos porque tienen que tener más de 55 años para jubilarse. Y en el circuito no oficial somos mayoría quienes trabajamos en negro, sin ART, sin aportes jubilatorios, sin obra social, con salarios por debajo de la canasta familiar o directamente sin salario, cobrando sólo cuando hay función a través del método cooperativo.

A su vez el gobierno nacional mantiene la educación pública con bajo presupuesto, institutos terciarios y universitarios con ingresos cada vez más restrictivos como en el IUNA, sin edificios propios y en condiciones deplorables, programas devaluados que fomentan la proliferación de academias privadas, elitizando así el acceso a la educación.

La Ley Nacional de Danza no sólo no contempla estas problemáticas, sino que deja planteados los siguientes interrogantes: ¿quién manejará el presupuesto del IND y con qué criterio se seleccionarán las obras para la recepción de subsidios y becas?
Como se demuestra actualmente con la existencia de institutos análogos en otras ramas de la producción artística (INCAA, INT), que manejan millones de pesos y están presididos por funcionarios puestos a dedo por el gobierno, solamente se fomenta así el manejo y reparto discrecional de fondos para un sector reducido de elite, sosteniendo la profundización de una situación desigual y dando como resultado para la gran mayoría de realizadores, trabajadores y estudiantes más de lo mismo.

Para que esta realidad cambie, los estudiantes y trabajadores de la danza tenemos que organizarnos activamente, de manera independiente del gobierno y la oposición patronal, para luchar por nuestros derechos.

Cris y Lore (equipo de Arte)