Buenos Aires, 24 de febrero de 2012

En los últimos días se ha hecho pública la existencia de actividades de espionaje llevadas adelante por la Gendarmería sobre organizaciones obreras y populares y en general sobre participantes de luchas sociales. El llamado “Proyecto X” es, lisa y llanamente, la continuación de prácticas del viejo aparato represivo del Estado que viola derechos constitucionales y confirma una alarmante orientación a la represión de la protesta social en un marco agravado por la también inconstitucional “Ley Antiterrorista”.

En las filmaciones ilegales tomadas por los gendarmes durante el conflicto de los trabajadores de Kraft fue registrada con particular atención la presencia de nuestra compañera delegada de ATE-INDEC Ana Laura Lastra que, como en muchos otros casos hemos hecho y seguiremos haciendo, cumplió con tareas de solidaridad y acompañamiento de un justísimo reclamo de los trabajadores en lucha.

En nuestro propio lugar de trabajo conocemos y hemos denunciado prácticas de persecución e intimidación que se manifestaron (y siguen manifestándose) con la presencia de cámaras en los lugares de realización de las asambleas y llegaron a los despidos (el último a fines de 2011), pasando por las sanciones injustificadas, los desplazamientos forzados y la acción judicial contra delegados y compañeros que denunciaron el estado de cosas a partir de la intervención de 2007.

En el país hay alrededor de 5.000 procesados que no han cometido delito alguno. Esas causas buscan penalizar la lucha social. Entre los afectados hay muchos trabajadores estatales, compañeros de ATE que encabezaron o tomaron parte de conflictos totalmente legítimos.

Como trabajadores nos indigna que el ejercicio de nuestros derechos sea sometido a espionaje, que la demanda social se enfrente con intimidación y que el reclamo termine siendo tratado como delito.

Reclamamos que se abran los archivos del espionaje de las fuerzas represivas sobre las organizaciones y conflictos sociales, que los damnificados reciban toda la información recabada ilegalmente sobre ellos, que se termine con la práctica antidemocrática de seguimiento secreto y que se destruyan los registros acumulados.