Los ceramistas fueron a la Legislatura junto con representantes de las Madres de Plaza de Mayo.

NEUQUEN (AN).- La responsabilidad de los síndicos del concurso preventivo de Cerámica Zanon es "mantener la fuente de trabajo" y resguardar el patrimonio de los acreedores, dijo Rodolfo Picado, contador del estudio designado por el juez Ger-mán Páez Castañeda.
Picado rechazó además cualquier presunta incompatibilidad por parte de miembros del equipo que desempeñan también funciones en organismos estatales.
Ayer, los obreros ceramistas encuadrados en el sindicato que conduce Raúl Godoy fueron hasta la Legislatura a discutir con los diputados el proyecto de expropiación y estatización de la fábrica, que la semana próxima tomará estado parlamentario y luego irá a comisión para su estudio y análisis. Los sindicalistas y su abogado Mariano Pedrero tienen como escenario la aprobación sancionada por diputados de otros distritos del país -Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe- de la expropiación de fábricas que presentaron quiebra.
El caso Zanon es diferente, dijo Picado, puesto que no existe la quiebra sino un concurso preventivo que "lleva adelante" el estudio integrado por Picado, Jorge Levy y otros profesionales. En total, "hay cinco abogados y cuatro contadores" cuya misión es "asesorar al juez en el aspecto económico".
En una fase posterior, "el que toma la determinación es el magistrado", dijo Picado. La instrucción es "entrar y levantar el inventario" y desde entonces, "todo es responsabilidad de la sindicatura", por lo cual no pue-de continuar la ocupación ni el gerenciamiento por parte del sindicato.
Para mantener la fuente de trabajo, se propuso al juez "que se depositen 1,5 millón de pesos para garantizar la producción y darle una salida laboral a la gente", que consistirá en que la mitad del plantel de casi 400 empleados trabaje en la planta y, hasta lograr la reactivación que el resto "reciba un apoyo económico".
Picado dijo que las funciones de su hermano Enrique Horacio, que es superintendente de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y Levy, que ocupa un puesto en el directorio del BCRA "no son incompatibles" con las tareas de síndico porque es el estudio el encargado de analizar el expediente judicial.
Ayer se convino que la próxima semana habrá una reunión con los legisladores de la oposición y los obreros para analizar posibles soluciones. El jueves pasado los diputados Eduardo Correa -socialismo-, Carlos Moraña -ARI- y Eduardo Fuentes -Alianza-, se reunieron con el juez Páez Castañeda.
"El magistrado, dijeron, se puso a disposición para realizar una audiencia conciliatoria y dejar establecido cuáles serían las consecuencias del ingreso de los síndicos a la fábrica".
Respecto del proyecto para expropiar y estatizar la fábrica, el diputado del PJ Aldo Duzdevich y asesores de algunos diputados de la oposición se comprometieron a analizarlo en comisión.
En rigor, el proyecto elaborado consta de ocho artículos en los cuales figura la expropiación del inmueble, las instalaciones, el stock de productos y materias primas, maquinarias, y la marca comercial. El Estado provincial no se hará cargo de las deudas contraídas por la firma y éstas se pagarán con los bienes y patrimonio de los accionistas. Ade-más, el Estado se encargará de los salarios de los obreros -800 pesos- y de proveer los recursos para la expansión de la fábrica.
Las ganancias que genere la fábrica se destinarán a planes de obras públicas para crear nuevos puestos de trabajo, y continuará funcionando con el personal actual, a los que se sumarán los que sean necesarios para completar el plantel existente al momento de declararse el lock out ofensivo.
El proyecto también prevé crear un consejo obrero integrado por nueve miembros elegidos por los trabajadores en asamblea. La función de este órgano será controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley de expropiación. Y el mandato de los miembros será revocable por asamblea general de los obreros.