El 14 de abril fue detenido el militante pro cultivo de cannabis Matías Faray por efectivos de la comisaría de Villa Tessei, acusado de vender drogas. A Faray, miembro de la Agrupación Cannabicultores del Oeste, “no le pudieron comprobar la comercialización. Los policías le habían dicho a la fiscal que él sembraba, cultivaba y vendía. Pero esto no era así”, dijo un vocero a Tiempo Argentino. En su casa, allanada, encontraron algunas plantas de marihuana, macetas y otros elementos usados para cultivar pero ninguna prueba que demostrara que Matías se dedicaba al “narcotráfico”. Sin embargo, fue detenido más de 15 días y tratado como un delincuente, procesado por violar el inciso A del artículo 5 de la Ley 23.737 que reprime “con reclusión o prisión de 4 a 15 años, al que sin autorización o con destino ilegítimo siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación”. La lucha de Matías es por la despenalización de las drogas, por el derecho a cultivar para su propio consumo. El 8 de mayo de 2010, había encabezado la marcha mundial por la despenalización del consumo y en su discurso frente al Congreso expresó: “Activen ya, cultiven. No compren en el mercado negro, no alimentemos el narcotráfico”.

Despenalización: los límites del fallo de la Corte

El fallo de la Corte Suprema que en 2009 despenalizó el consumo no cesa de mostrar sus límites. El caso de Matías es el más resonado por ser él un militante pro cultivo, pero no es el único joven procesado por cultivar o por tenencia para consumo personal. En Mendoza, William Vargas fue condenado a 3 años de prisión y dejado en libertad tras un año de detención. Pero su liberación no se debió a que se haya rectificado su condena sino a que se hizo público un video mostrando las torturas que el personal penitenciario ejercía sobre su persona. Estos son sólo 2 casos de las 10 mil causas judiciales anuales iniciadas a usuarios de drogas. El 70% resulta procesado.

Como advertíamos en LVO N° 339, el fallo de la Corte, que despenalizó sólo el consumo de marihuana, dejó intacta la ley 23.737 sancionada en 1989. Esta última ley fue desfederalizada en 2005 otorgándole poder a la policía y a la justicia provincial para intervenir en este tipo de “delitos”. Además, la ambigüedad del fallo de la Corte deja al arbitrio de las fuerzas represivas la “interpretación de la ley” y, lo que es peor, la propia policía recluta jóvenes para distribuir droga, para su gran negocio en el narcotráfico. La prohibición es el negocio por excelencia de los narcotraficantes y la excusa para penalizar la vida privada, validado en los discursos morales y la lucha contra el “flagelo social”.

¿Radares que no funcionan?

Las autoridades de EE.UU. se jactan de tener todas sus fronteras radarizadas. Estos radares tienen tanta sensibilidad que captan a quien se atreve a cruzar las fronteras y, dicen, que sólo no detectan el cruce de un conejo. También cuentan con la poderosa DEA para “luchar” contra el narcotráfico. Sin embargo el uso de cocaína por parte de la población norteamericana es de los más altos en el mundo. ¿Por qué si existen tantos controles, los productores de precursores químicos o de drogas ilícitas, exportan sus “mercancías” centralmente a EE.UU.? O los conejos son narcotraficantes -algo que no nos consta para incriminarlos- o el poder Estatal y sus Fuerzas de Seguridad son partícipes del tráfico de drogas, algo que sí está probado por numerosas investigaciones y que muestra que el narcotráfico sólo es posible si hay complicidad del poder político y las fuerzas represivas. Sin ir más lejos, la DEA está sospechada de ser parte del negocio organizado para el narcotráfico y el lavado de dinero.

Desde La Verdad Obrera opinamos que la legalización de las drogas sería un gran límite a estas mafias que mantienen ilegalizado el comercio y el uso de sustancias psicoactivas. El narcotráfico es un gran negocio capitalista que se basa en la sociedad ilícita e inescindible entre narcotráfico, políticos burgueses y mafia policial.

Estamos además por la más amplia libertad para el uso de sustancias con fines recreativos. Afirmamos que toda consecuencia derivada de su consumo, como las adicciones, se debe menos a las sustancias, y que las causas hay que buscarlas en las condiciones sociales en las que se inscribe la realidad de cada individuo. La mayoría de los usuarios de drogas ilícitas autocontrolan su consumo porque su uso está destinado a la búsqueda de experiencias positivas o a una utilización sólo recreativa.

La prohibición no ha limitado su comercialización y consumo, al que hoy sólo pueden acceder en forma más segura los sectores acomodados. La prohibición afecta a los sectores populares que consumen sustancias de mala calidad que ponen en riesgo su salud. Por eso exigimos que se derogue la ley 23.737 y se resguarden las libertades individuales de la población que elige decidir por sí misma sus derechos a modificar los sentidos de su cuerpo. La lucha por la legalización se inscribe dentro de la defensa de las libertades democráticas y contra las facultades represivas y de control social que ejerce el Estado capitalista.

– Legalización de las drogas.

– Disolución del aparato represivo y de la maldita policía que hoy golpea a la juventud de los barrios populares bajo la excusa de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.